El Grupo Techint, la mayor trasnacional de origen argentino, confirmó 1.450 despidos, tras las críticas que hizo el presidente Alberto Fernández. Mientras, McDonald y las otras cadenas de comidas rápidas descuentan 50% de los sueldos de su personal.
Casi al mismo tiempo, Mirgor, la ensambladora de electrónicos en Tierra del Fuego decidió no renovar los contratos temporales de 740 operarios que vencieron el 31 de marzo. En medio de la cuarentena, se ahonda la crisis laboral, aún en el empleo registrado.
Las medidas tienen en común apoyarse en la legislación vigente. En algunos casos, las empresas recurren a acuerdos sectoriales con los trabajadores afectados, y, sostienen, a lagunas de los decretos de Alberto Fernández que intentaron poner una malla de contención sobre el empleo en medio de la pandemia.
Ayer lunes 6, en una audiencia ante el Ministerio de Trabajo quedaron confirmadas las cesantías resueltas por Techint en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán a operarios de obras privadas. A partir de un acuerdo con la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la trasnacional que lidera Paolo Rocca pactó el pago de la indemnización vigente en el convenio del sector -rige un fondo de cese laboral- más una bonificación extra, y un compromiso verbal de reincorporación en caso de reanudación de las obras.
Techint se basó en el parate de las obras por las medidas de aislamiento social al no estar alcanzadas en las exclusiones previstas por los decretos presidenciales. Y de los artículos del convenio sectorial que la habilita a desvincular a trabajadores en un escenario de falta de actividad. En la empresa afirman que esperan la vuelta a las labores en un mes.
También ayer se confirmó que las principales cadenas de comidas rápidas habían pagado una porción inferior al 50% de los sueldos de sus empleados. La determinación fue adoptada por McDonald’s, Burger King, Mostaza, Starbucks, Wendy’s y Kentucky Fried Chicken (KFC), que en total emplean a unas 25 mil personas en todo el país. El sindicato de Pasteleros, que ostenta el convenio de mayor aplicación en la actividad, confirmó el alcance de la medida y que ayer mismo se presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
Estas empresas se basan en un artículo del convenio que habilita pagos parciales en función de las horas efectivamente trabajadas. Las firmas del rubro tampoco pagaron el presentismo a pesar que las ausencias estuvieron motivadas en la cuarentena decretada y no en decisiones personales de los empleados.
Otro sector que acusa los efectos de la baja en la actividad fue el del cemento. La Asociación Obrera Minera (AOMA) confirmó ayer haber firmado días atrás con las cámaras del cemento, la cal y la piedra un acuerdo de reducción del salario al 70% del pago en bruto para los trabajadores que quedaran confinados en sus hogares durante la cuarentena. Según Héctor Laplace, secretario general de AOMA, el 95% de los operarios de la actividad permanece desde hace varios días en sus casas a la espera de una reanudación paulatina de las labores en función de la habilitación resuelta la semana pasada que alcanzó a las empresas productoras de insumos para la construcción.
Esta no es una situación limitada a las grandes empresas. Muchos empresarios pymes le han dicho a AgendAR que, a pesar de los créditos en condiciones favorables que ofrecerían los bandos -si siguen las indicaciones del gobierno-, no consideran razonable endeudarse para pagar sueldos si no van a tener ingresos por actividad.
Debe tenerse en cuenta que venimos de 3 años de recesión, y de pérdida relativa del salario. Si el Presidente está dispuesto a enfrentar la crisis laboral, y productiva, que la cuarentena ahonda, deberá avanzar con una batería de medidas y, sobre todo, una planificación más amplia que hasta ahora.