Empleo en la cosecha, el primer ensayo del cambio en los planes sociales

Juan Zabaleta, titular de Desarrollo Social, se reunió con el ministro Martín Guzmán

La llegada de Juan Zabaleta al ministerio de Desarrollo Social tiene varios frentes de trabajo y un desafío central: convertir al esquema de asistencia social en programas de empleo genuino. El Gobierno avanza en la concreción de diferentes alternativas, aplicables a rubros y condiciones de empleabilidad distintas.

El primer caso testigo es el del sector rural. Allí, y ante la necesidad de trabajadores para la cosecha, se llegó a un acuerdo con la UTEP y la CAME para sumar trabajadores que cobran asignaciones a ese empleo temporario. Los que hagan esa tarea, seguirán percibiendo la AUH o el Potenciar Trabajo, y recibirán el resto hasta alcanzar el salario de convenio del sector.

Según explican quienes trabajan en este cambio de paradigma, al ser la cosecha un trabajo temporario, cuando cesa esa actividad, el empleado mantiene los planes de asistencia. Este sector es, vale señalar, uno de los rubros con paga más magra en relación a la carga horaria y de esfuerzo.

«El desafío es transformar los planes sociales en trabajo (…) unos 250 mil beneficiarios van a poder compatibilizar estas ayudas con acciones que realicen en actividades vinculadas a las cosechas», dijo Zabaleta en las últimas horas.

En el caso del agro «los productores nos contaban que perdieron el 30 por ciento de la cosecha por no tener mano de obra. Se hizo un estudio y en la cosecha hay unas 250 mil personas que son beneficiarios de planes sociales como Potenciar Trabajo o Asignación Universal por Hijo (AUH)».

El ministro adelantó también que «vamos a ampliar a distintos sectores de la actividad económica que las personas que tienen un plan social puedan trabajar y mantener ambos. Tenemos el desafío enorme de transformar los planes sociales en trabajo».

Lo que se está evaluando ahora es qué variante se buscará en aquellos sectores que, aún requiriendo trabajo temporal, ese empleo podría volverse permanente, como es el caso de la construcción.

Esas alternativas aún se debaten y suponen la mayor complejidad. Naturalmente, en el Gobierno saben que la transición de planes a empleo depende, sobre todo, de que la recuperación de la economía se consolide como un proceso estable en el tiempo.

Además, la necesidad de transformar el empleo la asistencia es una necesidad del Estado para ordenar el gasto social para que sea sustentable. Con los niveles de inflación actuales, la asistencia crece en volúmenes para la caja del Estado, pero tiene un efecto más de sostenibilidad que de mejora en las condiciones para aquellos que la perciben.

Ese punto específico se debate en casi todos los ministerios, y sobre todo en Economía, y el pensamiento está en línea con la idea de los movimientos sociales de salir de ese esquema.

Hace unas semanas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, visitó Ciudad Oculta de la mano de dirigentes del Movimiento Evita. Uno de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de asistencia, generando empleo genuino.

Este martes, Guzmán estuvo reunido con el ministro Zabaleta en la previa al acto que compartieron en Avellaneda el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner. «Fue un repaso de temas generales», fue la versión oficial. El asunto de fondo estuvo, de todos modos, sobre la mesa.

“Hay una idea marco, que es la de trabajar con todos los sectores, con organizaciones sociales, sindicatos, cámaras y pymes”, sintetizaron desde el entorno de Zabaleta. Se va a encarar lo que viene en base a las necesidades de cada sector. En la carpeta está también un diálogo político con los intendentes y las organizaciones sociales que cuentan con unidades productivas.

«Zabaleta tiene el expertise del territorio, de su vida como jefe comunal en Hurlingham, lo que le facilita encarar esa cuestión, afirman.

Es necesario tener presente, sin embargo, que tanto los movimientos sociales opositores, como aquellos menos hostiles al gobierno nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), e incluso referentes del gobierno como el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y ahora precandidato a diputado por el Frente de Todos, impulsan un proyecto de ley para instaurar el salario básico universal.