El gobierno de Bolivia autorizó la «evaluación del maíz, la caña de azúcar, algódón, trigo y soja, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa». Esto permitiría triplicar en pocos años la producción de granos actual en ese país, estancada en poco más de 4 millones de toneladas (un 3% de la cosecha total argentina).
Es un paso histórico en la política agropecuaria de Bolivia, luego de más de una década de gestiones para que se abra la posibilidad del uso legal de todos los eventos de la biotecnología disponible en semillas.
La larga demanda de los agroindustriales se habilita en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, que tiene a ese país en cuarentena desde hace 52 días. En el decreto se invocan cuestiones de seguridad alimentaria y la intención de promover el desarrollo socioeconómcio a través de las organizaciones productivas rurales.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) calificó la decisión de «acertada» porque permitirá mejorar la productividad y competitividad, garantizar la seguridad alimentaria y aumentar la exportación para afrontar la crisis provocada por la pandemia.
En oposición, una veintena de organizaciones agrupadas en la Plataforma Agroecológica lanzaron un manifiesto de rechazo y pidieron la derogación de la norma que «pone en riesgo la diversidad biológica de especies nativas, atenta contra la naturaleza y activa un debate inoportuno» Y acusaron a Áñez de «aprovechar la pandemia».
Según los agroindustriales, el tercer rubro en importancia en Bolivia después del gas natural y los minerales, la biotecnología «incrementará la producción, cuidará los recursos naturales y reducirá el uso de agroquímicos».
Hasta ahora sólo estaba permitido el uso de un tipo de soja resistente a la sequía y las plagas. La constitución aprobada en 2009 por el entonces presidente Evo Morales obligaba a concertar una ley específica para el uso de semillas genéticamente modificas.
Sin embrago, fue el propio Morales quien en abril del año pasado amplió por decreto el uso de transgénicos de la soja destinada a la producción de biodiésel con el objetivo de reducir la importación de gasolina.