La historia del conflicto minero en Chubut

Ayer lunes 20 el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció la derogación de la ley provincial de zonificación minera y la convocatoria a un plebiscito sobre el tema. Es el episodio más reciente -no el último- de un enfrentamiento del que ya han oído todos los que se interesan en nuestro país en la producción y/o la preservación del ambiente.

Pero lo que se escucha más son las consignas que se gritan los dos lados de la discusión. AgendAR no es «neutral», por supuesto. Estamos comprometidos con la producción y el desarrollo argentino. Pero tenemos claro que los conflictos no se dan en abstracto; involucran a personas reales, en lugares concretos.

Por eso reproducimos esta informada nota que escribió Elisabeth Mohle, Licenciada en Ciencias Ambientales, Magíster en Políticas Públicas y Becaria Doctoral en Ciencia Política en la UNSAM para Cenital. Ella había hecho su tesis de maestría sobre los conflictos mineros en Famatina y Andalgalá.

Y a continuación, agregamos algunas reflexiones nuestras.

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«Zonificación minera en Chubut

Primero, un poco de historia. En Chubut, particularmente en la ciudad de Esquel, se encuentra el hito fundacional del “No a la minería” en Argentina. A partir de la organización de la ciudadanía en oposición a un proyecto minero en el entorno de la ciudad, en el año 2003 se llevó a cabo un referéndum donde ganó el “No a la Mina” con un 81%.

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Esto tuvo dos consecuencias. Por un lado, Esquel se convirtió en estandarte para las organizaciones que se oponen a la actividad minera. Por el otro, a partir del referéndum se sancionó la Ley 5001. Esta norma provincial establece dos cosas:

  1. La prohibición de la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
  1. Que en el plazo de 120 días corridos, a partir de la sanción de la ley, deberá llevarse a cabo la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso y así definir las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en la misma ley.

Es decir, prohíbe la actividad, pero también ordena la zonificación del territorio provincial para determinar dónde y cómo sí se podría hacer minería.

Eso fue en 2003. Los 120 días obviamente pasaron hace mucho tiempo y la zonificación no se hizo por una importante y movilizada oposición ciudadana en la provincia.

La novedad es que el miércoles pasado (15/12/2021) la legislatura chubutense finalmente aprobó un proyecto de zonificación, que establece como áreas de excepción a la prohibición mencionada en la Ley 5001 a los Departamentos de Gastre y Telsen que se ubican en la meseta central.

Respecto de la protección ambiental, la ley detalla una serie de aspectos a cumplir:

  1. Cómo deben ser los Estudios de Impacto Ambiental que tienen que presentar los potenciales proyectos.
  2. En el artículo 13 indica que los emprendimientos deberán llevar adelante “un estudio de búsqueda, identificación y captación del recurso hídrico de manera previa a cualquier otra tarea”. Y el Instituto Provincial del Agua y la autoridad de aplicación de la ley deben luego determinar la viabilidad del uso del recurso.
  3. Los titulares de los proyectos tienen que constituir garantías para que esos fondos estén a disposición si hicieran falta acciones de reparación.
  4. También deben presentar un plan de cierre de la mina cuando deje de estar en operación.
  5. Por último, crea un observatorio de recursos naturales entre cuyas funciones se encuentra elaborar un plan de fiscalización ambiental.

En relación con los aspectos sociales, la ley determina que:

  1. Las empresas deben realizar estudios de base donde consignen información social, sanitaria, indicadores de salud públicos y otros datos de la población que habita en el área de influencia de cada proyecto.
  2. El mismo estudio debe tener un Plan de Acción Socioeconómico Ambiental que funcione para controlar, medir y contener los impactos ambientales y sociales del proyecto.
  3. La mano de obra tiene que ser 80% local y debe haber un plan de capacitación de la mano de obra chubutense.
  4. El 50% de los proveedores de los proyectos deben ser chubutenses y, a través de un programa de desarrollo de proveedores, debería llegar al 70% en las etapas avanzadas de la actividad.
  5. Las empresas deben llevar a cabo inversiones en infraestructura tanto para el desarrollo del proyecto, como para uso comunitario.
  6. Por último, debe convocar a comisiones compuestas por diversos actores para debatir el diseño de políticas en pos del “desarrollo productivo diversificado”.

Luego ahonda en muchos detalles pero tenemos que seguir con la historia y lo sustantivo.

El proyecto de esta Ley de Zonificación es del 2020 y se viene intentando aprobar en varias instancias. En este caso ni siquiera estaba en la orden del día, sino que fue incluida a último momento por el bloque oficialista. Y así se votó «de prepo» en la noche del miércoles en una Legislatura rodeada por fuerzas de seguridad ante un llamado de alerta de las organizaciones que se oponen a la minería. La votación fue bastante pareja: hubo 14 votos a favor, 11 en contra y 2 ausentes. Luego, con la sanción del proyecto, en muchas localidades chubutenses la gente salió a las calles a protestar y la respuesta del Estado Provincial fue represión, balas de goma y detenidos. El jueves siguieron las protestas, los disturbios -que llegaron a provocar incendios en la Casa de Gobierno de Chubut- y la represión.

Ahora, volvamos un poco para atrás para preguntarnos por la minería en sí. Cuáles son los principales reclamos, cuál el impacto ambiental y cuál el rol de la actividad en la economía.

Ambiente

Este punto depende un poco de la geografía particular en la que se inscribe cada proyecto. En el caso específico de la zonificación en Chubut, circuló mucho este documento de trabajo del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), donde se abordan principalmente dos dimensiones ambientales:

  1. Disponibilidad de agua

En este punto se señala que el cambio climático genera por sí mismo estrés y vulnerabilidad de los recursos hídricos en la provincia, con lo cual sumar otro factor como la actividad minera, que es una importante consumidora de agua, podría constituir un riesgo adicional para la disponibilidad del recurso.

Respecto a este tema, el gobierno sostiene que en el proceso de exploración minera se encontró la cuenca Sacanana y que se utilizaría esa agua.

Sin embargo, el informe del CENPAT responde que estas “nuevas” reservas deberían usarse para propiciar actividades que permitan impulsar el desarrollo sustentable de la región y mejorar la calidad de vida de sus pobladores, y que las estimaciones de la recarga anual y el balance hídrico que existen aún son preliminares.

  1. Vulnerabilidad ambiental

El segundo punto del informe es el riesgo de que la minería a cielo abierto potencie los escenarios de vulnerabilidad ambiental de la meseta dados por los procesos de desertificación, el cambio climático y las lluvias extraordinarias. Por ejemplo, una de las particularidades del proceso minero es que pone en superficie importantes cantidades de roca molida, muchas veces en altas concentraciones de materiales, como ocurre en los diques de cola. Si bien en condiciones normales esto debería estar bien controlado, ante eventos extraordinarios constituyen un riesgo de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos.

Respecto de estos dos primeros puntos, es responsabilidad de la provincia establecer si y cuánta agua puede usar la minería y arbitrar las medidas para reducir al mínimo -aún considerando los eventos extremos- los riesgos ambientales.

Un tema que no menciona el informe pero siempre aparece relativo al tema minero es el uso de cianuro. Acá es donde me doy cuenta que no te expliqué el proceso minero.

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Es relativamente sencillo: como agotamos aquellos yacimientos donde había mucho mineral concentrado y entonces tenía sentido (?) ir picando solo esa parte, ahora lo que se hace es moler grandes cantidades de roca y filtrar el mineral de interés. Eso se hace porque la minería sigue siendo necesaria para el sostenimiento de las sociedades, e incluso para el proceso de descarbonización que requiere la acción climática. En muchos casos se van a requerir aún más minerales, porque tanto los autos eléctricos como la producción de energía van a requerir más cobre que sus alternativas tradicionales.

En algunos casos, en ese filtrado, se usa cianuro, que es un elemento químico tóxico.

En este caso, la ley de zonificación no permite el uso de cianuro.

Economía y empleo

Otra parte importante de las demandas respecto de la minería tienen que ver con cuánto deja en el país en general y en las comunidades vecinas en particular. En este sentido hay muchísimos aspectos que considerar. Veamos un par.

En primer lugar, está la cuestión de las regalías. Como lo establece la Ley de Inversiones Mineras de 1993, el tope de regalías es de 3% sobre el valor de boca de mina. Es decir, lo que vale el mineral justo cuando se extrae, antes de atravesar cualquier proceso de agregado de valor. Este es el aporte directo de la actividad a las finanzas provinciales.

El otro aporte directo es el del empleo.  En 2019 el sector generó 24,5 mil puestos de trabajo asalariados formales. Y en 2020 la minería metalífera fue la actividad con mayor remuneración promedio y una tasa de formalidad superior al 90%.

Luego están los aportes indirectos que son más difíciles de dimensionar. Por ejemplo, el aporte de divisas y cómo impacta eso sobre los bolsillos individuales es una vinculación más compleja de ver.

Por el lado de las exportaciones, el sector representó en 2019 el 4,1% del total exportado de Argentina (unos 3.000 millones de dólares, más o menos equivalente a lo que exportamos de carne). Con la particularidad de que, según la Secretaría de Minería, para las provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Catamarca, la actividad explicó entre el 60% y el 90% de las exportaciones provinciales.

Esto obviamente permite dos lecturas rápidas: la primera es la dependencia de estas provincias a la actividad, y el riesgo, por lo tanto, a la cooptación del Estado. Y la segunda es el contrafáctico, ¿cómo serían las provincias sin la minería?

Volviendo al caso de Chubut, miramos principalmente las grandes ciudades donde hay otras fuentes de ingresos -turismo en la cordillera o petróleo y pesca en la costa-. Sin embargo, hay habitantes de la meseta que históricamente han pedido que se pueda desarrollar la actividad minera, dado que es la región más pobre de la provincia, que vivía de la ganadería ovina, pero que se está despoblando por la falta de otras oportunidades e infraestructura.

Por último, el desarrollo de proveedores. Es decir, las actividades económicas asociadas a la minería. Esto va desde la producción de la indumentaria y el catering que se usa y consume en las minas hasta los explosivos, las maquinarias y servicios como por ejemplo construcción, transporte o ingeniería. Según el CEP-XXI, en 2019, hubo más de 25.000 puestos de trabajo formales indirectos adicionales a los directos en los proveedores mineros inmediatos, en ramas como por ejemplo la construcción (6.200 empleos), industria (5.600 empleos), o transporte (2.700 empleos), entre otros. Así se explica el apoyo de sindicatos como la UOCRA o Camioneros a la zonificación. También, el informe señala que, de cada 100 pesos de ingresos de las mineras, hay 51 que se destinan a proveedores nacionales.  Los restantes 49 se dividen entre salarios de los trabajadores y trabajadoras de las minas (es una actividad muy masculinizada, hay apenas un 8% de mineras mujeres), impuestos provinciales y nacionales, importaciones de insumos y maquinarias, y ganancias.

Lo último a considerar en este punto es la capacidad de aprendizaje de los diferentes actores. En este sentido, por ejemplo, el primer proyecto minero que fue La Alumbrera en Catamarca,  inaugurado en 1997 no contemplaba la exigencia del 80% de mano de obra local ni el porcentaje de proveedores locales (lo que hizo que buena parte de los proveedores se desarrollara en la vecina Tucumán). Esas exigencias ahora sí están en la Ley de Zonificación chubutense, gracias a la demanda social.

Discutir, democracia y Estado

Ahora bien, el balance final respecto de los costos y beneficios de la actividad no es objetivo porque no todo es traducible en términos económicos, y hay cuestiones del orden de la percepción de los riesgos y la valoración de las diferentes dimensiones de la problemática que hacen que, donde unos ven minerales exportables que pueden aportar a la estabilidad macroeconómica y a puestos de trabajo de altos salarios, otros vean puesto en riesgo su acceso al agua.

En este sentido, es esperable encontrar voces en contra y voces a favor de la actividad. Y ambas son legítimas. Enmarcar la discusión como “trabajo versus hippies”, o el “pueblo versus lobbistas” no sería la forma más propicia de dar un debate sano y necesario sobre la minería y el desarrollo argentino.

En el caso específico de Chubut, sobre esta discusión que ya es compleja por sí sola se monta un gobierno deslegitimado que llevó adelante el proceso de manera totalmente desprolija y sin generar confianza en la ciudadanía. Lo cual es particularmente problemático cuando van a ser instituciones provinciales las que dictaminen sobre el tema más cuestionado, que es el del uso del agua en una provincia que ya sufre problemas de provisión del recurso.

Además, el gobernador Mariano Arcioni llegó a la gobernación haciendo campaña explícita en contra de la minería en la provincia. 

Y, una vez llegado al poder, cambió de postura y envió el proyecto de zonificación. Desde ya que cualquiera puede cambiar de opinión, hasta es lógico que alguien, cuando se encuentra con los desafíos reales de la gestión de una provincia, vea algunas cosas con otros ojos. Pero es necesario explicarlo. Más en el contexto que contábamos antes de una sociedad tan movilizada por el tema y con un gobierno desprestigiado por muchos problemas de gestión.

Lo que me encontré en el trabajo de campo y el relevamiento histórico de mi tesis es que a veces el manejo político de quienes promueven la actividad es tan torpe que parecieran estar en contra. ¿Por qué una empresa haría una inversión a 10-20 años en una provincia donde el gobernador cambia de opinión tan radicalmente y sin explicación? ¿O en una provincia donde el gobierno no puede garantizar la paz social?

Más allá de Chubut

El desarrollo es un proceso complejo que requiere consensos, concesiones y mucho trabajo. La Argentina necesita estabilizar su economía, generar trabajo, crecer, reducir la pobreza, exportar más para superar la restricción externa y activar sectores productivos, a la vez que lleva adelante una transición al desarrollo sustentable y se adapta a las consecuencias del cambio climático. 

Para eso es imprescindible dar una discusión seria sobre qué actividades y cómo y quién las llevan adelante. Por un lado, tienen que tenerse en cuenta las preocupaciones vitales de la ciudadanía y responderlas con responsabilidad. Pero también es importante discutir cada actividad con datos en la mano, con las alternativas existentes e inexistentes en mente y sin abusar de promesas ni de eslóganes. La minería en sí misma no es ni la meca del desarrollo, ni la muerte.

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Unas reflexiones de AgendAR:

Hay un punto que nos parece necesario remarcar, como antecedente para el futuro de la minería en Argentina, y que confirma lo que dice Mohle cuando califica de torpe y desastrosa el manejo de este tema por parte del gobierno de Chubut. No sólo del actual.

Porque el texto de esa ley provincial de Chubut es mucho más previsor de los posibles daños que puede provocar la minería, que la ley nacional de 1993 para la actividad que impulsó Domingo Cavallo.

Apunta a temas técnicos bastante más sensibles, y menos divulgados, que el uso de cianuro, y la ley chubutense los encara bien: la gestión de las «colas», y la constitución de un fondo de garantías ejecutables y sustanciales por parte la empresa minera.

Porque la ley de Cavallo permite que agotado un yacimiento (y eso a cielo abierto toma dos o tres décadas, raramente más), la empresa minera argentina con nombre de fantasía y sin bienes ejecutables locales que opera a nombre de una multinacional… se disuelve. No está más. Se fué. Chau.

Pero deja de recuerdo inmensos «diques de colas», llenos de roca molida a grano talco. Tienen una carga geológica de metales pesados idéntica a la de las formaciones de las cuales fueron extraídos. Pero no sólo tienen una granulometría que favorece el intercambio de solutos, sino que han atravesado procesos químicamente enérgicos de lixiviación. Eso vuelve fácilmente solubles los metales pesados, el contenido ácido o alcalino de esas colas.

Supuestamente los diques de colas deben durar siglos enteros sin cambios. Los que permite la ley Cavallo no lo hacen. Sus cerramientos tienen la construcción más berreta imaginable (rocas amontonadas por gravedad) y como toda impermeabilización, a lo sumo cuentan con una compactación del terreno a topadora, seguida por el tendido de una membrana de plástico.

Con esa «ingeniería de gestión», por llamarla de algún modo, no sólo muy factible sino estadísticamente inevitable que más rápido que tarde un largo inventario de metales pesados, cada uno tóxico a su manera y todos ellos imposibles de eliminar, lleguen a los arroyos, ríos, lagos y acuíferos.

El depósito ejecutable, si es sustancial y no simbólico, impide que la minera se vaya y te deje un desastre imposible de gestionar: cerros enteros molidos, depositados como millones de toneladas de barros tóxicos listos a derrumbarse como aludes o «lahares» por las quebradas al primer terremoto. Y quien queda a cargo de eso es el estado provincial, que se limitó a ganar el 3% del valor de la mena metalífera en bocamina. Y que no puede con el problema, tira la toalla y le pasa el problema al estado nacional. Que generalmente, no hace nada: Baires está lejos y la deuda externa no le permite andar remediando viejos pecados de administraciones anteriores.

Hasta hoy el país tiene UN SOLO EJEMPLO de un depósito de colas de minería bien gestionado: el contiguo a la ciudad mendocina de Malargüe, donde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) invirtió U$ 19 millones de dólares en un enterramiento geológico de capas múltiples de bentonita (arcilla que atrapa e inmoviliza cualquier átomo metálico), roca fina, roca gruesa y otras arcillas aislantes. Antes de su encerramiento por arriba, abajo y los laterales, las colas fueron neutralizadas y secadas, y su encapsulamiento geológico impiden que durante 500 años lleguen hasta ellas la lluvia o cualquier ascenso de agua freática. Ninguna de las explotaciones mineras creadas por la ley Cavallo es capaz de mostrar una obra semejante.

El 25 de energo de 2019 un lahar causado por el derrumbe de un dique de colas de la empresa Vale do Rio Doce, generadas por una una mina de hierro, enterró vivos a 182 habitantes de un pueblo brasileño en Minas Gerais, Brumadinha.

Ahora, la realidad inescapable es que necesitamos los minerales. Los veganos pueden decir que no consumen productos animales. Pero nadie deja de usar minerales en su vida cotidiana. Cuando se rechaza a la minería, se está reclamando que se haga «en otro lado».

Es que la expresión «megaminería» encierra una falacia. Porque no hay «miniminería». La minería en gran escala es la que existe, salvo emprendimientos muy especiales, en cantidades irrelevantes. El minero individual, con su pico y su burro, se queda en las viejas películas del Oeste norteamericano.

Y señalamos algo: Chubut hay una ciudad muy hermosa, una de las más importantes de la provincia, Puerto Madryn, blanca, limpia y próspera. Con una alta calidad de vida, goza de un entorno natural envidiable. En su cercanía, ballenas y pingüinos atraen al turismo. Pero no vive del turismo.

Su crecimiento y su prosperidad se deben en gran parte a ALUAR. La empresa cuyo nombre es ALUminio ARgentino. Y si hay una «megaminería» a cielo abierto, esa es la de la bauxita ¿O cómo creen que se obtiene el aluminio? La precaución de los hermanos Madanes cuando fundaron ALUAR es que la bauxita viene siempre de otros países como Jamaica o la India, y el nuestro no tiene que hacerse cargo de ESOS pasivos ambientales.

Esto demuestra que se puede convivir, bien, con la actividad minera. Pero es imprescindible convencer a la comunidad de eso. En las sociedades modernas, no hay forma de llevar adelante esa actividad en gran escala si una mayoría -o aún una minoría importante- se opone. Y si las leyes están escritas por las mineras, con el solo agregado nacional de la traducción al castellano, es difícil que eso ocurra.