Vicentin: su ruta de gran exportadora de cereales al default, convocatoria y acusación judicial

ROSARIO.- La debacle de Vicentín empezó a hacerse visible el 4 de diciembre pasado, cuando seis días antes del cambio de gobierno, admitió que se encontraba en un estado de «estrés financiero» y que no podía hacer frente al pago de 350 millones de dólares.

Desde ese momento, la caída de la cuarta empresa agroexportadora más grande del país, que liquidó más de 8,4 millones de toneladas de granos en la campaña 2018/2019, provocó un fuerte estruendo en el mercado y en la Bolsa de Comercio de Rosario, luego que empezara a trascender que el Banco Nación, que era el principal acreedor, había otorgado préstamos a una firma que terminó siendo insolvente por más de 18.000 millones de pesos.

En 2019, la cerealera exportó 2,6 millones de toneladas de granos, 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millones de toneladas de aceites. Ocupó el cuarto lugar en el ranking general y primera en subproductos y aceites.

En febrero pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga e inició una investigación para determinar por qué el grupo agroexportador hizo figurar en el último balance las deudas en dólares y los activos en pesos. Este punto habría provocado, según la sospecha de la Justicia, un desequilibrio financiero que podría haber llevado, con el argumento de estrés financiero, a la firma a la cesación de pagos el 4 de diciembre pasado y dos meses después a una convocatoria de acreedores.

El fiscal también imputó a los directivos de Vicentín Gustavo Nardelli y Alberto Padoán. Este último fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario hasta el 13 de diciembre, cuando dio un paso al costado después de que la empresa cayera en default.

Padoán ya se había apartado antes de la conducción de esa institución cuando fue procesado en octubre de 2018 por el fallecido juez Claudio Bonadío en la llamada causa de los «cuadernos». Retornó a su cargo cuando el magistrado le dictó la falta de mérito en abril del año pasado.

El grupo Vicentín, de la mano de Padoán, que tejió las relaciones políticas, fue -como se publicó en varios medios en octubre del año pasado- el principal aportante para la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Donó $13,5 millones de pesos al espacio político encabezado por el ex presidente Mauricio Macri.

Después de varias idas y vueltas y a medida que los créditos que el Banco Nación había cedido a Vicentín se transformaban en un escándalo, con consecuencias judiciales, Vicentín se presentó formalmente en convocatoria de acreedores en el juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini. Vicentín tiene dos plantas cerealeras en San Lorenzo y Ricardone, entre otros activos.

En el concurso de acreedores se presentaron 2.638 acreedores por una suma denunciada total de 99.345 millones de pesos. El grupo tiene participación accionaria en 19 empresas y posee 1287 empleados.

Antes de presentarse en convocatoria, Vicentín intentó gestar pactos con los acreedores a través de la figura de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), pero la propuesta no consiguió el aval del 50% de los acreedores. En el plano privado y productivo, Vicentín tiene contraído el mayor volumen de deuda con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la cooperativa agrícola más grande de la Argentina, a la que le debe más de 110 millones de dólares.

La pandemia y la consiguiente cuarentena generaron demoras en la convocatoria de acreedores más grande de la historia de Santa Fe. El juez decidió extender los plazos para hasta el 25 de agosto para verificar los créditos, algo que originalmente estaba previsto que terminara hoy, 9 de junio.

A la par de la convocatoria, el punto clave dentro de la trama de Vicentín es si la justicia federal podrá comprobar las sospechas del fiscal Pollicita, que imputó a directivos de la firma: «Vicentín, contando con una deuda millonaria y en forma prácticamente simultánea a la elección de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, comenzó a incumplir con los pagos al Banco Nación, y poco tiempo después anunció que se encuentra en una situación de «estrés financiero». Finalmente, como resulta de público conocimiento el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo«.

Y agrega: «Sin embargo, esta situación de crisis fue puesta en tela de juicio por el propio informe del Banco Nación, que a partir del análisis de los balances de la empresa, advierte que la compañía tuvo un crecimiento notable en su facturación, con un crecimiento interanual de 66,7% en 2016, 35% en 2017 y 92,4% en 2018, lo que dificultaría comprender la alegada crisis«.

Los interrogantes que plantea el fiscal apuntan a ir al fondo del problema: cómo el Banco Nación le prestó más de 18.000 millones de pesos a una empresa que meses después entró en default.

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Comentario de AgendAR:

Corresponde agregar a esta historia que, más allá o más acá de la investigación judicial, la empresa cerealera del Grupo Vicentin es objeto del interés de poderosísimas firmas en el comercio de granos.

Glencore PLC, la multinacional con sede en Suiza que es la principal empresa privada en la comercialización de producción de materias primas y alimentos del mundo, tiene participación en Vicentin y no quiere quedar afuera. Así lo reveló en su pregunta el periodista de Bloomberg´, en la conferencia de prensa presidencial de ayer.

También la cerealera Cargill -presente en 70 países, con 160.000 empleados- y algunos grupos locales se han acercado al juzgado donde se lleva adelante la convocatoria de acreedores.

Es probable que la intervención dispuesta por Alberto Fernández tenga la intención de anticiparse a los hechos.