Cuando, como ahora, las reservas del Banco Central están presionadas por la salida de dólares, necesariamente vuelven, en una forma u otra, los controles a la importación. En el gobierno de Cristina Kirchner, las compras en el exterior estaban bajo el régimen de las llamadas Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI). Desde fines de 2015, las licencias no automáticas -las que requieren permisos previos para importar- se enmarcan bajo el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Actualmente, todavía no hay cambios en la legislación, pero los mecanismos necesarios para importar se han hecho más lentos.
Como era previsible, Clarín se ha hecho eco de las quejas: «Las empresas argentinas vuelven a enfrentar serios problemas para ingresar la mercadería al país. Paradójicamente se estima que más del 80% de lo que se importa está destinado a completar la industria incluso de exportación.»
«Hay quejas del sector pero también muchos reclamos ante la justicia y pedidos de gobiernos extranjeros para que se cumplan los plazos establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Convenio Automotriz firmado con Brasil.»
Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) advierten que hay más de 1.000 licencias no automáticas retrasadas, y que incumplen lo establecido por la normativa internacional, y que dentro de esos retrasos hay sectores críticos, como el de las baterías de autos, los neumáticos, calzados, textiles y juguetes, además del de maquinaria y bienes intermedios, y hasta insumos médicos. Algunos exigen plazos de 10 días, pero van por los 60 sin ser autorizados. En otros casos las licencias presentan demoras que superan largamente esa cantidad de días.»
«El sector está muy mal por las restricciones de la AFIP, por las medidas restrictivas del Banco Central en el otorgamiento de divisas y por la Dirección Nacional de Gestión Comercial externa (que depende de Producción), que están violando las normas internacionales de la OMC y los tratados automotrices con Brasil (Mercosur)», pone Clarín en boca de Ruben García, presidente de CIRA.
Los importadores aseguraron a Clarín que las autoridades competentes del ministerio de Producción no les contestan ni llamados ni emails. El problema para los importadores, afirman, es que se aumentó la cantidad de productos bajo la figura de licencias no automáticas. Se estiman 300 más.
Uno de los controles que dicen padecer los importadores, señalaron en CIRA, es la llamada Comunicación A7030 del Banco Central (prorrogada hace pocos días por la A7079) y sus respectivas actualizaciones. La A7030 funciona como una orden que no permite tener anticipos de más de 1 millón de dólares. Por ejemplo, si un importador le pide a un fabricante del exterior que le envíe un bien de capital y este le dice que le gire el dinero, el anticipo, el importador debe ir a un banco privado para que le pida al BCRA que le otorgue el anticipo para poder girarlo. Y esa comunicación A7030 es una limitante de la capacidad de giro al exterior.
Y antes de ello, el importador debe pasar por la AFIP, que le controla la Capacidad Económica Financiera (CEF) que tiene la empresa. «Por un algoritmo que sólo la AFIP conoce, esta determina si uno está en capacidad de importar o no», se quejan los importadores. «El Banco Central tiene hasta normativas ridículas establecidas por la comunicación A6044 que establece que, cuando uno anticipa un giro al exterior para adelantar la producción del bien a importar, tiene hasta 90 días -máximo- para ingresar esa mercadería».
Sin embargo, serían las importaciones de bienes de consumo el dolor de cabeza para el Gobierno. Por esa vía se le fueron en junio u$s 511 millones, 7,1% más que en 2019. El mes pasado, de acuerdo al INDEC, Argentina compró alimentos y bebidas por u$s 86 millones; equipos de transporte no industriales por u$s 20 millones, artículos de consumo duraderos por u$s 31 millones; semiduraderos y no duraderos por u$s 280 millones; y medicamentos por u$s 94 millones.
Especialistas en comercio exterior estiman, en función de ello, que controles y restricciones para acceder a dólares de importación seguirán por algunos meses.
En opinión de AgendAR, sería conveniente que el Ministerio de la Producción anuncie una política de comercio exterior explícita. En este momento, entendemos, existe el margen para ello. Los lobbies protestarán en la medida que no sean favorecidos, pero siempre lo van a hacer, con reglas de juego claras o sin ellas.
Es necesario tener claro que, más allá de si el tipo de cambio está «atrasado» o «adelantado», cuando existe como ahora una diferencia importante entre el precio del dólar «oficial» y el que están dispuestos a pagar ahorristas y especuladores, el Banco Central está otorgando un beneficio potencial considerable al importador. Esos dólares «oficiales» son del Estado -es decir, de todos nosotros- y deben ser administrados con prudencia y transparencia.
A. B. F.