El oficialismo de la Cámara de Diputados impulsará, con la venia del Ministerio de Justicia y el apoyo de la oposición, una reforma a la ley de concursos y quiebras para evitar el cierre definitivo a miles de empresas en riesgo.
Los legisladores deben actuar con celeridad porque mañana lunes 27 los juzgados del fuero comercial abren sus puertas, y se prevé una catarata de presentaciones por juicios, ejecuciones y demandas contra empresas que, por las consecuencias de la pandemia, no pueden afrontar sus deudas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con los referentes de la oposición a priorizar este tema en la agenda legislativa y a acordar un proyecto común. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, remitió a Massa una propuesta de modificación de la ley de quiebras que, en líneas generales, apunta a que las personas humanas y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), cuenten con mayor oxígeno para negociar sus deudas con los acreedores y puedan mantenerse en actividad.
La intención de Massa es conciliar la propuesta del Poder Ejecutivo con los proyectos de ley que, con el mismo objetivo, presentaron los diputados Cristian Ritondo (Pro), Graciela Camaño (Consenso Federal) y Carlos Selva (Frente de Todos). Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que colaborarán con el debate con aportes propios. «La idea es que la ley surja del Congreso para que se le dé visibilidad y riqueza al debate».
La propuesta del Poder Ejecutivo, que replica en algunos aspectos las iniciativas ya presentadas por Juntos por el Cambio y Consenso Federal, tiene dos pilares: por un lado, recomienda suspender por 90 días hábiles los pedidos y las declaraciones de quiebra, las ejecuciones de garantías y la liquidación de los bienes, al tiempo que propone prorrogar por 180 días el vencimiento del período de exclusividad que cuenta el deudor para formular propuestas de acuerdo preventivo con sus acreedores.
El otro eje de la propuesta del Poder Ejecutivo promueve el Acuerdo Preventivo de Acreedores (APE), para que las MiPyME en situación de cesación de pagos, dificultades financieras o sobreendeudamiento puedan recurrir a un procedimiento extrajudicial que actúe como un régimen de protección frente a las medidas judiciales que les impidan llevar adelante su actividad, permitiéndoles negociar sus pasivos en un marco de tranquilidad con sus acreedores. El objetivo es que, con esta herramienta, los deudores puedan llegar a un acuerdo preventivo extrajudicial, más sencillo y menos oneroso que un proceso concursal judicial.
El proyecto de Ritondo propone una figura similar: el Procedimiento de Reestructuración Empresaria Simplificada (PRES), una herramienta de reestructuración de deuda que llevaría unos 180 días, en lugar de los 9 a 12 meses que demanda un concurso preventivo o los años que insume un proceso de quiebra.
as cámaras empresarias, los jueces comerciales y abogados especialistas en la materia imploran que el Congreso actúe cuanto antes. Tanto abogados como empresarios temen que se produzca una «Puerta 12» cuando este lunes se levante la feria judicial y los tribunales se vean colapsados ante una avalancha de cheques rechazados y de pedidos de convocatoria y de quiebra.
«La situación es dramática: según nuestra encuesta, el 10% de las pymes está en una situación muy crítica. Esto involucra a 60.000 empresas de todos los rubros y afecta a un universo de entre 300.000 a 600.000 trabajadores», advierte Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). «Esta crisis es peor que la de 2001/2002», insistió. Los datos de la AFIP parecen darle la razón: en abril y mayo pasados (los primeros dos meses de cuarentena) 18.546 empresas dejaron de aportar a la Seguridad Social y se desprendieron de 284.821 empleados.