A partir de una propuesta presentada por el gobernador radical recientemente electo Rodolfo Suárez, el congreso mendocino aprobó ayer la modificación a la ley 7722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
Tras la sanción inicial en el Senado por amplia mayoría, los diputados también aprobaron por la tarde el proyecto que envió el Ejecutivo, que permite el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico pero limita la aplicación de mercurio. Establece que “se deberán presentar estudios ambientales e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos”.
En Mendoza se prevé el desarrollo de proyectos de minería metalífera desde hace tiempo. Pero también ha crecido en la provincia una fuerte oposición a la megaminería. Ante la reforma propuesta a la ley 7722, durante esta semana los alrededores de la Legislatura se colmaron de voces en contra, custodiadas por un fuerte operativo policial. Hubo numerosos cortes de ruta y manifestaciones en distintos puntos de la provincia, en especial en las ciudades de San Rafael y General Alvear. En cambio, en Malargüe hay apoyo a esta modificación para comenzar el desarrollo minero.
La oposición está encabezada por grupos ambientalistas, movimientos sociales y partidos de Izquierda. A favor de los cambios, se pronunciaron varias cámaras empresariales, la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM).
La oposición peronista brindó quórum y negoció modificaciones al proyecto. El presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, sostuvo que desde la oposición “están sentados en el recinto para controlar que el gobernador Suárez cumpla con esta Ley” y que “sin trabajo tampoco hay ambiente saludable, ni recursos para garantizar hospitales y mejorar obras de infraestructura y nuestros servicios de agua”.