El gobierno nacional destinará una partida de casi $ 18.000 millones para realizar un salvataje a las represas de Santa Cruz. El 2 de julio China había suspendido el envío de fondos. Los giros del crédito de los bancos chinos frenados desde 2018 y certificados de trabajos impagos por las restricciones presupuestarias. Se negocia una nueva adenda en el contrato.
Esta decisión quedó confirmada por el Decreto 489, firmado por todo el Gabinete nacional, donde el Poder Ejecutivo realizó distintas modificaciones presupuestarias.
El gobierno destinará una partida de 17.290 millones de pesos (alrededor de US$ 170 millones al cambio de hoy) para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), para continuar con las obras de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que el gobierno de Macri las había rebautizado como Cóndor Cliff y La Barrancosa.
El consorcio conformado por las firmas Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba le solicitó al gobierno un salvataje de alrededor de la cifra asignada para poder continuar con la construcción de las represas de Santa Cruz. Por su parte, China reclama la firma de una adenda financiera que se adecúe a la nueva realidad del proyecto.
Historia de dos represas
Como detalló hace un mes el periodista Antonio Rossi en el portal Letra P, la construcción de las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz enfrenta una situación límite por la combinación de una serie de factores y decisiones oficiales que arrastran casi tres años de demora.
Las obras en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic se iniciaron en 2015 con el fin de que entren en servicio en los primeros meses de 2020. Con los ingresos que iban a llegar por la venta de energía, el Gobierno tenía previsto comenzar a cancelar las cuotas del crédito de US$ 4.700 millones otorgado por los bancos chinos ICBC, CDB (China Development Bank Corporation) y el Bank of China Limited (BOC).
Cuando asumió a fines de 2015, Mauricio Macri frenó las obras y puso en marcha una prolongada revisión del proyecto que estuvo a cargo del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren -mucho más interesado en el petróleo que en centrales hidroeléctricas.
En el segundo semestre de 2017, la administración macrista y las autoridades chinas consensuaron una nueva versión del proyecto que, entre otras modificaciones salientes, incluyó la reducción de la potencia instalada, un mayor plazo para las obras reprogramadas y la incorporación de una línea de transporte en alta tensión desde Santa Cruz hasta Buenos Aires.
Pero tras haber acordado la reconfiguración del proyecto, Macri y Aranguren dejaron sin cerrar la actualización del contrato de financiación que se había firmado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner con el Gobierno y los bancos de China.
La falta de acuerdo con las entidades que financian las obras generó dos situaciones negativas. Por un lado, los bancos chinos dejaron de girar a fines de 2018 los fondos prometidos, cuando solo llevaban entregado el 36% del crédito total de u$s 4.700 millones de dólares. De lo aportado hasta ahora, u$s 1.300 millones se usaron en el pago de obras y compra de equipos y u$s 400 millones fueron anticipos a los fabricantes chinos de las turbinas. Por otro lado, los mismos bancos salieron en el último tiempo a presionar al Gobierno con el argumento de que ya estarían en condiciones de exigir el repago de las primeras cuotas del crédito original al cumplirse el período de gracia de 66 meses que se había pactado en 2015.
Un default en este contrato con China implicaría la paralización de todos los créditos para obras energéticas y de infraestructura que están activos con Argentina
A partir de diciembre de 2019, la tarea de adecuar el financiamiento chino quedó bajo la órbita del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Finalmente, quien, una acción conjunta con el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha permitido una solución de emergencia.
Y tanto Guzmán como Beliz se comprometieron a acelerar las gestiones para suscribir la adenda financiera pendiente y evitar de esa manera caer en default con China, lo que implicaría, por las clausulas cruzadas vigentes, la paralización de todos los créditos para obras energéticas y de infraestructura que están activos con Argentina.
Una vez que se regularice el contrato de financiamiento, las primeras remesas que ingresen servirán para que el consorcio constructor se ponga al día con sus deudas internas y devuelva los créditos que recibieron en los últimos dos años de la casa matriz de Gezhouba (US$ 300 millones) y la filial local del ICBC (US$ 40 millones).
Traspié geológico
Una complicación adicional que sumó demoras e interrogantes sobre la construcción de las centrales hidroeléctricas fue la detección, en 2019, de una falla geológica en Cóndor Cliff que provocó una grieta en uno de los taludes de contención que se había construido sobre el río Santa Cruz.
La aparición de ese imprevisto, que algunos especialistas atribuyen a la ausencia de estudios sísmicos y geológicos más profundos y previos al llamado a licitación, derivó en un rediseño del proyecto para reubicar las estructuras de hormigón para el desvío del río y el vertedero de la represa. Esas obras extra, según los cálculos oficiales, representan una inversión de u$s 200 millones que, en principio, estaría cubierta dentro del monto total que financian los bancos chinos.
Por el momento, la estatal IEASA, a cargo la certificación y control de las obras, se muestra reticente a avanzar con nuevas etapas del proyecto hasta que un panel de expertos internacionales pueda confirmar la viabilidad técnica y estructural de los trabajos complementarios que fueron propuestos por el consorcio para garantizar la seguridad y el funcionamiento de la represa hidroeléctrica.
Mientras eso no se resuelva, solo el aporte del Estado Nacional podría permitir la continuidad de las obras, ya que la adenda recién se firmaría luego de que concluyan una serie de estudios técnicos que incluyen la realización de un súper pozo destinado a descartar riesgos geológicos en la represa Néstor Kirchner.
