En lo que se considera un primer paso hacia la pesificación de las tarifas de servicios públicos, el ministro de Desarrollo Productivo, Martín Kulfas, dispuso modificar la forma de pago de parte de la generación eléctrica. Esa operación ha sido pactada en dólares desde hace décadas. En adelante se hará en moneda nacional.
Además, el gobierno decidió pagar menos por la energía generada bajo cierta modalidad (térmica de algunas máquinas). Antes, avalaba contratos a US$ 69 por MwH (la unidad de medida del sector), mientras que ahora avalará transacciones en pesos, por el equivalente a un rango de entre US$ 60 y US$ 62 por megavatio/hora. El costo de generación explica alrededor de la mitad de las facturas de luz.
La medida alcanzará a los generadores térmicos, que son los mayores proveedores de electricidad. En 2019, las empresas afectadas por esta medida fueron responsables de más del 60% de la energía consumida en el sistema y alrededor de 45% de los costos.
La generación térmica afectada es conocida como «resolución 1», dentro del mundo eléctrico. Lleva esa denominación porque se benefició por una medida tomada por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren. El desembolso previsto para este año por generación térmica de este tipo era de US$ 1.344 millones, pero ahora bajará a US$ 1.026 millones. Un ahorro de 318 millones de dólares, según las estimaciones oficiales.
Los mayores generadores (Central Puerto, Enel, Pampa) proveen energía eléctrica al sistema con esta modalidad. Utilizan máquinas con mayor antigüedad, que son consideradas menos eficientes frente a equipos posteriores más modernos. Sin embargo, su aporte es clave en el sistema eléctrico.
La decisión también comprende a la energía generada por los entes binacionales, como Salto Grande (que se comparte con Uruguay) y Yacyretá, que se maneja junto con Paraguay.
Los precios que cobraban los generadores estaban en dólares y ahora estarán en pesos. Eso, sumado al menor valor que el Estado pagará por la electricidad, generará un ahorro fiscal de US$ 312 millones, según los cálculos oficiales.
Esta medida restará ingresos, se estima, por hasta 30% a empresas como la italiana Enel (controlante de la distribuidora Edesur), la estadounidense AES, y las locales Pampa Energía (en manos de Marcelo Mindlin) y Central Puerto (cuyos accionistas son Carlos Miguens, Eduardo Escasany y Nicolás Caputo, entre otros).
Según el periodista especializado Martín Bidegaray, la medida era esperada en el sector: «Los generadores ya tienen todo su capital hundido y mayormente amortizado», según un técnico con experiencia con privados y la administración público. Advierte, sí, sobre una posible reducción de la disponibilidad. La «disponibilidad» es el aporte de los generadores en situaciones de emergencia, por ejemplo cuando hay mucha demanda.
Las empresas plantean que las medidas de Aranguren les dieron un «horizonte de previsibilidad» para sus inversiones. El Gobierno argumenta que -entre 2015 y 2018-, los generadores de esta electricidad recibieron un 60% de aumento real en sus ingresos.
En cualquier caso, esta medida será sólo un paso en la «desdolarización» del sistema, si ese es el objetivo final de Kulfas y el secretario de Energía Lanziani. Los generadores eléctricos utilizan como combustible gas, que tiene su precio nominal también dolarizado.