El gabinete económico del gobierno nacional decidió endurecer los requisitos para las grandes empresas que requieran la asistencia del Estado para el pago de salarios.
El 7 de este mes, ese equipo, que reúne al jefe de gabiente, Santiago Cafiero, y la vicejefa, Cecilia Todesca, con los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Trabajo, Claudio Moroni, y a los titulares de la ANSeS, Fernanda Raverta; la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, y el Banco Central, Miguel Pesce, había establecido los criterios para incorporar a grandes empresas al programa.
El comité de evaluación y monitoreo del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) determinó que las compañías con más de 800 empleados que requieran ayuda para abonar los sueldos de mayo -a depositarse en junio- quedarán impedidas de realizar operaciones financieras por dos ejercicios fiscales, y ya no uno como rigió la primera transferencia dirigida al pago de haberes de abril. Se espera que hoy se publique la medida en el Boletín Oficial
De recibir el salario complementario, los mayores empleadores del país quedarían impedidos por el corriente ejercicio fiscal de distribuir utilidades, recomprar acciones, adquirir títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, transferencia en custodia al exterior o posterior liquidación de compras en el extranjero.
Desppués de las críticas del presidente Alberto Fernández sobre grandes empresas y ejecutivos que intervendrían para alterar el valor del dólar -que cerró en $ 138 el viernes en la opción «blue»- se quiere cerrar el grifo de la ayuda estatal ante la sospecha de que ese dinero podría volcarse a operaciones financieras, y dejarlo apenas para aquellas que efectivamente enfrenten situaciones de riesgo para continuar operando.
Además de la inhibición de ciertas operaciones bursátiles, para controlar el cumplimiento de los requisitos, el comité del programa ATP encomendó a la AFIP que remita al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la nómina de empresas con más de 800 trabajadores que accedieron al beneficio, para que efectúen «acciones de control» según sus respectivas competencias.