El Gobierno anunció el jueves que el precio para el llamado “barril criollo” será de 45 dólares. Es un subsidio del Estado nacional para que las empresas petroleras sigan operando y no lleven adelante más despidos y suspensiones entre su personal.
Reproducimos la nota que escribió Andrés Repar, del Instituto de la Energía Scalabrini Ortiz (IESO), rica en datos precisos. Y también damos a continuación la opinión de AgendAR.
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«El costo de producción del petróleo crudo puede verse en el informe de YPF (con valores de 2019 entre 15 y 20 dólares por barril) y en particular en el informe del primer trimestre del 2020 de Vista SA (la sociedad que encabeza Miguel Galluccio) con el 100% de shale oil donde el “lifting cost” lo declara en 9,99 u$s por barril.
Los pozos horizontales actuales (de 2500 a 3000 metros) desarrollan un área de fracking que prevé extraer unos 660.000 bbl/pozo. El costo operativo unitario del pozo medio (mix de productivos y no productivos) se halla en 15,15 dólares por barril, similar a la media declarada por YPF en 2019. Con los costos indirectos (servicios financieros e impositivos) y beneficios del orden del 20% (5 u$s por barril) se llega a un precio base de venta, con un buen margen, del orden de los 26 dólares. Este precio de venta es casi el 50% del de “emergencia” que requieren las empresas petroleras (45 u$s por barril).
La situación mundial en este tema no es sencilla y están todos los almacenajes y buques completos. Colocar el crudo a 45 dólares sin demanda y eventuales ventas a mitad de precio es un oneroso error para el país.
A nivel del mercado interno, el Estado Nacional puede asistir en compras de crudo a futuro o mejor sostener parte del salario de los trabajadores de las empresas con problemas. Para nada darles un valor sostén del crudo a empresas que con maniobras de pagos de servicios pueden manipular márgenes de fugas o envíos de fondos al exterior.
No nos olvidemos que en esta emergencia “deberíamos impedir el movimiento de dineros especulativos hacia el exterior”, como lo expresa el artículo de Cesar Crocitta y Bruno Capra del 30 de abril. Sostener los 45 dólares hasta el 31 de diciembre próximo es un despropósito por las vicisitudes de los precios. Son ocho meses, cuando no sabemos qué va a pasar la semana próxima.
Al traducir los números dados en dólares a pesos, podemos observar que una retribución al crudo de 26 dólares por barril, puede equivaler a unos 9 pesos por litro, un 15% del valor de la nafta al público, que es una cuota parte razonable. El precio de 45 u$s por barril implica un costo del crudo a las refinerías del orden de 19$/litro, es decir cerca del 30% del valor final de las naftas y del gas oil. Algo que más tarde o más temprano va a determinar un valor de la energía impagable por el sistema productivo actual.
Este sistema requiere energía sustentable y competitiva para un retorno y una evolución productiva fundamental en los primeros meses post-corona (suponemos agosto 2020 en adelante). La larga agonía de las pymes industriales y de los usuarios de servicios requieren de este esfuerzo compartido de la Nación y de las empresas. Si no es así, el Estado ante la emergencia no tendría otro camino, frente al cierre de pozos o su abandono, absorber las estructuras productivas y traspasarlas a YPF o IEASA (Ex Enarsa) y así sostener el imprescindible desarrollo productivo nacional.
El sector empresario extractivo de petróleo ha tratado sistemáticamente de desplazar al Estado de toda función efectiva y trascendente en el sector, buscando ser proveedor de la cuota parte mayoritaria de la energía para la Nación. Hoy el sector expone su fracaso en ello, pero trata de conservar las posiciones adquiridas recurriendo al Estado para mantenerlas y si es posible, incrementarlas.»
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El último párrafo, que encabezaba la nota de Repar en Página 12, expresa una crítica muy tradicional al «lobby» de las petroleras. Pero en AgendAR señalamos que la presión política por un «barril criollo» alto no viene sólo de las empresas, sino también de las provincias petroleras (sus gobiernos tal vez no podrían pagar los sueldos sin esas regalías) y de los sindicatos del rubro. El gobierno no puede, ni debe, condenar a las provincias petroleras a enfrentas conflictos sociales, en estas circunstancias.
Pero los datos que presenta Repar indican que con este precio todos los argentinos estamos subsidiando a la actividad petrolera, y -más grave- estamos condenando a la acosada industria nacional a pagar la energía muy cara.
Y también al agro. Porque en la pampa húmeda ya no existe la agricultura poco mecanizada y la ganadería extensiva de casi un siglo atrás. Son explotaciones capitalistas de tecnología avanzada, que consumen petróleo como combustible y como materia prima de fertilizantes. Un «barril criollo» de 45 dólares hace mucho menos competitiva a la economía argentina.
Es necesario encontrar otras soluciones para las provincias y los trabajadores, que no hagan necesario este «precio mínimo», que no despierta tantas críticas como los precios máximos, pero es aún más distorsivo.