La Aduana denunció fraudes por U$S 330 millones. Creemos que son más, y explicamos porqué

La titular de la Aduana, Silvia Traverso, denunció que  durante 2020 se realizaron un total de 2.812 operaciones de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones por un equivalente a u$s 330 milllones.

Una investigación realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) logró identificar las maniobras en operaciones de comercio exterior que motivaron una posterior denuncia.

“Implementamos un control inteligente de las operaciones de comercio exterior para evitar maniobras ilegales, proteger la industria nacional, el empleo y fomentar la exportación y la generación de valor agregado”, resaltó Traverso.

Del análisis realizado por la DGA se desprende que entre los productos involucrados hay materias primas, vehículos y motocicletas, entre otros.

A partir del cruce de información realizados por la DGA, se detectaron 2.812 casos que involucraron intentos de exportación de productos y materias primas por debajo de su valor real, y maniobras de importación por arriba de su precio.

En el desagregado divulgado por la Aduana se observa que el año pasado hubo 1.203 casos de importaciones con sobrefacturación por u$s 98,76 millones. En ese mismo lapso se detectaron 1.609 maniobras en exportaciones con un monto de u$s 238,42 millones de subfacturación.

Los casos identificados fueron puestos a disposición de la justicia a partir de sendas denuncias, a su vez que también culminaron en multas para los agentes exportadores e importadores.

Ampliando la noticia desde AgendAR:

Se trata de un problema grave que afecta al comercio exterior agentino, al fisco, y también a sus reservas de divisas. Vale la pena explicarlo para los que no lo conocen:

Para muchos argentinos el «precio del dólar» es el del dólar «blue». Y eso es cierto para los individuos, en sus transacciones en la economía informal. Pero es una ilusión: en el comercio exterior -por donde entran y salen el 95% o más de las divisas- las empresas que importan recurren al mercado oficial. Y los exportadores reciben los pesos por lo que venden al exterior al cambio oficial.

Cuando, como ahora, hay una diferencia importante entre el valor del oficial y del «blue», aparece un motivo para que el importador declare un precio más caro que el real, para que el Estado le otorgue dólares de más, que -usualmente- dejará en el exterior. Y el exportador tratará de mostrar que vende más barato del precio real, o menos productos, también para dejar afuera, «en negro», esos dólares.

La solución simple a este problema – una que es enarbolada con entusiasmo por economistas con gran espacio en los medios- es unificar el mercado de cambios, liberándolo. En las condiciones actuales, eso significaría una devaluación de casi el 100%, y por eso sólo es planteada por los que no tienen chances de llegar al gobierno.

Pero es necesario tener presente que la liberación del mercado cambiario ha sido puesta en práctica varias veces en nuestro país en las últimas décadas. Y en todas esas ocasiones ha terminado en una crisis. El período más largo de un mercado libre de cambios comenzó en abril de 1991, cuando Cavallo lanza la convertibilidad. Y la sociedad argentina todavía recuerda como terminó.

Más recientemente, el gobierno de Macri estaba decidido, por convicción y por compromiso, a mantener libre el mercado. Y tuvo que empezar a poner restricciones, cada vez más severas, a partir de la crisis de abril 2018. Además de endeudarse muy por encima de cualquier límite razonable.

Más allá que aceptemos como ideal un mercado único de cambios, eso será posible cuando la estructura productiva argentina mantenga un equilibrio estable entre su capacidad exportadora y sus necesidades de divisas. Por ahora -y es un «ahora» prolongado- Argentina deberá administrar sus divisas y evitar fraudes como los que denunció la Directora General Traverso.

La Aduana puede evitar esos delitos… cuando tiene los instrumentos. Si las mercaderías salen por puertos privados… es más difícil. Y de todos modos, las multas que puede aplicar no son una disuasión eficaz, cuando la brecha es muy grande. La persecución del delito queda en manos de los tribunales. Que no se destacan por su rapidez en castigar las defraudaciones al Estado.