La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados comenzó ayer la discusión sobre el proyecto de ley que propone un nuevo régimen de biocombustibles hasta el 2030, que reduce del 10% al 5% el corte obligatorio para el biodiésel. Una debate clave para la agroindustria argentina, que no tiene la repercusión que merece.
La ley que rige actualmente fue sancionada en 2006 y vence el 12 del mes próximo. El proyecto en tratamiento mantiene, en líneas generales, el sistema vigente de promoción y fabricación de biocombustibles hasta el 2030, pero modifica el porcentaje de corte obligatorio para el biodiésel.
El texto establece que será del 5% el corte obligatorio para el biodiésel en lugar del 10 como en la actual ley, y mantiene el del etanol en torno al 12% actual.
Y autoriza a la Secretaría de Energía a «elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas».
A la inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras».
Respecto al bioetanol, la legislación propuesta mantiene el corte nominal actual del 12% y establece bajo qué parámetros se deben cumplir con los cupos.
En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.
En ambos casos, nuevamente la Autoridad de Aplicación podrá elevar el referido porcentaje nominal o bien reducirlo hasta un 3%.
Además el proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2).
Este proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión, Omar Félix, y otros diputados del Frente de Todos. Cuenta con el apoyo del presidente del bloque, Máximo Kirchner. Mientras que las grandes empresas del rubro -que hace dos años se habían agrupado en Consejo Agroindustrial Argentino- apoyan la prórroga, que había sido aprobada en el Senado, de la ley vigente.