«El Gobierno de las Islas Malvinas (Falkland Islands Government) se complace en anunciar que el trabajo para diseñar y construir la nueva instalación portuaria comenzó en agosto de 2020. La visión es reemplazar el puerto existente con una nueva instalación que beneficiará a los usuarios clave en la pesca, el turismo y el transporte marítimo. sectores, así como muchas otras partes de la economía. La nueva instalación apoyará la economía nacional y permitirá el crecimiento económico futuro continuo en muchos sectores comerciales.»
Lo que antecede es la traducción literal de un anuncio en la página oficial de las autoridades británicas en las islas (cliquear para acceder). El gobierno de Tierra del Fuego ya elevó una denuncia contra el avance de una iniciativa que busca quitarle el lugar de competencia al puerto de Ushuaia y trae consecuencias para nuestra soberanía nacional, y también económicas y para el ambiente en el Atlántico Sur y la Antártida.
El contrato de las obras se firmó en abril de 2020 con la empresa BAM Nuttall Ltd (grupo Royal Bam), compuesta por capitales mixtos británicos y holandeses, con sede en Londres, y en agosto de aquel año personal de la firma llegó a las Islas Malvinas.
La pandemia de coronavirus puso un freno a este proyecto, pero BAM Nuttall ya presentó el plano del nuevo puerto en una audiencia pública en la municipalidad local. Aunque las obras no comenzaron, fuentes del gobierno de Tierra del Fuego precisaron que ya estaban trasladando equipos.
La denuncia del gobierno de Tierra del Fuego
Las autoridades de la provincia del Sur, que por ley nacional tiene jurisdicción de Malvinas, Georgias del Sur y Antártida, rechazó el proyecto y elevó una denuncia contra la empresa. Destacaron que es la primera vez que se aplica una ley provincial vigente sobre alguna acción extranjera en Malvinas.
«Esta situación está en proceso de denuncia. Es algo inédito porque es la primera vez que un Gobierno provincial toma una medida de estas características, que de manera autónoma avanzamos en este sentido. Para hacer un puerto se tiene que cumplir con las leyes provinciales», explicó Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.
El funcionario precisó que la Secretaría a su cargo denunció ante la Secretaría de Medio Ambiente, organismo dentro del ámbito del Ministerio de Producción y Ambiente, que la empresa internacional incurre en la violación a dos leyes provinciales: la de Aguas y la de Ambiente.
A través de aquel procedimiento, la Secretaría de Ambiente envió una notificación oficial a la firma Bam Nuttall Ltd, en la que se la intimó a la regulación. Desde ese momento, tiene 90 días para presentar toda la documentación. «En función de la respuesta que tengamos se ve si entra la etapa de judicialización», indicó Dachary.
«Cualquier empresa que quiere hacer una construcción de este tipo en la provincia tiene que hacer determinadas solicitudes para poder avanzar. La empresa va a construir ilegalmente en territorio nuestro», denunció Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur.
ara el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, el objetivo que persigue la construcción del puerto «es el petróleo, la pesca, una cuestión geopolítica de tener una presencia muy fuerte en el Atlántico Sur y la cuestión Antártica».
«En el Atlántico Sur se juega una gran riqueza de fauna marina, de petróleo y distintos recursos que se lo quieren apropiar»
Primeras reacciones en el nivel nacional
No cabe duda que el problema que este desarrollo presente a la Argentina trasciende la legitima preocupación provincial.
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, en declaraciones periodísticas dijo que el desarrollo del nuevo puerto «es ilegítimo e ilegal» puesto que «viola la resolución 3149 de Naciones Unidas que dice que ninguno de los dos países en el área de controversia pueden desarrollar actividades sin la autorización del otro». «Esto muestra es la importancia que va adquirieron el Atlántico Sur en la cuestión geopolítica global».
Consultado sobre el rol de otros países en estos debates, sostuvo: «Hemos resuelto hace muy pocos días en Naciones Unidas la recuperación de la zona de paz del Atlántico Sur, hemos definido que tiene que ser una zona desmilitarizada y al mismo tiempo que las potencias regionales no deben tener cabida en la región».
«… Hemos logrado que, con una declaración conjunta que hicimos con Brasil y Uruguay, se recupere la zona de paz. Esto plantea que tiene que ser una zona de protección de la pesca ilegal, del ambiente y también desmilitarizada. En esto hay conciencia y convergencia».
En la misma línea se expresó el senador fueguino de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, quien a través de las redes opinó: «No me cabe la menor duda de que el Puerto que Gran Bretaña pretende construir en Malvinas es para proyectarse estratégica y geopolíticamente como polo de apoyo logístico sobre la Antártida».
En AgendAR estamos a la expectativa de las decisiones que debe tomar el gobierno nacional. Es posible -y tal vez sea prudente- que se anuncien después del próximo domingo, para evitar que aparezcan como otro ruido electoral.