Venezuela: la cancillería argentina hace equilibrio

Ayer, como todos los 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela debía elegir presidente y vicepresidentes por un año de mandato. Allí, la oposición al gobierno de Maduro cuenta con una mayoría de 93 diputados (el quórum requiere 84). El año pasado eligieron a Juan Guaidó, que se proclamó «presidente encargado», y obtuvo el reconocimiento de EE.UU. y una cantidad de países de Europa y América Latina.

La Asamblea Constituyente, dominada por el chavismo, ha cuestionado la legitimidad de la Asamblea Nacional. Así que era previsible que continuaría el «empate jurídico» que hasta ahora ha desgastado sobre todo a la oposición.

Pero ayer hubo una sorpresa. A las diez de la mañana el diputado José Brito, tomó distancia de Guaidó, a quien antes apoyaba, y anunció la candidatura de Luis Eduardo Parra, otro diputado, que en noviembre había sido apartado de su partido, Primero Justicia, acusado de corrupción.

A partir de ese momento, todo fue confusión y enfrentamientos, verbales y físicos, en el recinto de la Asamblea y en sus puertas de ingreso. Guaidó y los diputados que lo apoyaban afirmaron que se les impidió la entrada, y se reunieron en la redacción del diario El Nacional, para reelegirlo. Afirmaron que contaban con el quórum legal. Por supuesto, también el chavismo y los opositores que se pasaron, afirman que su elección es la legal. Periodistas y diplomáticos invitados estuvieron demasiado ocupados protegiéndose como para dar testimonio fehaciente.

Para EE.UU. y los países que ya miraban con hostilidad o reservas al gobierno de Maduro, esto fue un «fujimorazo», un avasallamiento del Parlamento.

La oposición argentina -el gobierno anterior estaba muy cerca de Guaidó y sus apoyos- exigió al presidente Fernández en un comunicado que «convoque inmediatamente a una Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Mercosur así como otra a nivel de la OEA y formular la pertinente denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU«.

El canciller Felipe Solá y su equipo al frente de la Cancillería -evidentemente, en consulta con Alberto Fernández- decidieron que sumarse al coro de los indignados acercaría a la Argentina a algunas compañías que no son de su elección. Pero que tampoco podían avalar las arbitrariedades tropicales del gobierno de Maduro. Ayer a la tarde emitió un comunicado en el que toma una clara distancia. También, las alusiones a » recuperar la normalidad democrática» y al «padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país«, indican una definición.

(Texto completo).

El gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados en el día de la fecha en la República Bolivariana de Venezuela.

Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional, para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva.

Al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano.

Recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela en un marco de pleno respeto de las libertades y los mecanismos institucionales, es el objetivo al que busca propender el gobierno argentino, para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país.

En esa búsqueda, y sin pretender involucrarnos en la situación interna de otros países, instamos a todos los partidos representados en la Asamblea a reencausar el proceso de elección de sus autoridades en el pleno respeto de las reglas constitucionalmente establecidas.

El gobierno argentino también hace un llamado a las democracias del mundo a que ayuden a facilitar ese proceso de diálogo para que Venezuela pueda recuperar a la brevedad la normalidad democrática que históricamente ha caracterizado a ese país.

El resguardo de la independencia de los poderes y de las inmunidades de los parlamentarios son condiciones indispensables para el normal funcionamiento del sistema democrático.«