Perotti interviene el puerto de Reconquista por irregularidades. La concesionaria, del grupo Vicentin

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti firmó el decreto n° 574 por el que dispone la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días y designa como titular al actual representante de la Provincia en la entidad, Martín Deltin, autor de un explosivo informe que derivó en esta decisión oficial.

Antes de ingresar a la descripción de la catarata de irregularidades desplegada en esa entidad es necesario tener en cuenta un dato relevante: en 1999 una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, formada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA. Hoy el presidente de Vicentin SAIC es Daniel Buyatti, casado con la hija del fundador del gigante empresario.

Según el decisorio, el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”. Ahí se revela un hecho insólito: “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

Agrega que “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto”.

En este contexto, el gobernador apunta a Ríos del Norte SA pero también a los directivos de la entidad: “esta situación no sólo representa un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual, sino que además conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Pero advierte que Deltin denunció ante Prefectura el 26 de mayo de este año “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”. Un indicio que hubo alguna actividad en 16 años, pero «en negro».

También el decreto de Perotti señala que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista — Goya”, y “el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías, como el estacionamiento destinado a la aduana, parte de la ‘Terminal A’ utilizada como playa de automóviles e ingreso a la mencionada guardería” y que “los depósitos pertenecientes al EAPRe, uno de ellos incorporado a la guardería Costa Norte, primero como préstamo de uso, luego como mayor superficie concesionada, son hoy depósito de lanchas, mientras que el depósito (dentro del área concesionada a ‘Río del Norte S.A.’), con balanzas a los laterales y rampas de carga en proximidad, es hoy también depósito de lanchas y yates”.

Ante esta situación, el gobernador decide: “por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta violación del destino del puerto previsto por la ley en su art. 1: ‘funciones de administrar y explotar los respectivos puertos, manteniendo el destino comercial al momento de la creación del ente portuario’ y en su art. 8: ‘queda vedado a los entes el otorgamiento de autorizaciones, permisos y/o concesiones que constituyan monopolios a favor de permisionarios o concesionarios’”.

Más adelante, el decisorio precisa que “según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

El documento revela negocios particulares con el EAPRe. Afirma que hay un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control (…) no respetándose el esquema de auditoría externa, y siendo el Síndico en ejercicio quien oficiara de contador del Ente, confeccionara, suscribiera y a la vez desempeñara el rol de auditor externo de los Estados contables, y asimismo su estudio contable llevara la administración económico-financiera del Ente”, lo cual “presenta un evidente incumplimiento de la fiscalización y control que implica una auditoría externa, una incompatibilidad ética y confusión de roles”. Y añade que “se suma la situación de que uno de los directores fue designado apoderado legal del Ente”.

“Todo ello deriva en que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable fundadamente por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos, entre los que cabe resaltar el apego a normas éticas y al accionar transparente y que amerita ser rectificado”.

Entre otras irregularidades, el informe Deltin, citado en el decreto de Perotti, asegura que los nombramientos de los Directores por la empresa concesionaria se encuentran vencidos, y no se ha cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de Diciembre de cada año.

En este marco, y “ante la gravedad de los hechos detallados”, Perotti ordena intervenir por 180 días el EAPRe con Martín Deltin a la cabeza, a quien se le requiere finalizado el plazo “un informe circunstanciado de las medidas adoptadas y a adoptar para dar cumplimiento a los fines perseguidos con el presente decreto”, como así también se encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del ente (…) con facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.

Otros elementos que surgen sobre la situación del grupo Vicentin:

Justamente hoy la periodista Silvia Naishtat publica que «en diciembre, previo a que se desencadenara la cesación de pagos de Vicentin, sus bancos acreedores del exterior pidieron información al gigante agroindustrial. En ese momento solicitaron a la cerealera un proceso de due dilligence para acceder a sus números. Y afirman no haber encontrado explicación para que una firma de balances robustos estuviera boqueando unos pocos meses más tarde.

En Amsterdam, sede de BMO, banco de Desarrollo Holandés, 50% estatal, junto al cooperativo Rabobank, había quienes previeron un cataclismo. Esos acreedores junto a la CFI, el brazo financiero del Banco Mundial, los franceses Credit Agricole y Natixis, y en menor medida otros como el brasileño Itaú, que extienden líneas de prefinanciación de exportaciones, se unieron en un comité de acreedores. Acumulan US$ 530 millones, que representan el 38% del pasivo del gigante agroindustrial que se calcula en US$ 1.400 millones. Y fueron a la justicia de Nueva York para solicitar lo que se llama un proceso de Discovery (rastreo de las cuentas desde 2017 de las empresas y la familia Vicentin) que fue concedido por el juez Alvin Hellerstein, de la Corte del distrito Sur de Nueva York, en febrero. El estudio de abogados Norton-Rose-Fullbright que lleva el caso en Nueva York tiene “sospechas” de que algunos millones se habrían escabullido.

A todo esto existe un desencanto generalizado en los bancos especializados en financiar la cosecha que trasciende el caso Vicentin y que pone en riesgo lo que pueda llegar ocurrir en este castigado 2020 con los cultivos como la soja, maíz, sorgo y girasol cuya siembra temprana arranca en setiembre. De allí, el apuro por resolver el caso Vicentin de un concurso que, pandemia mediante, extendió hasta fines de agosto la presentación de verificación de las deudas.»