No todo lo que hace Donald está mal: dispondría el libre acceso a la ciencia que financia el Estado

La administración Trump está considerando emitir una orden ejecutiva que facilitaría el acceso gratuito a la investigación financiada con fondos públicos.

Según E&E News, la Casa Blanca está considerando disponer, a través de una orden ejecutiva, que toda investigación financiada por el gobierno federal esté inmediatamente disponible para el público una vez publicada. Actualmente, gran parte de la investigación financiada con fondos federales se publica solamente en forma comercial durante un año antes de que se haga pública. Según los informes, la orden ejecutiva exigiría eliminar ese período de pago.

No está claro qué motiva a la administración a emitir este mandato, y el texto de la posible orden ejecutiva aún no se ha publicado. En este punto, es difícil evaluar completamente sus méritos.

Pero si lo que se informa es cierto, esto podría ser una gran victoria para un movimiento conocido como Open Science (Ciencia Abierta), que se ha quejado de que durante demasiado tiempo, la investigación financiada por los impuestos se ha bloqueado detrás de costosos muros de pago, manteniéndolo fuera del alcance de los contribuyentes.

Cuando se trata de ciencia, la administración Trump es mejor conocida por refutar el claro consenso científico sobre el cambio climático y por rechazar las protecciones ambientales. Pero eliminar el período de pago en realidad sería bastante positivo para la difusión del conocimiento científico.

Los editores, sin embargo, no están contentos. El miércoles, más de 125 editores científicos de revistas científicas (incluido el gigante Elsevier, así como Wiley) y grandes organizaciones científicas (como la Asociación para la Ciencia Psicológica y la Unión Geofísica Americana, que también publican revistas) firmaron conjuntamente una carta de condena a la potencial orden ejecutiva. Otros signatarios notables incluyen la American Heart Association y el editor del New England Journal of Medicine.

En la carta, escriben que la orden ejecutiva «pondría en peligro la propiedad intelectual de las organizaciones estadounidenses dedicadas a la creación de revistas revisadas por pares de alta calidad» y que la medida «nacionalizaría efectivamente la valiosa propiedad intelectual estadounidense que producimos y obligarnos a regalarlo al resto del mundo de forma gratuita «.

Los editores temen que los cambios puedan dañar sus negocios. Tienen motivo: tendrían que comenzar a regalar algo que normalmente cobrarían gratis. Pero hay un caso sólido a favor de que el modelo de negocios debería cambiar. Y los editores ya se enfrentan a una creciente ola de financiadores de la ciencia que exigen que la investigación desarrollada a partir de su subvención se publique libremente para que el público la lea.