Retenciones: el impuesto rechazado e inevitable

El Gobierno Nacional modificó hoy sábado el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de 4 pesos por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias.

Con un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Agricultura Luis Basterra, se dejó sin efecto el tope de $ 4 por dólar exportado en el esquema de retenciones que había establecido Mauricio Macri.

El decreto tiene dos anexos que hacen exhaustiva mención de los distintos productos arancelados. Sintetizando, hay cuatro franjas principales de alícuotas para los distintos productos:

5% (con tope de $3 por dólar) de retenciones
Algunas producciones de economías regionales, como los limones o productos industriales.

9% de retenciones
Se incluyeron carnes (vacuna, porcina, ovina, aviar y de pescados), la harina de trigo, el arroz, el maní, la leche en polvo, el maíz pisingallo y las legumbres, entre otros.

12% de retenciones
El maíz y el trigo, la cebada, el girasol y el sorgo.

30% de retenciones
La soja, los porotos de soja y sus subproductos, como aceite y harina.

El decreto señala que la medida se toma motivada en «la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas». «Resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos».

Y en una resolución, también publicada con fecha 14 de diciembre, el ministro de Agricultura Luis Basterra suspendió a partir del próximo lunes cualquier registro de venta al exterior.

Corresponde recordar que en septiembre 2018 un decreto de Macri estableció hasta el 31 de diciembre de 2020 un 12% de retenciones. Pero también fijó un límite máximo de $ 4 por dólar. Al eliminar el actual gobierno este tope, quedó el 12%. Pero como la soja ya tenía un 18% fijo, sube con la modificación a una tasa total del 30%.

En general, los productores rurales -como el resto de los exportadores- cuestionan cualquier retención. Pero es ese 30% aplicado a la soja el que concentra la irritación más visible y ruidosa. Igual, el rechazo de las patronales agrarias y los sectores a ellas vinculados enfrenta un factor no presente en el año 2008: el F.M.I. y los acreedores extranjeros (y locales) tienen claro que las retenciones sobre las exportaciones del agro son la única fuente de recursos inmediata que permitirá diseñar un esquema para pagarles a ellos.

Otros argumentos en la discusión son irrelevantes, o válidos pero no aplicables en lo inmediato. La «mesa de los argentinos» -es decir, el efecto de contención que tienen las retenciones sobre el precio interno de los alimentos exportados- no pesa en el debate central: la soja forma una parte mínima de los menúes locales.

La diferencia negativa que se establece entre el «precio dólar» que recibe el productor y el que debe pagar por sus insumos (semillas, fertilizantes,… tienen los precios dolarizados) es real y atenta contra la productividad. Una política rural inteligente debe procurar la producción local de la mayor parte posible de los insumos. Pero eso, si puede hacerse, sería a largo plazo.

En lo inmediato, las retenciones a la soja y sus subproductos, la principal exportación argentina, serán rechazadas por un sector numeroso e influyente del empresariado. Pero son inevitables.