Esta nota de La Nación no puede considerarse información «neutra». El diario de la familia Mitre tiene una antigua y explícita relación con las organizaciones que nuclean a los más importantes productores y propietarios rurales. Pero es cierto que la demora en el nombramiento de las autoridades del INTA indica que todavía deben definirse algunas políticas del área. Como sucede en la CNEA, NA-SA y ARSAT. Reproducimos la nota:
Se cumplió un mes de la llegada de Luis Basterra como ministro de Agricultura de la Nación, pero todavía continúa acéfala la conducción de un organismo clave ligado a esa cartera. Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El INTA tiene 350 oficinas a nivel país entre agencias, estaciones experimentales y centros de investigación. Suma un plantel de 7000 empleados y su presupuesto total, que es idéntico al vigente al 31 de diciembre pasado, es de $ 7500 millones más un refuerzo de otros $ 130 millones que se logró conseguir.
El último presidente del organismo fue Juan Balbín, cuyo mandato finalizó con Mauricio Macri. Si bien desde Agricultura dijeron que «no hay designaciones nuevas», trascendieron los nombres de Mariano Garmendia y Susana Mirassou como posibles presidente y vicepresidenta, respectivamente.
Garmendia es un tucumano que fue director del INTA Famaillá y en la actualidad se desempeña como secretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico del gobierno de Tucumán. Es ingeniero agrónomo y se especializó en agronegocios y en desarrollo local/territorial. En tanto, Mirassou es en la actualidad directora nacional de Planificación del INTA. Ingeniera agrónoma, es experta en temas de evaluación económica de la conservación del suelo.
La designación de la conducción del organismo no parece estar exenta de tensiones ya que se escucharon y siguen en danza otros nombres.
«Desde La Cámpora intentan imponer la figura de Francisco Anglesio, que ya estuvo a cargo del organismo durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura, impulsa a Garmendia», contó una fuente interna del INTA, que pidió preservar su identidad. Delgado sonó fuerte para ocupar el cargo que finalmente quedó en manos de Basterra. Ahora estaría asumiendo en una agencia que reorganizará la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), que cuenta con frondosos créditos internacionales.
Agregó que «para los trabajadores del INTA el mejor aspirante a la presidencia es Héctor Espina (exdirector nacional), por el conocimiento que tiene del organismo y porque durante la gestión de Cambiemos fue quien resistió el ajuste que se quería imponer desde el Ministerio de Modernización. El problema de Espina es que no cuenta con padrinos políticos que impulsen su candidatura».
Algunas fuentes señalan que Anglesio se habría quedado en el camino en la carrera por volver a la conducción del organismo. En su suerte habría influido Basterra, un hombre que supo ser vicepresidente del INTA, además de diputado nacional por Formosa.
Con Balbín, el último presidente del INTA con el gobierno anterior, pasa algo fuera de lo común. Presentó su renuncia el 11 de diciembre pasado pero no tuvo respuestas a la misma. Nunca salió la aceptación oficial a su dimisión. Estuvo yendo igual al organismo para la firma de convenios ya aprobados y para realizar firmas protocolares.
Sin las definiciones para presidente y vicepresidente del organismo, Carlos Parera, actual director nacional que entró por concurso sigue haciendo la conducción operativa del INTA. Firma disposiciones que son la base para el funcionamiento operativo. El director nacional puede disponer para firmar cosas ligadas al presupuesto hasta $499.000. Luego se requiere una resolución del Consejo Directivo cuya cabeza es justamente el presidente del INTA.
«Parera pilotea lo operativo y funcional, pero estamos sin conducción porque falta el funcionario designado por el Ejecutivo», contó otra fuente del organismo.
En tanto, otra fuente consultada señaló que la acefalía está ralentizando la operatoria de los técnicos en los territorios donde desarrollan sus tareas y mantiene congelados todos los aspectos presupuestarios, dado que «no hay firma para respaldar decisiones de direccionamiento de partidas. Tampoco hay nadie que defienda los intereses del organismo en la formulación del nuevo presupuesto 2020».
Entre las tareas que ejecuta el INTA está el ProHuerta, un programa destacado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para fortalecer la lucha contra el hambre en la Argentina, dada la asistencia que se brinda desde el Estado a productores de subsistencia en el interior y a la agricultura periurbana. «Por la falta de presidente, en la mesa del plan Argentina Sin Hambre no hay nadie de INTA, pese a todo el trabajo que desde el organismo hemos hecho con el ProHuerta en tantos años de ejecución», lamentaron desde el INTA.
Un técnico consultado señaló que la indefinición «genera incertidumbre», aunque hay «esperanzas a que la mirada hacia el INTA sea con más presupuesto y mejores condiciones».
