La justicia de los Países Bajos (antes «Holanda») ordenó al gigante petrolero Shell recortar sus emisiones de carbono en un 45% para el 2030.
En un fallo sin antecedentes, la corte de distrito de La Haya dispuso que la Royal Dutch Shell deberá reducir las emisiones en cumplimiento con el Acuerdo de París. El grupo anunció que apelará el fallo.
Aunque la Shell no sea uno los países firmantes de ese acuerdo, la jueza Larisa Alwin, de La Haya, entiende que la compañía tiene su propia “responsabilidad” en la consecución de los objetivos y que los planes que tenía para reducir sus emisiones son insuficientes, lo que afecta a los derechos humanos.
La sentencia, que Shell recurrirá, resulta histórica porque puede derivar en litigios similares en todo el planeta, cambiando la estrategia de los activistas y pasando de la protesta al choque legal.
El Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático también es obligación de las empresas.
El caso se remonta a 2019, cuando siete grupos, entre ellos Greenpeace y Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos de la Tierra, presentaron una demanda en nombre de 17.000 ciudadanos, donde afirmaban que la empresa amenazaba los derechos humanos con sus inversiones milmillonarias en la producción de combustibles fósiles, emitiendo tanto como Rusia. También denunciaban que no respetaba el Acuerdo de París, que busca que a final de siglo no se supere un aumento de la temperatura del planeta de 1,5 grados.
La jueza les da la razón: aunque sean los países los que firmaron el documento, las empresas tienen una carga que asumir “al margen de lo que hacen los estados”. “Incluso si los países hacen poco o nada, las compañías tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos”, argumentó.
La demanda abre la vía para otras sentencias contra más compañías
Shell contaba con su propio proyecto para reducir emisiones. Partiendo de los niveles del 2016, se había comprometido a rebajarlas un 6% para el 2023 y un 20% para el 2030, llegando luego al 2050 con emisiones cero. Para Alwin era un plan “insuficiente”, sin mayor concreción y “lleno de condicionantes”. Por eso “corre el riesgo de incumplir” y la obliga a redoblar el esfuerzo: exige el 45% para el 2030, comparando con el 2019. “Estamos invirtiendo miles de millones en energía baja en carbono”, dijo un portavoz de Shell tras el fallo, defendiendo el plan inicial.