El Dr. César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, y asesor en el Senado de la Nación -de quien ya hemos publicado una decena de trabajos sobre la situación de la industria pesquera argentina, hace aquí una dura condena del reciente acuerdo entre el gobierno argentino y la Xunta de Galicia:
«Bienvenidas las inversiones españolas en la Argentina que generen divisas, valor agregado y empleo en las ciudades y pueblos del litoral marítimo. Todo lo contrario a lo que el presidente Macri, el ministro Etchevehere y su subsecretario Bosch acordaron el 19 de septiembre con el Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Nuñez Feijóo.
Por suerte, el tráfico de esclavos se abolió en la Argentina en 1853 y en España en 1886. Hasta entonces, ese comercio estuvo en manos de reputados comerciantes, familias de abolengo, y del propio Estado, donde “el encubrimiento social de los descendientes de los negreros se fundó en ocultar el origen de sus fortunas».
En 1770 el único puerto terminal para los intercambios entre el Río de la Plata y La Coruña era Montevideo y, los traficantes de negros efectuaban un comercio redondo porque triangulaban, en Europa, cargaban tabaco, bebidas, utensilios, pólvora y armas de fuego; los cambiaban por esclavos y marfil de África; vendían los esclavos en América y, desde esta, llevaban carnes saladas, cueros, algodón, lanas burdas, azúcar y otros a Europa.
La política mercantil española era exportar el excedente de sus productos elaborados e importar materias primas de bajo valor, necesarias para su alimentación e industria. Y junto a ello se desarrollaba el tráfico de géneros, alcoholes y esclavos; incluso, uno de nuestros prohombres entendía que «América debe entregarle a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas». Nada más parecido a este convenio de Macri-Nuñez Feijóo, solo que 250 años atrás.
Reitero para que no se confunda: la Argentina necesita de las empresas nacionales y españolas radicadas en el país y que éstas generen divisas, valor agregado y empleo. Ahora, bajar los aranceles a la importación de barcos más de 30 metros de eslora del 14% al 7% para que «casi la mitad de los buques que operan en aguas argentinas» (sic), es decir unos 250 de ellos, se construyan en los Astilleros gallegos, sin ninguna contraparte a favor de la Argentina, es un verdadero despropósito.
Hubiese sido una interesante oportunidad para pedirle a Nuñez Feijóo que nos diga qué posición tiene España respecto al futuro de Malvinas y la Antártida a partir del Brexit, en razón de que el Reino de España no puso objeciones a su incorporación como Territorio de Ultramar al votar la aprobación de la Constitución de la Unión Europea.
Por otro lado, los buques españoles y, en especial los gallegos, como contrapartida, al menos deberían dejar de capturar nuestros recursos pesqueros con licencias ilegales británicas en Malvinas, al igual que las capturas ilegales de nuestros recursos migratorios en la Zona Económica Exclusiva argentina.
Al respecto el Reino de España no debiera desconocer que la Unión Europea el 29 de septiembre de 2008 dictó el Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo, que condena la pesca INDNR (Ilegal, no declarada, no registrada). Y que España es Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ha ratificado los Acuerdos relativos a la conservación y la ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios de 4 de agosto de 1995 y ha suscrito el Acuerdo del 24 de noviembre de 1993 para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
El principio esencial establecido en todas esas disposiciones es que todos los Estados tienen el deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los recursos marinos y de cooperar unos con otros para ese fin» y que, «La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares. Además, es una gran amenaza para la biodiversidad marina, a la que debe hacerse frente conforme a los objetivos fijados en la comunicación de la Comisión titulada “Detener la pérdida de biodiversidad para 2010”, y más adelante». En síntesis, todos los españoles invirtiendo en el continente argentino, con las reglas de Argentina y ningún barco gallego pescando en forma ilegal en el Atlántico Sur.
El gobierno argentino debe exigir al gobierno español desalentar el registro de sociedades gallegas en Malvinas y el desarrollo portuario en ese archipiélago, eliminar toda política de subsidio a las capturas a distancia y la aplicación de aranceles a la importación de productos de la pesca elaborados en la Argentina.
Los acuerdos de cooperación son fundamentales cuando son de mutuo interés y beneficio. No cuando nos retrotraen a las políticas del Reino de España y el Virreinato de 1776.«