La declaración de la Emergencia Alimentaria fue aprobada en Diputados con 222 votos a favor, ninguno en contra y solo una abstención (de una de las diputadas del Frente de Izquierda. Los dos restantes acompañaron la moción). Es previsible que el Senado apruebe el proyecto y se convertirá en ley. Pero no es seguro que la mayoría de la población, incluso de sus posibles beneficiarios, tenga una idea clara de lo que significa.
La Oficina de Presupuesto del Congreso ya ha calculado que su aplicación le costará al Estado unos $ 10.489 millones. Pero es necesario tener claro que es una estimación de lo que puede llegar a ser el costo de las posibles medidas que se tomen. No está determinado en el proyecto qué es lo que va a hacerse.
La norma a aprobar dispone una prórroga hasta el 31/12 de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108 del año 2002, dictado por Eduardo Duhalde. Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
En concreto, el proyecto faculta a la Jefatura de Gabinete, a partir del año que viene, «y hasta que dure la emergencia», a «actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor y la variación de la Canasta Básica Alimentaria, que elabora el INDEC». También le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para que se lleve adelante «un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
Es decir, el proyecto ya aprobado y, presumiblemente, la futura ley, reconoce que hay una «emergencia alimentaria», es decir, que existen hambre y desnutrición (no es lo mismo) en una parte importante de nuestros compatriotas -lo más grave, entre los niños- y libera al Ejecutivo nacional de restricciones de un presupuesto rígido y los controles que ejerce la burocracia estatal, para que tome las medidas que, a su juicio, enfrenten esta situación.
Algunas voces ya se han escuchado -en las redes sociales- señalando que, en el fondo, lo que esta norma hace es dar vía libre a compras sin licitación y otras irregularidades. De cualquier modo, seguramente en el futuro habrá denuncias que iniciarán causas judiciales. Siempre sucede.
Pero este cinismo es un error, al menos en este caso. Y el impulso de toda la gente de buena voluntad que, con compromiso político o sin él, se indignó por la profunda injusticia que significa la falta de alimentos en un país donde son su principal exportación, y obligó a un oficialismo desconfiado de las intenciones de los que apoyaban este proyecto a sumarse, ese impulso ha sido y es acertado.
Porque muchas necesidades humanas son «elásticas» al precio. Es decir que si son gratis, aumentan en forma desmedida, y pueden superar los recursos disponibles. No así con la alimentación, cuando se habla de la canasta básica, la necesaria para una buena nutrición. Es difícil comer dos veces lo habitual, e imposible diez veces.
Entonces, el control de los gastos de estos programas es relativamente fácil, y no requiere licitaciones internacionales con sobres cerrados. Con las tarjetas individuales, que ya están disponibles en muchos municipios, es posible controlar «a posteriori» lo que se gasta. Por supuesto, siempre habrá margen para los inescrupulosos, pero mucho menos que en la obra pública. Y muchísimo menos que en los créditos internacionales.
El verdadero desafío de un proyecto como éste es la capacidad que requiere montar la estructura que pueda ayudar a solucionar los problemas de nutrición de millones de argentinos, especialmente, insisto, de los niños, a lo largo de un país que es el 8° más extenso del mundo. Una tarea que hoy se está haciendo en miles de lugares que no estuvieron pensados para esos fines, como -el ejemplo más numeroso- los comedores escolares. Incorporar, sin burocratizar, los esfuerzos de todos los que desde el estado nacional, provinciales y municipales, iglesias, movimientos sociales y entidades privadas ya están trabajando en eso. No será fácil encontrar los hombres y mujeres capaces de conducir esa tarea.
A. B. F.