El ingeniero Enrique M. Martínez, ex presidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, mantiene en toda su trayectoria una coherencia ideológica que aquí deja clara. Y, al mismo tiempo, es muy respetado en los ámbitos de la producción argentina. Nos parece útil reproducir aquí, iniciando un debate público que todavía falta, su propuesta sobre el destino de Vicentin.
«La intervención y casi segura futura expropiación de Vicentín se fundamenta en la necesidad de salvar la empresa, en convocatoria de acreedores luego de un periplo que deja dudas serias sobre la vocación de recuperarla y la dejó a disposición de predadores dispuestos a comprar algo valioso sin dinero.
Es mucho el dinero a invertir. Es prácticamente seguro, sin embargo, que con una administración cuidada esa inversión se puede recuperar con serenidad.
¿Por qué un gobierno tomaría esta decisión? Ante todo, para preservar la continuidad de trabajo para varios miles de personas. No es para hacer un negocio, con la cantidad de asignaturas pendientes en la Argentina. Tampoco es para asegurar el ingreso de divisas, que la 10ma. exportadora del país no modificaría. Ese aspecto debe ser regulado por normas generales, controlables de manera tesonera y eficaz.
Aparece, para el discurso político, la soberanía alimenticia. Una de las tres banderas del peronismo histórico es la soberanía política, identificando así la capacidad nacional de tomar decisiones de manera autónoma. La soberanía alimenticia, por extensión del concepto al siglo XXI, significa la capacidad de decisión en una actividad extranjerizada, desde las semillas hasta la exportación o buena parte de la comercialización minorista de alimentos y una parte relevante de la industria del sector.
Controlar y administrar Vicentín no cambia ni en forma cualitativa ni cuantitativa esa situación. Es apenas mejorar la capacidad de entender y describir una cantidad de problemas desde adentro. Eso es lo que puede hacer una empresa testigo.
Los precios administrados en la exportación, los manejos de semilleros monopólicos, la triangulación de ventas y de compras externas y varios tortuosos senderos adicionales se pueden conocer como solo lo entiende quien se enfrenta a la posibilidad de recorrerlos y ayudar de tal modo a corregir escenarios nocivos y habituales en el sector.
A mi criterio, tampoco justifica eso la expropiación o al menos, no la convierte en un hecho histórico. Ese calificativo se ganará si la gestión futura de Vicentín aprovecha la oportunidad para demostrar: se puede producir granos y oleaginosas con rentabilidad, sin considerar los precios internacionales, culminando en harinas y aceites mucho más baratos que en la actualidad.
Eso lo puede conseguir una empresa pública que no razone como un negociante, sino como un capitalista social, que se asocie en red a industrias transformadoras que se limiten a comprar materia prima más barata y vender su producto con la misma tasa de ganancia que hoy, o sea más barato.
Simultáneamente se puede producir para exportar, con los precios de venta de ese ámbito y se puede utilizar la red de comercialización de Vicentín para agregar todo tipo de alimentos, en una corporación nacional no compulsiva, pero seductora, que exporte junto a los granos, harinas y aceites, yerba, arroz, frutas y verduras, carnes de animales mayores y menores, de productores de todo tamaño.
Una empresa importante como Vicentín, más allá de su participación actual en el mercado, tiene la envergadura para encarar la producción para mercado interno con otros criterios que en la exportación y a la vez abrir canales de venta para centenares de productores cuya dimensión los deja
No se como se llamaría esa situación. Tiene componentes de aumento de la soberanía alimenticia; también de independencia económica; también de justicia social. Sorpresa: sería una digna política peronista y popular, sin lastimar a nadie, más que a los especuladores.»
