El Gobierno avanza en la búsqueda de consensos para implementar un nuevo plan social para al menos 3 millones de personas. La idea de establecer una “renta básica” o un “ingreso universal” para la población más vulnerable fue detallada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en un encuentro virtual que mantuvo con dirigentes empresarios, sindicales, sociales y religiosos.
Como señaló AgendAR hace tres semanas, el Ingreso Universal, o Renta Básica Universal es una institución sobre la que se ha estado debatiendo por más de una década. En teoría, garantiza a todos los ciudadanos de un país un ingreso mínimo que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizado por el estado.
Los que lo cuestionan sostienen que destruye la «cultura del trabajo». Les responden que esa «cultura del trabajo» puesta en peligro por una modestísima suma mensual se refiere exclusivamente a trabajos precarios y mal pagos. En un nivel superior del debate, se ha señalado que el trabajo no da sólo un sueldo, sino identidad y sentido de pertenencia. Que el ideal de una sociedad debe ser que todos sus miembros tengan trabajo, no sólo una asignación.
Pero la pandemia del nuevo coronavirus está haciendo obsoleta esa discusión, al menos por un tiempo. Países tan poco «populistas» como el Brasil actual (por lo menos en San Pablo) y Colombia han implementado una forma de renta básica universal. Y los Estados Unidos y varios países europeos avanzan en esa dirección. Una vez que esas instituciones se establecen en una sociedad, es muy difícil que se vuelva atrás, como hemos visto en Argentina.
El ministro Arroyo fue ayer lunes el orador central de una teleconferencia organizada por la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, un foro impulsado por la Iglesia católica que tuvo actuación entre 2018 y 2019 cuando se instaló el debate por el hambre en la Argentina y que retomó su activismo a partir de la pandemia.
articiparon también el vicepresidente regional de la Unión Industrial, Guillermo Moretti, los sindicalistas Luis Cáceres (ladrilleros) y Juan Carlos Schmid (dragado), de CGT, y Hugo Godoy (estatales de ATE), por CTA Autónoma, y otros referentes sociales y económicos bajo la coordinación de Pablo Narvaja y Ana Jaramillo, de la Universidad de Lanús.
Arroyo detalló las acciones implementadas por el Ejecutivo a partir de la inauguración de la cuarentena, entre ellas el incremento de la ayuda alimentaria de 8 a 11 millones de personas así como la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el subsidio salarial ATP, y dio por hecho que a continuación se hará imprescindible aplicar “una renta universal básica” para los sectores más golpeados por la crisis, aunque incluso esa medida “no alcanzará” para revertir la crisis. “Hay que actuar sobre tres ejes: el trabajo, los ingresos y el acceso a los servicios básicos”, detalló sobre el plan de acción previsto.
Si bien el funcionario hubiese preferido avanzar sobre un plan de salario universal sin contraprestación (es decir, un programa netamente asistencialista) en su entorno dijeron que la dinámica de la crisis por el coronavirus lo impulsó a reorientar la iniciativa hacia un esquema de pagos a cambio de trabajo, capacitación o formación. “No hay salida sin un consenso fuerte”, instó Arroyo a sus interlocutores. A continuación aclaró que para aplicar el plan hará falta “una reforma impositiva” y dijo que de no hacerlo, a velocidad, “va a quedar mucha gente con la ñata contra el vidrio”.