El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió extender hasta el 31 de enero el plazo que vencía ayer para que los acreedores aceptaran prorrogar el cobro de US$ 250 millones de capital.
El gobierno bonaerense tenía que pagar el 26 de enero esos US$ 250 millones de capital más US$ 25 millones de intereses. Pero propuso abonar solo los intereses y que los bonistas aceptaran diferir el cobro del capital hasta el 1º de mayo, cuando la reestructuración de la deuda nacional estaría despejada.
El comité de bonistas ya había dicho el martes a la noche en un comunicado que el tiempo para analizar la propuesta había sido poco. La oferta fue lanzada por Kicillof el 14 de enero y el plazo era hasta el 22. «El Comité Directivo sigue disponible para encarar negociaciones de buena fe con la Provincia sobre la base de un plan económico razonable e integral», dijeron en un comunicado.
La situación en la provincia no debe ser considerada al margen de la prevista reestructuración de la deuda nacional. En realidad, en ambas jurisdicciones se está desarrollando un juego de presiones entre el Estado y los acreedores. A ninguno le conviene el default -salvo a los fondos buitres, pero los valores de la deuda no son todavía lo bastante bajos como para que se tienten a comprarlos. Por eso, tanto el gobierno como los bonistas tiran de la cuerda.