IMPSA, la empresa mendocina que antes fue conocida como Industrias Metalúrgicas Pescarmona S. A., es una de las más grandes empresas latinoamericanas para el desarrollo de proyectos de generación de energía. Todavía puede decir que es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y eólica, y con certificación ASME III para el diseño y fabricación de componentes nucleares. IMPSA ha vivido décadas exportando tecnología argentina para grandes proyectos: casi podría definirse como una INVAP con fines de lucro.
Desde que fue fundada como Talleres Metalúrgicos, en 1907, hasta hace pocos años fue conducida por la familia Pescarmona. Y los Pescarmona han compartido los logros y desventuras, y algunas debilidades, de los industriales argentinos. Entre ellas, la de endeudarse con los bancos oficiales. De todos modos, en los últimos años ser industrial argentino con tecnología propia ya alcanzaba para formar parte de un grupo de riesgo.
Una de las consecuencias es que actualmente está conducida -no tan mal- por un consorcio de bancos, nacionales y extranjeros, liderado por el principal acreedor, el Banco de la Nación Argentina. Su actual CEO, Juan Carlos Fernández, ha sido designado por el consorcio, como informó en su momento AgendAR. Y por eso resulta apropiado que los argentinos nos enteremos de los problemas y de los proyectos que enfrenta en Yaciretá, con el CAREM, y en grandes obras en el exterior.
El valor real de IMPSA no sale de una suma de haberes y de restas de deudas: vale fundamentalmente por su enorme fondo de comercio: lo mucho que hizo adentro y afuera del país, y la cantidad de contratos a ejecutar en grandes represas del mundo ya ganadas, así como de otras en las que precalificó. El Estado nacional debe proteger sus intereses y también esta herramienta tecnológica clave que muestra al mundo una imagen de una argentina científica e industrialmente avanzada. Compartimos esta nota de Hernán Dobry:
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IMPSA espera retomar con las operaciones de su planta de Mendoza a partir de julio, afirma, Juan Carlos Fernández, quien estima que deberán esperar, al menos, hasta noviembre para volver a tener los niveles de actividad de fines de 2019.
IMPSA ya había sido habilitada para prestarle servicios a las compañías energéticas que a su vez fueron habilitadas para hacerlo mediante el decreto presidencial 355 del 11 de abril.
Gracias a esa medida, IMPSA pudo asistir a Central Puerto y a Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) en las últimas semanas para resolver urgencias en las represas Piedra del Águila y Ullum, respectivamente. Sin embargo, debió enfrentar problemas logísticos para llegar hasta los diques, pese a contar con la autorización para circular.
En la central hidroeléctrica neuquina, fue convocada para reparar una turbina, pero el camión de su subsidiaria Transapelt se vio forzado a cambiar el recorrido porque las autoridades de La Pampa le prohibieron el ingreso a la provincia por la cuarentena. Por eso, tuvieron que tomar la ruta 40, que a esa altura es de ripio, para poder realizar el trabajo.
En tanto, para cumplir con el pedido de EPSE para la represa Ullum debieron enviar a sus técnicos en dos automóviles ya que el gobierno de San Juan estableció que los vehículos no pueden circular con más de dos personas adentro.
En 2019, IMPSA fue contratada para suministrarle a la central hidroeléctrica un nuevo distribuidor para su turbina Toshiba. Su construcción e ingeniería ya están terminados y se prevé que durante este año se realizarán las obras de desmontaje y montaje.
Un problema similar es el que está enfrentando la firma para continuar con los trabajos de instalación de los dos rodetes de tipo Kaplan de 155 MW de potencia cada uno en la represa Yacyretá, que ya se encuentran en Corrientes (las turbinas Kaplan son las típicas de las centrales de llanura, con ríos de poca caída pero muy alto caudal). La empresa estaba en pleno trabajo de instalación cuando el gobierno nacional decretó la cuarentena y todos sus operarios tuvieron que retornar a Mendoza.
Si bien el decreto 355 habilita a las compañías energéticas a retomar las obras de infraestructura, que habían sido paralizadas el 20 de marzo, las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) tienen dudas sobre cómo implementar la medida por lo que aún se encuentran deliberando qué opción elegirán. “Estamos esperando el marco de habilitación del gobierno correntino para poder reanudar las obras. Queremos que ellos tomen la decisión para evitar ser los responsables si llegara a aparecer algún caso de coronavirus en el futuro”, afirma una fuente de la EBY.
Pese a que aún no se ha decido cuál de las dos metodologías se utilizará, la EBY ya notificó a IMPSA que podrá retomar los trabajos a partir del 27 de abril. El problema que enfrenta la empresa mendocina es cómo hará para transportar a su personal hasta Yacyretá ya que para eso deben atravesar varias provincias que aún están en cuarentena.
“Tenemos que ver cómo van a hacer para viajar ya que, en el camino, hay muchas gobernaciones y localidades que tienen cerradas las rutas. A su vez, debemos saber adónde van a parar, a comer y cómo van a hacer para operar manteniendo el distanciamiento preventivo».
IMPSA fue adjudicada con dos contratos para remplazar los rodetes de seis turbinas de Yacyretá, por un total de 65,71 millones de dólares en 2017 y 2018, de los que ya entregó dos, además de cinco sets de tuberías internas. A su vez, ganó otro para la rehabilitación completa de seis generadores, por un total de 25,09 millones de dólares.
La empresa también podría retomar con los trabajos de diseño estructural, la fabricación y el montaje de los principales componentes del reactor nuclear CAREM 25, de 25MW, luego de que la Secretaría de Energía de la Nación decidiera reactivar las obras el 17 de abril.
“Estamos convencidos de que hay que poner el énfasis en seguir con nuestro Plan Nuclear y tener a la generación nucleoeléctrica como una de las reservas de potencia y energía. Este sector es fundamental y vital para los intereses del país”, afirmó el titular de la cartera, Sergio Lanziani, en la Asamblea de Accionistas de la compañía Nucleoeléctrica Argentina realizada la semana pasada.
Más allá de estos trabajos, la planta de IMPSA permanece casi paralizada por la cuarentena por lo que se frenó la construcción de las cuatro turbinas restantes para Yacyretá y las dos Francis, de 35 MW cada una, para la represa El Tambolar, en San Juan. (Las turbinas Francis son más típicas de centrales de serranía, con mayor salto vertical y menos caudal).
Incluso, si la nueva medida del gobierno nacional le permitiera volver a operar, el retorno a las labores se vería dificultado por los problemas de suministros desde el exterior que hay en la actualidad.
“La cadena de proveedores, que deben enviar insumos desde la India, Francia y China, está cortada porque muchas de las fábricas se encuentran cerradas y por las dificultades en su transporte marítimo. A esto, hay que sumarle que los camiones no están pudiendo atravesar las provincias para traerlos desde puerto”.
Mientras tanto, la empresa mendocina está aprovechando la paralización en la producción de su planta de turbinas y aerogeneradores para fabricar respiradores mecánicos y tanques criogénicos de oxígeno, que desarrolló con un diseño propio y, así “acompañar al gobierno frente a la pandemia que afecta al mundo entero”.
Como parte de la cuarentena, sus cerca de 130 empleados están trabajando desde sus casas y sus ingenieros y técnicos continúan abocados a los proyectos que le fueron adjudicados desde sus hogares, para lo que la compañía debió instalarles sistemas especiales para que pudieran hacerlo.
La crisis, antes de la pandemia
La cuarentena encontró a IMPSA inmersa en medio del proceso de venta de la compañía que lanzaron sus accionistas a fines de 2019. Si bien su asesor financiero Columbus Zuma asegura que recibieron varias ofertas, dos fuentes consultadas señalan que el grupo Vila Manzano fue el único en presentar una propuesta “por cientos de millones de dólares y parte del capital”.
Sin embargo, esas mismas fuentes destacan que tanto el gobierno mendocino como los propios accionistas de la empresa se niegan a aceptar que sean ellos (Vila-Manzano) los que se queden con la firma fundada por la familia Pescarmona, ya que su estrategia es comprar activos, restructurarlos y, luego, transferírselos a otros interesados.
Actualmente, sus principales acreedores, antes de la cesación de pagos de 2014, controlan el 65% de la compañía, entre los que se encuentran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Nación (mayoritario), el Provincia, el Hipotecario, el de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el brasileño Bradesco y el fondo de inversión chileno Moneda Asset Management, entre otros.
El valor real de la empresa es uno de los temas que más preocupa a los propios accionistas, quienes son conscientes de que cualquier oferta de compra incluirá una quita de la deuda de IMPSA que tienen en sus carteras, señalan desde un fondo de inversión, que tiene una posición minoritaria en la firma mendocina.
“Si uno toma el balance de IMPSA de 2019, el valor de sus propiedades, planta y equipos (303,95 millones de dólares) no iguala al monto de su deuda (430 millones). Por eso, sus bonos en el mercado valen cerca de 20 centavos”, explican.
La parálisis de la economía argentina por la pandemia de coronavirus ha impactado de lleno en la mayoría de las compañías locales, muchas de las cuales han tenido que despedir o suspender a sus empleados ante el cierre de sus plantas y la suspensión de la producción.
“No nos agarra en un mal momento económico ya que están entrando fondos provenientes de las certificaciones de obras que tenemos en curso”, explica Juan Carlos Fernández, pero destaca que, igualmente, la empresa va a necesitar “ayuda como la que está ofreciendo el gobierno” para seguir adelante.
En 2019, IMPSA reportó ventas netas por un total de $ 1.732,14 millones, ganancias netas antes de impuestos de $ 457,731 millones. Sus clientes le deben $ 4.267,86 millones, de los cuales el 95,54% corresponden a la empresa estatal venezolana Corpoelec, para quien está fabricando las turbinas para las represas hidroeléctricas Macagua y Tocoma.
Para mejorar sus finanzas, sus directivos acordaron con sus acreedores/accionistas postergar por doce meses (hasta el 20 de diciembre de 2020) el vencimiento del primer pago de intereses de los bonos y créditos restructurados en 2017, que contaba un período de gracia de dos años, que terminaba el 20 de diciembre de 2019.
Proyectos futuros
A pesar de la parálisis de la economía mundial, la empresa planea centrar su estrategia comercial de mediano plazo en el mercado internacional, donde confía en poder quedarse con varias obras en Asia y África. “Nos vamos a concentrar en los proyectos que tengan financiamiento aprobado”, afirma su CEO.
IMPSA ya ganó la licitación para proveer tres turbinas Francis que serán instaladas en la represa Tekai, de 170 MW, en Malasia. Sin embargo, el proceso está paralizado a la espera de que su gobierno consiga el fondeo y pueda adjudicarle el contrato, algo que podría ocurrir durante este año. Mientras tanto, está realizando trabajos de ingeniería para estar lista cuando haya que comenzar con las obras.
En paralelo, la firma WAPDA la preseleccionó, en sociedad con la china Norinco, para proveer seis rodetes Francis para la central hidroeléctrica Warsak, de 243 MW, en el río Kabul en el valle de Peshawar en Paquistán. En el concurso de precios, obtuvieron una buena calificación en la tecnología que presentaron para quedarse con las obras valuadas en 40 millones de dólares.
Finalmente, IMPSA se encuentra en la última etapa del proceso de selección que están llevando a cabo The Arab Contractors y Elsewedy Electric, para comprar nueve turbinas Francis, de 234 MW cada una, para instalarlas en la represa Rufiji, de 2,10 GW, que están construyendo en Tanzania, destaca.
El negocio, valuado en cerca de 200 millones de dólares, incluye todos los componentes hidro-electromecánicos. Directivos de las empresas egipcias a cargo de las obras ya visitaron la planta de la compañía en Mendoza a principios de febrero.
Finalmente, IMPSA planea participar de la licitación para la rehabilitación de la central hidroeléctrica Baygorria, de 108 MW, en Uruguay, que cuenta con tres turbinas Francis de 36 MW cada una.»