El gobierno nacional decidió cancelar una deuda que el Estado mantenía con Edenor y Edesur por el servicio que las distribuidoras prestan en los barrios de emergencia de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Por su parte, Edesur y Edenor se comprometieron a invertir el dinero en nuevas obras en las mismas zonas. Es decir, en 32 municipios de la provincia y 12 comunas porteñas, que beneficiarán a 1,5 millones de usuarios.
La firma del convenio se llevó a cabo este miércoles 23 de diciembre. El contrato establece que parte de los fondos serán transferidos por el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires para pagar esa deuda histórica con las distribuidoras por el consumo de energía eléctrica en barrios populares, que utilizan medidores comunitarios.
Del total de lo adeudado, cerca de $ 3.000 millones corresponden a Edesur y otros $ 1100 millones a Edenor, propiedad de Pampa Energía, en el marco de un conflicto que se había iniciado en el 2011 por la falta de cumplimiento del Estado nacional del pago de ese consumo.
En octubre, las distribuidoras eléctricas le habían acercado al Presidente un plan para solucionar la disputa. Alberto Fernández puso la propuesta bajo análisis del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que dio el visto bueno.
La reunión fue encabezada por el secretario de Energía, Darío Martínez y también estuvieron presentes la interventora del ENRE, María Soledad Manin; el presidente y CEO de Edenor, Ricardo Torres; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco, y el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni.
La reunión se concretó un día después del corte masivo de energía que afectó a más de 300.000 usuarios de barrios porteños bajo concesión de Edesur. Si bien la empresa asegura que la interrupción se generó por el incendio intencional de pastizales cercanos a una de sus estaciones transformadoras, en el Gobierno analizan aplicar sanciones a la distribuidora.
Comunicados de las empresas:
Desde Edenor informaron que, a partir del acuerdo, el Estado Nacional «se compromete a realizar un aporte público y transferir a la empresa los montos equivalentes a los consumos de energía eléctrica provistos a ciertos barrios populares dentro de su área de concesión, realizados durante el período octubre 2017 a diciembre 2020».
Por su parte, la distribuidora, propiedad de Pampa Energía, se compromete a aplicar la totalidad de dichas sumas a la ejecución de un plan de trabajo preventivo y correctivo por la suma de $ 3.143 millones, «con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y el estado de su red eléctrica, con especial foco en el suministro a barrios populares con medidores colectivos».
Desde Edesur también informaron sobre la firma del acuerdo con el Ministerio de Economía y el ENRE, «conforme el cual el primero realizará un aporte público para aplicar a la ejecución de determinadas obras en la red a cargo de la empresa vinculada a los citados barrios populares, con miras a una mejora en la calidad del servicio, por un monto equivalente a los consumos energéticos efectivamente brindados en los barrios populares de la Provincia de Buenos Aires comprendidos en el Nuevo Acuerdo Marco, desde el mes de octubre de 2017 y a brindarse hasta el mes de diciembre de 2020».
Comentario de AgendAR:
Sobre los servicios públicos concesionados concesionados de discute mucho, y no sólo en Argentina. Usualmente, se trata de «monopolios naturales», es decir, aquellos servicios que por su naturaleza tienen un sólo prestador en cada zona geográfica.
Eso requiere la vigilancia del Estado, para verificar la calidad del servicio y el retorno de la inversión. Lo que siempre despierta cuestionamientos.
El caso es que en los últimos 30 años, desde los primeros años de la presidencia de Carlos Menem y bajo gobiernos muy distintos, este «capitalismo concesionario» ha continuado. Y ha crecido el esquema de subsidios para los sectores más vulnerables de la sociedad.