En la secretaría de Finanzas que conduce Santiago Bausili ya han recibido trece mensajes de otros tantos bancos internacionales. Son los que se pusieron en contacto con el ministerio de Hacienda para mostrar su interés en participar en la elaboración de la propuesta de «reperfilamiento» de la deuda pública argentina. Entre otros, están el JP Morgan, Citi, UBS, Credit Suisse, Nomura, HSBC, Santander.
La semana pasada el gobierno convocó a los bancos para trabajar sobre la postergación de los vencimientos de los bonos en dólares emitidos bajo ley extranjera. Para negociar con los dueños de estos papeles el Gobierno no necesitaría en principio una ley específica, dado que son bonos emitidos con cláusulas de acción colectiva (CACs), es decir que si se alcanza un porcentaje predeterminado de voluntades, se puede avanzar con la renegociación de plazos.
Esas cláusulas pondrían a salvo al Estado del posible accionar de los fondos buitres, dado que si se alcanza una mayoría de votos a favor de aceptar las nuevas condiciones de pago, la minoría también los debe aceptar.
Por ahora, los bancos no enviaron propuestas específicas. Es apenas una primera aproximación con conceptos generales. La idea de los actuales funcionarios es empezar a trazar un escenario base para luego salir a tomarle el pulso a los acreedores, y hacerse una idea de en qué términos presentar, eventualmente, una propuesta oficial.
La propuesta inicial del Gobierno -alargar el plazo sin quita de capital ni reducción de intereses- fue considerada poco realista por los operadores del mercado financiero. Dado que los precios actuales de los bonos -aún a pesar de la recuperación observada entre miércoles y viernes- reflejan que el mercado estima que habrá no solo una postergación de vencimientos, sino también una quita de al menos el 50%, superior a la reducción del valor presente neto de los bonos que operaría por el solo hecho de patear cuatro o más años los vencimientos.
En otras palabras: la evaluación es que sin una reducción de capital y/o intereses, los pagos futuros igual serían difíciles de pagar. No es lo que cree -o afirma creer-el Gobierno, que considera suficiente con alivianar los pagos de los próximos cuatro años.
En cualquier caso, la idea de renegociar la deuda ocurre en un escenario que, a los ojos de los acreedores, es extremadamente complejo, porque, aunque las negociaciones podrían empezar con este gobierno. no se sabe quiénes serán los funcionarios que se sentarán a la mesa a partir del 10 de diciembre.
Esta semana, ante agentes de Bolsa, Bausili señaló que era posible concluir las negociaciones en dos meses a lo sumo. Claro que para ello será fundamental que la oposición respalde la propuesta oficial. “Creemos que este Gobierno puede reperfilar bonos que vencen en los próximos 10 años en un proceso de 6 a 8 semanas. Pero para ello necesitamos el apoyo de la oposición para que convalide el esfuerzo que estamos haciendo y legitime nuestra gestión” dijo Bausili este lunes.
En opinión de AgendAR, ambos planteos son demasiado facilistas. El Financial Times publicó un artículo que parece confirmarlo. El diario británico señaló que algunos de los mayores acreedores internacionales de Argentina, incluidos T Rowe Price, Eaton Vance y GMO, “sostuvieron discusiones informales esta semana sobre cómo responder al plan de reperfilamiento”.
Los principales párrafos del artículo: “Los tenedores de bonos convocaron a una reunión el martes y discutieron estrategias, llegando a un consenso que cualquier acuerdo de deuda probablemente quedará sin efecto a menos que sea aceptado por el nuevo candidato presidencial Alberto Fernández, según reveló un participante”.
“Los acreedores determinaron que no tiene mucho sentido iniciar negociaciones todavía ni unirse en un comité formal con representación legal”.
“En cambio, durante lo que un inversionista llamó un modo de «esperar y ver», los tenedores de bonos se están enfocando en establecer canales de comunicación con el equipo de Fernández e interactuar directamente con el FMI, mientras comparten notas entre ellos.” «No tenemos claridad», dijo un acreedor que habló bajo condición de anonimato. «Adoptar una postura en este punto es estúpido«.
El proceso recién comienza. El final es incierto.