El Poder Ejecutivo está trabajando en el borrador un proyecto de ley que será consensuado con el bloque oficialista en el Congreso. La idea es que dispondrá una moratoria por las obligaciones impagas hasta el 30 de mayo. En ese borrador se establece que los contribuyentes podrán anotarse entre julio y agosto, y comenzarán a realizar pagos en noviembre.
Actualmente existe el Plan Moratoria 2020, para MiPyMEs y entidades sin fines de lucro, aprobado por Mercedes Marcó del Pont, como titular de AFIP. Está disponible hasta el 30 de junio. Permite hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, y 60 cuotas para aportes y retenciones, más la condonación parcial de intereses y total de multas. La tasa es de 3% mensual fija por un año y a partir de ese momento se vuelve variable.
Las diferencias con este Plan es 1) que la futura moratoria abarcaría a todos los contribuyentes, incluidas las grandes empresas, aunque están tendría condiciones más exigentes que las pymes e individuos. Y 2) que será más amplia: incluirá prácticamente todos los gravámenes (IVA, Seguridad Social y Ganancias, entre otros impuestos).
El anuncio de este tipo de medidas invariablemente hace caer la recaudación: los contribuyentes retienen los pagos, porque esperan beneficiarse entrando en la moratoria. En el gobierno saben eso, necesariamente. Por eso suponemos que la evaluación es que la pandemia y la necesaria cuarentena la han afectado tanto, que es mejor prepararse para una nueva etapa con la mayor inscripción posible.