Le sacan $ 8.100 millones a un INTA desfinanciado

Mauricio Macri comenzó a despedirse de su gobierno con una decisión más que polémica. Para cumplir con sus anuncios de campaña tomará prestados 8.100 millones de pesos que pertenecen al INTA, mientras que en ese Instituto no tienen plata para afrontar el pago de las facturas de luz y otros servicios, y mucho menos cuentan con dinero para hacer lo que tienen que hacer, que es desarrollar conocimiento y nuevas tecnologías agropecuarias. Desde hace un par de años, en rigor, la financiación de los proyectos de investigación está virtualmente interrumpida.

Este semana, en medio del inicio del proceso de transición, pasó desapercibido el Decreto 740/2019, firmado por Macri y todos sus ministros, incluyendo a Luis Miguel Etchevehere, el titular de Agricultura, quien debería conocer de cerca la situación de pauperización presupuestaria denunciada por las autoridades del INTA. En esa norma el gobierno dispuso modificaciones al Presupuesto 2019, para asegurarle al Ejecutivo el dinero necesario para poder cumplir un par de promesas que el presidente saliente realizó en su fallida campaña por la reelección. Por ejemplo, compensar a las provincias por la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica. O por ejemplo, subir los salarios a los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

En este enjuague de recursos, el artículo 6° del decreto autorizó al Tesoro Nacional a tomar prestados más de 70.000 millones de pesos de diversas áreas del sector público (entre ellos los 8.100 millones pertenecientes a un fondo creado por la llamada Ley del INTA) y emitir por esa deuda un pagaré en pesos que no ofrecerá intereses. La fecha de emisión de ese papelucho se estableció para el 13 de diciembre próximo y el vencimiento el 12 de marzo de 2020.

Dentro del INTA, la noticia de este empréstito forzado cayó pésimo en todos los estamentos. Es que desde hace un par de años en el organismo no tiene presupuesto para sostener sus múltiples proyectos de investigación y, según admitió su director nacional, Héctor Espina, ahora ni siquiera tienen dinero suficiente como para pagar las facturas de luz. Incluso está latente el peligro de que haya cortes en algunas experimentales.

¿Cómo se entiende que el INTA no tenga plata para pagar los servicios ni para llevar a cabo las investigaciones que debería realizar, y al mismo tiempo disponga de más de 8.000 millones para financiar parte de las medidas electorales del macrismo?

“La gente piensa que nos sobran 8.100 millones de pesos y eso suena horrible. Porque la verdad es que no tenemos dinero suficiente como para llegar a fin de año”, aclaró Espina, el director nacional elegido por concurso para administrar el organismo.

En realidad lo que sucede es que existe en el Banco Nación una cuenta específica que va recaudando los fondos de la llamada Ley del INTA. Esa norma establece la creación de un “fondo de tecnología” para financiar las actividades del organismo a partir de la recaudación del 0,45% de las tasas cobradas a todas las importaciones y del 30% de la recaudación por la llamada Tasa de Estadística, que este año el gobierno elevó de 0,5 a 2,5% de cada operación.

En estos momentos en esa cuenta sobra dinero: hay más de 12.000 millones de pesos, fruto de un remanente a comienzos del año de 3.600 millones y de una recaudación por las importaciones de este año de otros 9.000 millones. De allí tomará prestado el Tesoro los 8.100 millones mencionados en el decreto. Es plata que pertenece y debería ser gastada por el INTA, pero que en realidad recibe a cuentagotas. Desde hace muchos años, con la excusa de las sucesivas crisis económicas, el propio Tesoro es el que administra los fondos y maneja la lapicera.

“Lo que no gastamos se va acumulando en ese fondo de tecnología. De allí nos sacan estos 8.100 millones de pesos, mientras que desde hace un mes y medio que le venimos pidiendo a la Oficina de Presupuesto que nos gire los 50 millones que necesitamos para pagar la luz y otros gastos operativos. En cambio, nos darán un pagaré que con suerte recuperaremos en marzo”, se queja Espina, sin medias tintas.

Con su decreto tomando dinero prestado del INTA y de otros organismos (como el ente de turismo, el de comunicaciones o el Ministerio del Interior), Macri y sus ministros están forzando la ley, ya que le impusieron al INTA la suscripción de un pagaré cuando la legislación vigente establece que las inversiones con el dinero de ese fondo de tecnología solo podrían ser decididas por el Consejo Directivo del INTA, que actualmente preside Juan Balbín y es integrado por varias entidades agropecuarias.

El INTA tuvo este año un presupuesto operativo cercano a los 7.500 millones de pesos, de los cuales actualmente el 91% se destina al pago de sueldos. Solo queda 9% de los recursos para gastos operativos, pero no alcanzan. Por eso además de los 50 millones de pesos para pagar la luz y otros servicios, el INTA viene reclamando sin éxito al Tesoro que le liberen más dinero del fondo de tecnología, para poder financiar a sus investigadores.

“Hace por lo menos dos años que no tenemos guita para los proyectos”, define Espina, que viene haciendo malabares para disimular el corte casi total del financiamiento estatal en nuevos desarrollos tecnológicos para el sector agropecuario. En el Consejo Directivo del instituto acaban de definir una nueva cartera de casi 100 proyectos de investigación para los próximos años, que se conciliaron con el sector privado pero que actualmente no tienen recursos para ser ejecutados.

Entre los malabares que se hacen para mantener viva la llama fundacional del INTA se obtuvieron este años subsidios por 200 millones de pesos desde organizaciones internacionales, hay otros 100 millones que ingresan al INTA como regalías (los administra INTEA), y ex vox pópuli que buena parte de los gastos en movilidad para los investigadores se pudieron sostener con aportes del ProHuerta, que estos últimos años tuvo un buen aporte presupuestario desde Desarrollo Social.

Espina aclara que son todos manotazos que no aseguran que el INTA cumpla con su objetivo, que es investigar y difundir tecnologías entre los productores. La plata está en el fondo, pero no se puede acceder a ella. Y ahora además el Gobierno se financia con esos recursos.

“Obvio que nosotros entendemos la situación del país. Y por eso estamos acompañando un proyecto de ley -al que han adherido legisladores de todos los partidos, incluyendo los de Cambiemos-, para que el 30% de los recursos de ese fondo de tecnología vaya a un fideicomiso, que sería manejado por la Fundación ArgenINTA, para financiar directamente los proyecto de investigación. Esa plata podría ser utilizada solo para eso, no para pagar salarios ni contratar gente. Si ponemos dinero en los proyectos, el retorno de esa inversión sería muy alto”, indicó el director nacional del INTA.

El proyecto de ley lleva la firma de Luis Basterra, el diputado del peronismo formoseño que acaba de ser reelecto y que fuera vicepresidente del propio instituto. Es un hombre muy escuchado entre quienes asumirán el gobierno a partir del 10 de diciembre próximo. De todos modos, está claro que esta discusión quedará para cuando arranque la actividad legislativa de 2020.