viernes, 21 junio, 2024 - 5:22 pm

Las vacunas que se producen en Argentina y se envían al exterior. Pero no vienen de vuelta

La planta en Garín donde se fabrica la vacuna de Oxford

En AgendAR hemos seguido la epopeya de la fabricación nacional de la vacuna de Oxford-AstraZeneca desde agosto del año pasado, cuando el presidente Alberto Fernández anunció en Twitter «El laboratorio AstraZeneca y la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD confirmaron que la Argentina estará a cargo, junto con México, de la producción y distribución en toda Latinoamérica de la potencial vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford

En realidad, nuestra atención estaba puesta en el laboratorio mAbxience desde febrero 2020, cuando inauguró su nueva planta para producir medicamentos biosimilares.

Pero también fuimos el primer medio en cuestionar un convenio que remitía toda la producción del principio activo de la vacuna a México, sin prever un porcentaje para su envasado aquí. Imprudente, en medio de una pandemia.

Ahora, el periodista Diego Genoud ha publicado en el nuevo DiarioAR una dura denuncia. La reproducimos, y agregamos un comentario al final.

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Hugo Sigman, dueño del laboratorio que fabrica en Garin el principio activo de la vacuna de AstraZeneca

«En agosto de 202O, el empresario Hugo Sigman tuvo un rol estelar en el anuncio de fabricación de la vacuna argentina a cargo de Astrazeneca y Oxford. Pero esas dosis aún no llegaron a la población y desde una de las plantas de Sigman se produce el principio activo de la vacuna que se exporta a México. Pedidos de declarar esa empresa de utilidad pública para que se envase en el país. Reproches en el Gobierno a un empresario aliado.

Cuando el 12 de agosto del año pasado, Alberto Fernández anunció en la residencia de Olivos el acuerdo de Astrazeneca y la Universidad de Oxford para fabricar en Argentina la vacuna contra el COVID 19, Hugo Sigman se convirtió de inmediato en el nombre de la salvación.

La asociación del empresario farmacéutico que es dueño del Grupo Insud con el laboratorio sueco, la universidad británica y la Fundación Carlos Slim fue un anuncio casi milagroso, que le permitió al gobierno dar a conocer por fin una buena noticia en plena pandemia y salir de la defensiva, por unos días, con el solo combustible de la esperanza que generaba un emprendimiento privado.

El Presidente hizo el anuncio junto a Ginés González García, el más entusiasta promotor de las bondades de mAbxience. Ese día, antes y después del acto oficial, el entonces ministro de Salud se mostró exultante. “Podría haber un anuncio mucho más fuerte del Presidente. Espérenlo con ansiedad porque va a ser una muy buena noticia”, “Esta vacuna viene en la delantera respecto a las demás”, “Tener la producción es una gran noticia para toda Sudamérica”, “Ojalá haya muchos Sigman”, dijo.

La jornada terminaba con 213 muertos y un nuevo récord de casos, 7.663, pero para el gobierno era un día de euforia. También para Sigman, el beneficiario de una gigantesca campaña publicitaria que no demandaba certezas sobre plazos o sobre efectividad. A la mañana siguiente, el empresario que según los últimos datos de la revista Forbes acumula una fortuna de 2000 millones de dólares junto a su esposa Silvia Gold, abandonó su cuidado perfil bajo para hablar temprano con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. “Esta fue una negociación entre privados, ningún gobierno jugó ningún papel. AstraZeneca entendió que la nuestra era la mejor fábrica”, dijo.

Fue una declaración que le restó protagonismo al Presidente, al ministro y al Estado que apostaba por la cura. El gobierno nacional pagaría 4 dólares por vacuna gracias a la subvención del multimillonario Slim, que dejaba el asunto en manos de su hijo.

Ocho meses más tarde, en el contexto de mayor urgencia y con el gobierno encerrado entre el crecimiento de los casos y la amenaza de la falta de camas, la vacuna de AstraZeneca fabricada en Argentina permanece en el estado de promesa. Según se pudo saber de dos fuentes calificadas, el presidente de la multinacional sueca en Argentina, Agustín Lamas, se reunió el martes a la noche en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud Carla Vizzotti y les dijo que no podía garantizar el envió de las 900 mil dosis que se vienen anunciando desde hace un mes.

Las 864 mil que vendrán desde Amsterdam el domingo forman parte del programa Covax de la OMS, pero no son las que produce Sigman.

Como le sucedió al Presidente y al gobierno con todos los anuncios de fechas que no se cumplieron, le pasa a los responsables del envío de 22,4 millones de dosis. Con una diferencia, en el caso de AstraZeneca no existe información oficial de la empresa y todo lo que se publica son trascendidos que nadie se anima a confirmar. Los representantes locales del laboratorio sueco que se asoció con Oxford prefirieron no dar precisiones.

En la conferencia de prensa, en la que habló de un “momento crítico” y un “sistema de salud en tensión”, Vizzotti admitió que no sabe cuándo llegarán nuevas dosis. En Casa Rosada, dicen que no tienen confirmación y en Olivos se borra la frontera que separa a la ansiedad de la desesperación. “Estaban prometidas para la segunda quincena. Pero acá es ver para creer”, afirma un funcionario que no se despega de Fernández.

Es larga la lista de anuncios que no se cumplieron. Aquel 12 de agosto, el Presidente dijo que las vacunas llegarían en el primer semestre de 2021 y pocos días después el director de mAbxience, el biólogo Esteban Corley, afirmó que en “enero o febrero” estarían en Argentina las primeras dosis. En noviembre, cuando anunció el fin del ASPO y el inicio del DISPO, Fernández afirmó: “en marzo podemos contar con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford”.

El 24 de marzo pasado, el canciller de México Marcelo Ebrard anunció que, desde la tercera semana de abril, comenzarían a distribuirse en América latina las primeras vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca. El 6 de abril, Infobae aseguró que era “inminente” la llegada al país de 4,6 millones de vacunas producidas por Oxford- AstraZeneca, con 900 mil dosis que arribarían a mediados de abril y 3,5 millones de dosis que lo harían en la primera quincena de mayo.

La historia es conocida en los círculos de entendidos. Según afirman quienes conocen el proceso local, la vacuna se está fabricando desde hace tiempo en la planta de Sigman y los envíos regulares a México se están cumpliendo. Pero el proceso se trabó en el laboratorio de Liomont debido a una medida de Donald Trump -ratificada en febrero por Joe Biden- que frena la exportación del filtro de vidrio microparticulado donde se fracciona y envasa el principio activo que produce mAbxience. La demora llevó a AstraZeneca a mudar la operatoria al laboratorio Albany Molecular Research Inc. (AMRI) de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos.

Poderoso, experimentado y de estrecha relación con los círculos del progresismo, el psiquiatra Sigman es el nombre local de lo que, hasta ahora, es una enorme decepción. Para sus defensores, la demora es producto de imponderables que exceden al dueño de Capital Intelectual, uno de los grandes empresarios que apostaron por el candidato Fernández. Para sus detractores, es una estafa imperdonable que cada día se cobra vidas evitables.

En las últimas semanas, con la segunda ola y la preocupación generalizada, Sigman se convirtió en el blanco de cuestionamientos que perforaron su habitual blindaje mediático. Recibió críticas y pedidos de explicaciones de la oposición de Juntos por el Cambio durante el informe de Carla Vizzotti en el Congreso y fue señalado por el Frente de Izquierda, que organizó una protesta frente  la planta de Garín y presentó un proyecto de ley en Diputados para declarar a mAbxience de utilidad pública y sujeto a expropiación para que se instrumenten los mecanismos para que se puedan envasar las vacunas en la Argentina.

Un grupo de científicos, sanitaristas y organizaciones ligadas a la salud le pidieron a la ministra Vizzotti que se frene la exportación del principio activo que se fabrica en Garín y que la producción nacional sea fraccionado y envasado en los laboratorios públicos y privados de Argentina, en lugar de salir hacia México sin garantía de regreso. “Argentina cuenta con dos plantas públicas con capacidad de envasar productos biológicos. Son el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma potencialidad”, dijeron.

Hay dos elementos que generan nerviosismo en el gobierno y elevan la presión en contra de Sigman. El primero es la violenta paradoja de una empresa argentina que fabrica cada día el principio activo necesario para combatir el virus y salvar vidas, en un país que ya supera los 58 mil víctimas fatales y se reconoce sin posibilidades de seguir vacunando a su población ante la falta de certidumbre.

Fuentes al tanto del proceso dicen que de mAbxience ya partieron rumbo a México y Albuquerque siete lotes con el equivalente a 42 millones de dosis. Sigman le transmitió al gobierno argentino que está cumpliendo con su parte: a más tardar cada 10 días, envía un lote con el principio activo para fabricar 6 millones de dosis. Los defensores de mAbxience afirman que lo único que hace el laboratorio argentino es producir el principio activo, pero no vende ni trae la vacuna.

Sin embargo, el segundo elemento que altera al Presidente y parte de sus funcionarios es el silencio del dueño del Grupo Insud, algo que, quizás por primera vez en su historia, resulta perjudicial para su estrategia de negocios y para el gobierno que lo cuenta como aliado. En la industria afirman que AstraZeneca y mAbxience firmaron un convenio de confidencialidad que le impide al dueño del laboratorio argentino dar explicaciones sobre la demora de la vacuna que se anunció hace más de ocho meses. De acuerdo al contrato entre las partes, la comunicación está a cargo de la multinacional sueca, que tampoco brinda información al público. De cara a la sociedad que precisa vacunas ante la segunda ola, nadie explica la demora.

Una de las pocas voces que se escuchó fue la de Sonia Tarragona, la jefa de gabinete del ministerio de Salud. “Todo eso no es automático, por eso me llama la atención cuando se hace este planteo de expropiar mAbxience para quedarnos con las vacunas. Es de una simpleza que me preocupa, no se le puede dar curso a una idea semejante”, dijo en una entrevista en la que dejó expuesta la contradicción.  “Se suele criticar a los más adelantados que tienen a cargo la producción de las vacunas por inocular primero a sus ciudadanos y luego, una vez que están todos protegidos, distribuirla al mundo. Pienso que nosotros, si tuviéramos la posibilidad, haríamos lo mismo. Antes de sacarlas afuera atenderíamos a nuestra población”. Paradojas al margen, Tarragona no es la más indicada para hablar. Fue la mano derecha de Silvia Gold y ejerció como directora de la Fundación Mundo Sano, uno de los emprendimientos de Sigman.

Quienes conocen el razonamiento del dueño del Grupo Insud afirman que es imposible para mAbxience incumplir un contrato y ceder el principio activo que se produce en Garín para que sea envasado en laboratorios nacionales. Sin embargo, también AstraZeneca está incumpliendo un contrato con el gobierno nacional, que ya pagó el 60% de lo que cuestan las 22,4 millones de dosis, según admitió ante la Comisión de Salud de Diputados el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo.

La preocupación escaló al más alto nivel. Según afirma un importante funcionario del gobierno, el Presidente se comunicó en las últimas semanas con el accionista principal de Insud. “Hablé con Sigman y dice que no se puede” es la respuesta que Fernández ofrece a los miembros del gabinete que cuestionan al empresario. Mientras tanto, los contagios se multiplican y la espera se prolonga.»

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Observación de AgendAR:

Es curioso, pero Genoud, quien escribió este durísimo cuestionamiento, es también quien publica aquí la explicación que se repite en mensajes privados: el laboratorio mexicano, Liomont, no puede importar de EE.UU. el filtro de vidrio microparticulado necesario para fraccionar y envasar el principio activo.

Es cierto que una disposición de Trump, cuando tomó en serio la pandemia, prohibió exportar productos médicos que pudierna usarse para combatirla hasta que finalice la emergencia sanitaria. Es cierto también que el gobierno argentino ha hecho gestiones ante la administración Biden para superar esta barrera.

Pero resulta difícil aceptar que la industria farmacéutica argentina, que domina un 66% del mercado interno, y que además exporta con marca propia e incluso ajena. Muchos «Big Pharma» yanquis y europeos compran sus medicamentos biológicos, hechos por ingeniería genética, aquí en Argentina (como también lo hacen en la India y en Corea), y se los llevan fraccionados y listos para su uso. Buscan menor precio a igualdad de calidad, y si se puede, que el comprador de a pie no se entere.

Son cosas posibles en un país cuya formación de RRHH en ciencias biomédicas y biología molecular la atestiguan 3 premios Nobel e institutos de investigación de reputación mundial. Ése es el origen de nuestra industria de medicamentos biológicos, y el otro son los precios elevadísimos de la medicación biológica en EEUU, la UE y Japón.

Sea dicho de paso, mAbxience se fundó para exportar «biosimilares», es decir anticuerpos monoclonales hechos en Argentina como sustitutos de sus equivalentes hechos a precios de locura en el Hemisferio Norte. La planta fue reconvertida técnicamente en una fábrica de vacunas que usan virus recombinantes de chimpancé como «carriers» de genes del antígeno Spike del virus SARS CoV-2. Y no se necesitó ni mucha plata ni mucho esfuerzo para ello. Esto es Argentina, estimados.

Hora también de aclarar que todo el mundo habla del «principio activo» que exporta mAbxience como si se tratara de materia prima. No lo es en absoluto. Es la vacuna concentrada y envasada a granel, una solución refrigerada y estable de adenovirus del resfrío de los chimpancés cultivados aquí en biorreactores, y luego genéticamente intervenidos para privarlos de su capacidad de reproducción y para insertarles epitopes (regiones bastante invariables) del antígeno Spike del SARS CoV2. El trabajo de los laboratorios Liomont, en México, es meramente fraccionar, envasar y etiquetar, no hacer brujería. ¿Puede hacerse aquí? Sí, claro.

Hay que comer vidrio para creer que aquí no tenemos vidrio para filtrar y encapsular dosis. Aquí hay farmacológicas grandes de capital argentino que viven de ello desde los ’90, y el estado también lo hace en algunos de sus instalaciones universitarias con capacidad industrial de medicamentos biológicos. Sin ir más lejos, el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, fundado por el presidente Arturo Illia en 1964, hace 51 años, hoy con exportaciones a decenas de países. Fraccionar biológicos no es una ciencia oculta. Al menos, aquí.

Por el problema jurídico, hay un antecedente muy respetable: el 3 de abril, la justicia estadounidense autorizó a su gobierno a disponer de la planta de Emergent BioSolutions de Baltimore, contratada simultáneamente por Johnson y Johnson y AstraZeneca para fabricar las vacunas de ambas multinacionales. Por una desprolijidad técnica (se mezclaron 15 millones de dosis), la firma estadounidense se queda con el 100 de la capacidad de producción, y la firma anglosueca debe irse de la planta y buscarse otro fabricante. El gobierno de Biden usó legislación de «razón de estado» acuñada durante la guerra de Corea, 70 años atrás.

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