El 26 de septiembre se vota en un referéndum para que las autoridades de Berlín confisquen más de 200.000 viviendas y pasen a ser propiedad pública.
Con una combinación de colores púrpura y amarillo y eslóganes multilingües, los carteles que piden el voto afirmativo en el próximo referéndum sobre la propiedad en Berlín no pasan desapercibidos. «Para que Berlín siga siendo nuestro hogar» puede leerse en varios idiomas. En la esquina inferior de cada cartel aparece el logotipo del grupo que está detrás de la campaña «Expropiación de Deutsche Wohnen y compañía”.
Quieren que los ciudadanos respalden su llamamiento para que el Senado de Berlín elabore una ley que permita la expropiación de lo que denominan empresas inmobiliarias «privadas», concretamente las que poseen más de 3.000 viviendas. Quienes se oponen afirman que las empresas serían indemnizadas a un precio «muy inferior al valor de mercado».
Consideran que una ley de este tipo sería compatible con la Constitución alemana en virtud del artículo 15, nunca antes utilizado, que establece que «el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización”.
La empresa inmobiliaria Deutsche Wohnen, que posee unas 113.000 viviendas en la ciudad, es claramente el principal objetivo. Pero muchas otras empresas se verían afectadas, como Vonovia (que actualmente intenta comprar Deutsche Wohnen) y el Grupo Pears.
La crisis inmobiliaria de Berlín se ha agudizado en los últimos años. El referéndum del 26 de septiembre probablemente aumentará las tensiones.
El 26 de septiembre, el mismo día de las elecciones federales alemanas, los berlineses votarán sobre la radical propuesta. Para llegar hasta ahí, los organizadores han tenido que recoger 175.000 firmas verificadas de ciudadanos con derecho a voto en Berlín.
Lo consiguieron en pocos meses, lo que refleja la fuerza de las opiniones en la ciudad en torno a su creciente crisis inmobiliaria. Los últimos sondeos sugieren que una escasa mayoría de los votantes de la capital apoya una ley de expropiación.