Para la polémica sobre la Economía del Conocimiento – 1° parte

La reciente aprobación por el Congreso de la Ley de Economía del Conocimiento -AgendAR comentó hace pocos días las idas y vueltas del proyecto- sirvió, entre otras cosas, para estimular el debate sobre ese sector de la Economía, cada vez más importante para las sociedades modernas. Y para el destino de los países.

Verónica Robert, Gabriel Baum, Nicolás Moncaut y Lucas Olivari son los autores de este trabajo, que plantea la necesidad de un desarrollo nacional en una economía globalizada si las había. Y decimos «había» porque la rivalidad entre EE.UU. y China empieza a sugerir caminos diferentes. No será fácil encontrar el propio y mantenernos actualizados.

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“La tecnología le ha fallado a los EE.UU. y a gran parte del resto del mundo en su función más importante: mantenernos vivos y saludables. Mientras escribo esto, más de 380.000 están muertos, la economía global está en ruinas y la pandemia de covid-19 todavía está en su apogeo.

En una era de inteligencia artificial, medicina genómica y automóviles autónomos, nuestra respuesta más efectiva al brote ha sido la cuarentena masiva, una técnica de salud pública que se tomó prestada de la Edad Media.”

David Rotman, Editor de MIT Tech Review, 17/06/2020

«Las utopías científico-tecnológicas exacerbadas por la globalización neoliberal, y llevadas al paroxismo en el caso de las tecnologías digitales, mostraron sus límites de manera descarnada frente a la actual pandemia, al igual que las cadenas internacionales de valor demostraron tener pies de barro. Quedó claro que la vida de las personas solo puede ser resguardada por la acción política de los Estados nacionales, una acción basada en la unidad, la organización y la solidaridad de las comunidades. Y también, notablemente, por la red entre las mujeres más humildes, como lo muestran la capacidad de organización en Villa Itatí y en el Barrio Padre Mujica, con la entrega de Ramona Medina como símbolo.

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En este contexto, a mediados de junio la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento (LEC) y la semana pasada, luego de haber sido tratada en el Senado, regresó a Diputados con modificaciones. En los debates parlamentarios, más allá del apoyo generalizado (¿quién estaría en contra de la economía del conocimiento?) surgieron algunas críticas focalizadas en cuestiones fiscales (¿cuál será su costo fiscal?), distributivas (¿por qué reducir cargas impositivas de grandes empresas?) y de implementación (¿cómo reglamentar un conjunto tan amplio de actividades y con límites difusos?). Pero hubo aspectos críticos que quedaron al margen del debate: ¿cuál es el modelo de especialización e inserción en las cadenas globales de valor que esta ley promueve y cuál es el que necesitamos? Este es el aspecto que buscamos visibilizar en esta nota.

 El proyecto legislativo retoma la exitosa experiencia de su antecesora Ley de Promoción de la Industria del Software (LPS) que transformó en política pública el impulso a las empresas del sector de software y servicios informáticos (SSI) en los últimos 15 años. La LPS alentó el crecimiento de SSI en Argentina dentro de un contexto de expansión global liderado por las prácticas de subcontratación y deslocalización de actividades de codificación, testeo y soporte de programas informáticos. 

En el período de vigencia de la LPS (2004-2019), según datos de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) el empleo del sector se cuadruplicó y las exportaciones se multiplicaron por 8. Las ventas al mercado local crecieron un 45% (para tener una referencia del mercado interno, el PBI argentino en dólares creció un 170% en el mismo lapso). Es decir, el sector se orientó a atender la demanda global con menos interés en promocionar la adopción de nuevas tecnologías a nivel local.

La última moda en términos de tecnología es la “industria 4.0”; implica la integración plena de las TICs en los procesos productivos. Sin embargo, hoy las ventas de SSI al mercado local representan menos del 35% de la facturación del sector (participación que viene cayendo desde 2015 en un orden de 7 puntos porcentuales por año), y la industria manufacturera representa tan solo el 5% de las ventas al mercado interno. 

Esta cuestión pasa desapercibida cuando se destaca que el sector contribuye a los dos temas económicos más sensibles para nuestro país: la capacidad de generar dólares y empleo. En base a datos del balance de pagos provistos por INDEC, se calcula que cada 100 dólares que exporta la Argentina (contando bienes y servicios), 2 corresponden a SSI. A su vez, en el sector trabajan más de 110 mil personas registradas contando sólo al sector privado (cerca del 2% del empleo registrado privado total del país) con un salario medio que es casi un 60% superior que el respectivo nacional, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo.

Con estos números, el sector SSI forjó masa crítica, visibilidad política y articulación institucional. También ganó un norte de desarrollo producto de un amplio consenso diseñado por los actores involucrados en la iniciativa: gobierno, empresarios y académicos. “Transformar  a la Argentina en un actor relevante, como país periférico, del mercado mundial de SSI” fue el objetivo del Plan Estratégico 2004-2014, documento que dio marco a la sanción de esa ley pionera.

Hoy la fortaleza del sector es la exportación de servicios estandarizados de desarrollo de software. Esto es: tareas de codificación que se comercializan como horas hombre de programación en diferentes tecnologías (Java, .NET, Android) para proyectos de desarrollo de software comandados por empresas globales. En otros casos se comercializa como desarrollos a medida; es decir, el cliente establece las especificaciones del software y lo ejecuta una empresa local, lo que implica un mayor agregado de valor, pero en uno u otro caso, la propiedad intelectual será del cliente. Esta especialización lograda de la mano de los incentivos de la LPS y de bajos salarios en dólares, marcó la trayectoria tecnológica a seguir: desarrollo de software para terceros bajo estándares de calidad que garanticen el cumplimiento de objetivos y tiempos. 

Así, al igual que otros países de la periferia, Argentina entró en la gran fábrica global de tecnología a través del “outsourcing” y el “offshoring”, es decir, subcontratación y deslocalización de la producción. Este proceso de división internacional del trabajo está comandado por las multinacionales que desde sus sedes buscan trasladar riesgos y reducir costos, conservando los eslabones de mayor valor agregado de la cadena de producción. En otras palabras, las actividades que llegan a los países periféricos son las que menos beneficios le otorgan al que busca tercerizarlas (que, vale decir, si fuera de otra manera no tendría sentido económico). En esa dirección, salvo excepciones, las empresas argentinas no se ocupan de desarrollar productos innovadores ni obtienen sus ingresos por venta de licencias o por servicios tipo “software as a service”, es decir, con modelos de negocios basados en cobros mensuales o basados en el uso en vez de la adquisición de una licencia (por ejemplo, Dropbox).

(Continuará mañana)