El gobierno establece un servicio básico de telefonía móvil y fija, Internet y TV desde $150 por mes

El gobierno nacional anunció la entrada en vigencia desde el 1° de enero de la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija. conexión fija a Internet y televisión por suscripción. Los precios están fijados para que sean accesibles a todos y comienzan desde $ 150 por mes.

Se trata de una prestación básica destinada a cubrir los requerimientos básicos de comunicación, información y entretenimiento de un sector de bajos ingresos en todo el país, unos diez millones de personas. La medida se da en el marco de la reglamentación del DNU 690/20 que declaró como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.

Con este plan, la prestación básica para la telefonía móvil será de $ 150 y tendrá liberado el servicio de mensajería Whatsapp para mensajes de texto. Para sumar los paquetes de datos a usar en Internet habrá dos opciones: una por $ 200 por mes para 1 Giga y otra por $ 18 por día, equivalente al precio vigente en julio de 2019. Como referencia, los planes básicos de las empresas comienzan hoy en $ 680.

Desde que el Gobierno congeló las tarifas de las TIC mantuvo conversaciones con las empresas de telecomunicaciones, quienes reclamaban por el impacto negativo de la medida. Durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini explicó que con la Prestación Básica Universal “las empresas se aseguran planes de pospago en lugar del prepago, donde hay incertidumbre sobre lo que finalmente una persona termina consumiendo”.

La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, destacó que “con los planes prepagos los usuarios gastan más dinero, en cambio con estos planes a precios muy competitivos tendrán un gran beneficio”.

Sánchez Malcom dijo que la tarifa social apunta a 10 millones de usuarios, número similar a los argentinos que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Con una penetración de celulares del 80%, en el Gobierno buscan que “todos los argentinos estén conectados”.

Ambrosini dijo que no hay motivos para desincentivar la inversión de las empresas “porque apuntamos a que ningún argentino se quede sin servicio y que las compañías siguen invirtiendo en un mercado cada vez más grande”. En ese sentido, enfatizó que “el foco del Gobierno está puesto en el 5-G, y eso lo vamos a lograr trabajando juntos las empresas y el Estado”.

El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López. remarcó que la prestación básica universal fija un precio máximo, pero no descartó que la competencia entre las compañías genere genere planes más económicos. “A diferencia de otros servicios como la electricidad, en las telecomunicaciones no hay precios de referencia para un mega, entonces tenemos que trabajar con estimaciones y considerando las posibilidades del servicio a lo largo de todo el país”.

Con los nuevos planes, la conexión fija a Internet contará con tres prestaciones alternativas, de acuerdo con los clientes totales que tiene cada empresa:

  • Prestadores con más de 50.000 clientes totales. AMBA: 10 Mbps a $700. Resto del país: 5 Mbps a $700.
  • Prestadores que posean entre 2.000 y 50.000 clientes. 5 Mbps por $700 pesos (o las personas beneficiarias podrán optar por acceder al Plan de Menor Velocidad ofrecido por la compañía con un descuento del 30% del valor).
  • Prestadores con menos de 2.000 clientes totales: 2 Mbps por $600.

Quiénes accederán a la Prestación Básica Universal Obligatoria

  • Los beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, y sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar.
  • También podrán adherir los clubes de barrio y de pueblo que se encuentren registrados, asociaciones de bomberos voluntarios y entidades de bien público.
  • Esta Prestación estará disponible para jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
  • Se incluye trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, y sus hijos.
  • El beneficio alcanzará además a monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y beneficiarios de seguro de desempleo y del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).
  • También se incluirán a desocupados y beneficiarios de planes sociales.

Cómo acceder

Según precisaron desde el Gobierno quienes quieran acceder al programa deben estar primero en el listado de beneficiarios según categoría como por ejemplo Asignación Universal por Hijo.

Luego deben presentar una declaración jurada ante la empresa de telecomunicaciones quien debe brindarle el servicio. Las empresas pueden constatar la veracidad de la información de los usuarios en las bases de datos públicas.

Además, el Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) habilitará en su página la información para que los usuarios puedan consultar qué porcentaje de descuento le corresponde en el caso del servicio de televisión paga.

Observación de AgendAR:

Creemos que ésta es una de las medidas de impacto socioeconómico más acertadas del actual gobierno.

Para las personas de bajos ingresos -un alto porcentaje de nuestros compatriotas, especialmente entre los jóvenes, en este tiempo de pandemia y recesión- ayuda a cubrir una necesidad básica, para el trabajo, la educación y la comunicación.

En relación con las empresas, aprovecha un dato básico de estas tecnologías: donde existe la infraestructura -que muchas veces la proporciona el Estado (pensemos en ARSAT, por ejemplo) el costo de brindar servicio a un nuevo cliente es mínimo, o hasta cero. Es posible que las telcos dejen de protestar por ser clasificadas como servicios esenciales, sobre todo ahora que se les autoriza un 5% de aumento para los clientes habituales.

Y desde el Estado y la sociedad en su conjunto, es otro gran paso en la digitalización de todos, incluso los hasta ahora excluidos, que había comenzado con el IFE.

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