El Senado nacional aprobó por unanimidad la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, que ya tenía sanción favorable de Diputados, también con los votos de oficialismo y oposición (sólo faltaron 2 votos del FIT).
En el curso del debate ambas bancadas se acusaron vigorosamente. Y dejaron claro que sus visiones del país, y el sector de la población que aspiran a representar, son bien distintos. Pero también resulta evidente que el «principio de la realidad» al que se refería el Dr. Freud, tiene peso en las decisiones de la dirigencia política. Un default (otro, 18 años después) agravaría mucho la situación de los argentinos. Y el gobierno que está a cargo desde hace algo más de un mes es el que puede encarar el desafío de una deuda externa gigantesca.
Estos son los puntos principales de la ley:
- Declara «prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera», que se calcula en unos 142 mil millones de dólares.
- Autoriza al Ministerio de Economía a «incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana».
- Establece que esa renuncia «no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad» de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquiera perteneciente al dominio público en el país o cualquiera localizado dentro o fuera del territorio «que preste un servicio público esencial» entre otros.
- Autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital, así como determinar plazos y procedimientos de emisión y designar instituciones o asesores financieros para el proceso de estructuración.
Las comisiones que puedan cobrar los bancos o asesores financieros que actúen como agentes colocadores «en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado».
La reciente propuesta del gobernador Kicillof de postergar el pago de un bono, por el importe (relativamente menor) de 250 millones de dólares y el hecho de no conseguir la aceptación de un porcentaje suficiente de los acreedores, indican que éstos no están dispuestos a disminuir los beneficios esperados si no es absolutamente inevitable (lo que era de esperar; a los administradores de fondos de inversión no se les paga para que tengan conciencia cívica).
Y también muestra que todos los sectores con poder en el Frente de Todos, en el peronismo, están resueltos a evitar el default.
Si en este marco el ministro Martín Guzmán, y por encima de él el presidente Alberto Fernández tienen poder de negociación, es que hay un hecho indiscutible: la deuda contraída en los últimos años por la Nación es efectivamente impagable en las condiciones en vigencia. Los acreedores que se nieguen a modificarlas estarían, ellos, provocando el default, más allá de la voluntad de este gobierno y de cualquier otro.
Y para que los fondos «buitres» lucren con un default, es necesario que los bonos de la deuda argentina a adquirir estén muy por debajo de su valor actual, para que sea rentable litigar por alrededor de 10 años. Que es lo que hizo Paul Singer, por ejemplo. No estamos en la situación de 2001, no están dadas esas condiciones, y no tiene porqué arribarse a esa situación.