Son casi US$ 3 millones por día, una cifra que va más allá de la pérdida económica: la pesca ilegal no conoce reglas, ni nada que se parezca a la protección de las especies. Hace años que barcos de otros países ingresan a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), delimitada por la milla 200, pero en las últimas semanas circularon videos que muestran a más de un centenar de naves flotando sobre territorio nacional. El tema escaló, hasta alcanzar la intervención de las fuerzas de seguridad que lograron capturar dos buques.
El aislamiento por el Covid-19 redujo notablemente la navegación de barcos de bandera local, lo que generó que embarcaciones que merodean el área se instalen en el mar argentino.
Durante la temporada de pesca de calamar, en los cuatro primeros meses del año, la pesca ilegal capturó, aproximadamente, 480.000 toneladas de esta especie en el Mar Argentino. Nuestros pescadores, según la Subsecretaría de Pesca de la Nación, en todo 2019 pescaron 96.000 toneladas por un valor de US$ 250 millones. Diversos organismos, entre ellos, la Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sudoccidental (OPRAS) calculan que por campaña la Argentina pierde US$ 1.000 millones . «El calamar representa el 60% de la pesca no reglamentada en volumen, y cerca del 50% en valor frente a las otras especies que se capturan: merluza, merluza negra y abadejo», dice Ricardo Pucci, Director Ejecutivo de Opras.
«El patrullaje puede disuadir la pesca ilegal en la zona argentina pero, hasta que no se ordene la milla 201, en concordancia con el derecho internacional, y la presencia de flotas asiáticas principalmente, es una continuidad que progresivamente lleva a la depredación de los recursos «, agrega Pucci.
De acuerdo a la capacidad de las embarcaciones que invaden el caladero argentino – entre 40 y 50 toneladas-, se calcula que se captura alrededor de 4.000 toneladas diarias de calamar, especificaron desde la Cámara de Armadores Poteros de la Argentina (CAPA).
Las imágenes que registró el capitán del barco San Pedro, Alberto Mendoza el 23 de abril, cuando se disponían a capturar calamar sobre el paralelo 42º sur y el meridiano 58º oeste en el límite interno de la ZEEA, abarcaron un área de más de 40 kilómetros de largo y 11 de ancho, entre las ciudades de Viedma y Puerto Madryn.
Los pesqueros piratas, además de apagar el Sistema de Localización Automática, se mueven sin luces de navegación, tapan los nombres y la señal distintiva con lonas o pintura. «Los que más se arriesgan son los que pescan con poteras porque es más fácil darse a la fuga si viene el guardacostas: en 15 minutos levantan el ancla de capa y pueden salir navegando a toda máquina, los de pesca de arrastre necesitan 30 minutos como mínimo», precisa Mendoza.
El autor del video viral tiene 65 años y navega desde 1977. «Soy capitán desde 1985, pero en 2004 comencé a trabajar en barcos congeladores, factorías, y me acerqué a las 200 millas».
Aunque reconoce que la actividad ilegal es normal, destaca que «no era habitual ver tanta cantidad. Contamos más de 95, y tampoco la distancia; nunca habíamos visto ingresar a 10 kilómetros de nuestro mar», dice sorprendido y asegura que cuando realizó la filmación «parecía una zona liberada».
En alerta, los empresarios reunidos en la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina enviaron una nota al presidente Alberto Fernández denunciando la presencia de flotas extranjeras «principalmente asiáticas, fundamentalmente chinas» en las aguas aledañas a la ZEEA «ejecutando una real rapiña contraria a la soberanía nacional y también contraria a las normas del derecho internacional».
«Se trata de unidades que trabajan al margen de cualquier regulación», denunció la entidad que nuclea a 9 cámaras de la industria de la pesca. «No sólo generan una competencia desleal, sino que regularmente atentan contra nuestra soberanía al capturar una diversidad de especies transzonales, como calamar illex y abadejo, entre otros recursos preciados del Mar Argentino», agregan.
Luego de corroborar la infracción por parte de un buque extranjero se abren dos caminos: la nave colabora o intenta escapar y se activa la «persecución en caliente», prevista en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. En todos los casos participa un juez federal en tierra.
«El procedimiento se realiza en forma ininterrumpida y con acciones disuasorias hacia el infractor hasta que deponga su actitud», explica el capitán de navío, Rodrigo Martín Arriegues, director de Intereses Marítimos de la Armada Argentina.
El pesquero portugués «Calvao» y el chino «Hong Pu 16» fueron escoltados hasta el puerto de Bahía Blanca, mientras que Lu Rong Yuan Yi 668, que permanecía prófugo desde el 28 de abril, se entregó a la Prefectura Argentina y fue vigilado hasta su fondeo en Puerto Madryn la semana pasada. Todos están a disposición de la justicia que actúa de acuerdo a la violación al Régimen Federal de Pesca Argentino (ley 24.922).
Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo, comenta: «Matt Woodruff, presidente de la American Maritime Partnership, destaca que, para los Estados Unidos, la industria marítima ha ocupado un papel fundamental para el mantenimiento de su seguridad nacional y económica. Si la Argentina no desarrolla una política de Estado respecto a sus recursos, las vías fluviales y marítimas, esto no se resuelve«.
«Desde los años 90 hasta ahora, empresas españolas se fueron quedando con el negocio de la pesca: flota de altura, plantas de fileteo en tierra. A raíz de la sobrepesca y la pesca incidental, en 2006 el caladero argentino estaba prácticamente vacío, extinguiendo la especie de merluza hubbsi y 30.000 trabajadores perdieron su empleo. Luego del cierre del caladero por dos años, el recurso se fue recuperando», cuenta Walter Castro, titular del Sindicato de la Actividad Naval Mar del Plata (Sanam).
«Hace años que el mar está invadido -agrega-, y lamentablemente el tema trasciende los colores políticos; las consecuencias las vemos en el cierre de las pequeñas pesqueras que no pueden competir con holdings internacionales».
En el área de las Relaciones Exteriores:
Adherir al «Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto», de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y avanzar con protocolos internacionales permitiría generar herramientas para combatir la pesca ilegal, denunciar la actividad y prohibir el ingreso de las naves a otros puertos.
Desde la cartera de Felipe Solá reconocen que las multas de entre 5 y 10 mil millones de pesos, -35 toneladas de calamar-, están desactualizadas y afirmaron que trabajan junto a la Subsecretaría de Pesca en un proyecto que será enviado al Congreso Nacional, para actualizar y endurecer el sistema de sanciones de la Ley Federal de Pesca, otorgando herramientas reguladoras más dinámicas.
Por otro lado, señalan que «el Reino Unido sigue adoptando medidas unilaterales en relación con las licencias de pesca»; por eso analizan la conveniencia de continuar con el intercambio de información en las reuniones del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur.