La Inspección General de Justicia ordena la liquidación de la firma Re/Max por «actividad ilícita»

Ante una denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), la Inspección General de Justicia (IGJ) inició la acción judicial de disolución y liquidación de la firma Re/Max, tras determinar que es ilícita la modalidad de desarrollo de la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia.

La IGJ lo resolvió mediante la Resolución 350/2020 que lleva la firma de su titular, Ricardo Nissen.

El presidente de Cucicba, Armando Pepe, aportó tres causas: la primera, que bajo la modalidad de franquicia, la empresa «recluta gente que no está en relación de dependencia sino bajo monotributo, para eludir pagos de cargas sociales«.

Segundo, como consecuencia de lo anterior, «en cada sucursal tienen unas 80 o 100 personas a las que no les pagan nada sino que les cobran 250 dólares por mes por uso del escritorio y papelería; factura el trabajador, no pagan impuesto a las ganancias ni ingresos brutos, es una competencia desleal totalmente».

Y tercero, que esa firma inmobiliaria «se lleva la plata fuera del país».

La versión de Re/Max A través de un comunicado, esa firma expresó su «enfático» rechazo al contenido de la denuncia de Cucicba por considerar que «es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max». Y agregó que «las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario». En tanto que la firma se autodefine como «una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados».

Más allá de esta causa en particular, y aún del rubro inmobiliario, esta decisión de la IGJ parece indicar que la actividad centrada en las plataformas digitales -que ha crecido en forma impresionante en los últimos años, y ya se habla de una «economía de plataformas»- será supervisada con atención por los gobiernos, que encuentran en ella una forma posible de evadir las cargas fiscales, además de las obligaciones laborales. Algo parecido está pasando en la Unión Europea.