Bruno Rodríguez tiene 20 años y pertenece a la organización «Jóvenes por el Clima», que integra el movimiento internacional que lidera la activista sueca Greta Thunberg. Y afirma «La construcción de una agenda reivindicativa de un ambientalismo que se sitúa en el campo popular, de ninguna manera, puede desligarse de las problemáticas sociales que azotan a nuestro país. Nosotros permanentemente afirmamos que existe una unión muy tajante entre la justicia social y la justicia ambiental».
Compartimos este reportaje que le hizo Enrique de la Calle para la Agencia Paco Urondo, en especial sobre su visión sobre los debates actuales, que hemos buscado reflejar en AgendAR, en torno a ambiente y producción.
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«APU: Usted es un militante del ambientalismo pero intenta incoporar a la discusión cuestiones vinculadas al desarrollo económico, como el crecimiento, la necesidad de explotar recursos naturales, la generación de divisas, etc.
Bruno Rodríguez: El ambientalismo que de alguna manera tratamos de impulsar desde «Jóvenes por el Clima» se encauza dentro del campo popular con una perspectiva anclada en la cuestión nacional.
APU: Un ambientalismo anclado en el campo popular: ¿qué características debe tener? ¿qué discusiones debe incluir?
BR: La construcción de una agenda reivindicativa de un ambientalismo que se sitúa en el campo popular, de ninguna manera, puede desligarse de las problemáticas sociales que azotan a nuestro país. Nosotros permanentemente afirmamos que existe una unión muy tajante entre la justicia social y la justicia ambiental, ya sea porque lo demuestra la realidad efectiva, en el hecho de que los impactos ambientales, que acarrea la crisis climática y ecológica, profundizan las desigualdades sociales, exacerban las brechas económicas y de alguna manera nos obligan a abordar estas cuestiones en conjunto.
Por otro lado, entendiendo que formamos parte de un movimiento internacional, que es el de Greta Thunberg, «Fridays for future», nuestra inserción como Argentina en el mapa geopolítico nos obliga a incorporar una perspectiva de defensa de la soberanía nacional. Defensa sobre la soberanía de nuestros bienes comunes naturales, porque en definitiva vemos que las tendencias geopolíticas que marcan un sendero de sometimiento a las economías periféricas, a partir de instrumentos como, por ejemplo, el endeudamiento externo, nos obligan a transitar ese rumbo.
APU: A partir de ese primer posicionamiento, ¿cómo piensa las discusiones en torno a la minería en Chubut o la exploración offshore en Mar del Plata?
BR: Si analizamos el caso de Chubut, más allá de la apuesta del gobierno de Arcioni de impulsar un proyecto de zonificación minera, vemos otros elementos que nos obligaron como «Jóvenes por el Clima» a posicionarnos en contra de este tipo de iniciativas. Por un lado, la represión salvaje que sufrió la población chubutense cuando se manifestó en contra, la falta de licencia social en el territorio para llevar adelante y efectivamente implementar este tipo de proyectos. El componente democrático debe estar presente en el debate socioambiental. Por otro lado, tenemos a la actividad propia. Estamos en contra del proyecto de zonificación minera que quiso impulsar Arcioni también desde una perspectiva ambiental entendiendo que históricamente los supuestos beneficios que proveé la actividad minera recaen de una manera muy débil sobre las condiciones materiales de la población. Igualmente, me parece que hay otros debates en relación a la minería que exceden al conflicto en sí.
APU: ¿Cuál es la posición de ustedes sobre la minería como actividad?
BR: Para llevar adelante un proceso de transición energética, por ejemplo, ya sea a partir de una perspectiva de desarrollo de la industria nacional de energías renovables, es necesario impulsar este tipo de actividades que muchos sectores del ambientalismo directamente las niegan por completo. Sectores que se desligan por completo de la realidad macroeconómica del país, que no entienden directamente a las actividades productivas, etc. Creo que hay que tener una perspectiva en relación a la extracción de minerales que sea soberana, porque si analizamos cuales son las apuestas que se dan mundialmente respecto a la transición energética, por ejemplo, tenemos el plan de transición del gobierno de Joe Biden de Estados Unidos, que plantea recambiar la flota entera de automóviles norteamericanos por ejemplares eléctricos y para eso se necesita un volumen de extracción de litio, que se concentra mayormente en Chile, Argentina y Bolivia. Entonces, ¿vamos a permitir que nuestros territorios se conviertan en las zonas que proveen de minerales a los procesos de transición energética del norte global o vamos a disponer nuestros territorios para que satisfagan los intereses socioambientales de nuestros países? Creo que en ese sentido la discusión tiene que darse en el marco de la defensa de nuestra soberanía territorial.
APU: A ver si lo entiendo bien: usted diría que no está en contra de la minería, per se. Ahora, cree que esa discusión debe atender la cuestión socioambiental y también la soberanía nacional. ¿Esa sería su posición sobre la minería?
BR: Lo resumió muy bien pero también le agrego un componente más: es importante la integración de las comunidades en los procesos de decisión respecto a los proyectos mineros. De ninguna manera puede avanzar un proyecto si se degrada la licencia social que provee una comunidad. Para tener una buena calidad democrática en los territorios donde se quieren implementar este tipo de iniciativas, necesariamente las comunidades tienen que ser oídas.
APU: ¿Y cómo piensan la exploración offshore de petróleo y gas?
BR: Para el caso de la exploración petrolera nos ubicamos en una problemática distinta. Nos ubicamos en la problemática de la energía, tanto en el marco nacional como en lo que hace a la transición energética. Hay unos datos que me parecen importantes dar. Más allá de que este proyecto plantee la ampliación de la frontera hidrocarburífera por vía de explotación de plataformas offshore, hay ciertas tendencias a nivel mundial respecto a la transición, que marcan un camino muy desalentador para el abandono de las energías que se sostienen sobre los combustibles fósiles. La Agencia Internacional de Energía prevé en su escenario actual de política, que va a haber un incremento de la demanda del petróleo para el año 2030, con una leve disminución para el año 2050. Un incremento en la demanda del gas para el año 2050, producto de la presión de las economías emergentes. También, prevén que si se cumple el Acuerdo de París, tanto el petróleo como el gas van a superar la demanda que es necesaria para alcanzar emisiones cero al año 2050. La tendencia de descarbonización es regresiva considerando la lentitud en la transición del norte global y también la falta de compromiso que tienen estos Estados en obligaciones que ya contrajeron en alguno de sus propios acuerdos.
Por eso, cualquier proyecto relacionado con la ampliación de la frontera petrolera en Argentina debe comprender a la vista de esos escenarios internacionales. En ese sentido también tenemos que hablar de la lentitud de las transiciones, históricamente. Por ejemplo, el petróleo comenzó a explotarse comercialmente en la década de 1860, medio siglo después representaba solamente el 10% de la producción energética y tardó 30 años más en llegar al 25%. Por eso, muchas veces cuando hablamos sobre el por qué estamos tardando tanto en llevar adelante una transición energética que recambie los combustibles fósiles tenemos que analizar cuál es el antecedente histórico.
Y acá me parece que estamos en una encrucijada importante, nos ubicamos en el presente y ahora estoy hablando concretamente del proyecto. Argentina necesita exportar más, necesita estabilizar nuestra balanza comercial, necesita fortalecer las reservas del Banco Central, necesita estabilizar la balanza fiscal, necesita consolidar nuevos ciclos redistributivos y para eso se necesita el ingreso de un volumen de divisas muy importante. Eso es innegable, producto de la crisis social y económica que nos legaron los sucesivos gobiernos, particularmente el de Macri. Lamentablemente la canasta exportadora de nuestro país la protagonizan actividades productivas que son intensivas en recursos ambientales, es decir, actividades ambientalmente depredadoras, que consumen muchos recursos naturales o que nos dejan pasivos ambientales muy fuertes. Por eso me parece que uno de los errores del gobierno nacional, que de ninguna manera pueden persistir en el tiempo, es la falta de credibilidad y la falta de controles ambientales en este tipo de proyectos. Es realmente una necesidad imperiosa la que emerge en ese sentido, a partir de este conflicto: la necesidad de discutir sobre la configuración de estrictos controles ambientales para este tipo de iniciativas. Porque en definitiva si se pulveriza la credibilidad del Estado emerge el rechazo generalizado de la sociedad, como lo vemos hoy en día, en el caso de Mar del Plata.
APU: En el caso más concreto del petróleo, ¿no reconoce la experiencia de 100 años de Argentina en la materia (lleva 30 años en offshore sin incidentes graves)?
BR: Si analizamos el folklore nacional y de reivindicación, que incluso forma parte de nuestra construcción identitaria, en el caso de YPF tenemos un ejemplo muy positivo. Yo reivindico YPF, reivindico su estatización. También en el marco de la crisis social que nos azota, reivindico políticas que tiendan a tender puentes en la relación entre públicos y privados, obviamente siempre y cuando, el beneficio económico recaiga mayoritariamente sobre el agente público. Me parece que más allá de eso, no puede ignorarse la falta de credibilidad del Estado con anuncios tardíos, recordemos que se levantó la suspensión que había impuesto el Ministerio de Ambiente al avance del proyecto a fin de año, justo cuando estábamos en las fiestas. Esto fue moneda corriente en casos previos, incluso con Chubut el año pasado. De alguna manera, este tipo de desprolijidades abona a que se exacerbe el nivel de conflictividad y de rechazo. Es necesario tomarlo en serio, realmente hacer una autocrítica muy importante por parte del Gobierno. Y por supuesto, como «Jóvenes por el Clima», más allá de que entendemos el debate acerca de la necesidad de aumentar e intensificar la capacidad de nuestro aparato productivo y aumentar las exportaciones con respecto a la ampliación de la frontera hidrocarburífera, no creemos que este tipo de políticas se inserten en el paradigma de transición ecosocial por el que pugnamos
APU: ¿Cómo ve el debate al interior del ambientalismo, entre posiciones más regulacionistas, como la de ustedes, y otras prohibicionistas?
BR: Me parece que hay que cambiar la dialéctica del debate. Nosotros en este conflicto como en otros, hacemos una crítica generalizada de cuáles son las bases que disparan la discusión. Esto lo escribí en un artículo pasado, creo que le hace muy mal, tanto al movimiento socioambiental, tanto como a quienes están afuera y quieren insertarse en este emergente social, que nos dividamos en trincheras discursivas que profundizan la supuesta dicotomía entre ambiente y desarrollo. Ya sea que el debate parta de un hippies vs desarrollistas: hippies que se niegan a que Argentina crezca económicamente versus desarrollistas que de buena fe apuestan a proyectos productivos que son intensivos en recursos naturales. O cambiémosle el título, ambientalistas versus ecocidas hijos de puta que quieren destruir al país y a todos los recursos naturales. Ese ring que se establece entre actores tan opuestos entre sí, democráticamente me parece poco estratégico, de mínima.
Entonces, esa es la posición que queremos construir desde «Jóvenes por el Clima». Desde esa postura superadora nos alimentamos y enriquecemos desde distintas expresiones, expresiones históricas del ambientalismo que hoy por hoy tienen una postura sumamente tajante respecto a la oposición a los distintos proyectos que impulsa el Estado nacional. Pero también nos enriquecemos de expresiones que incluso no están hoy en día sumergidas en la construcción del movimiento socioambiental. Me parece que la postura es un tanto novedosa, en tanto y en cuanto, no se inserta en los bandos que lamentablemente ya se configuraron en este debate.
APU: ¿Quiénes conforma «Jóvenes por el Clima»?
BR: «Jóvenes por el Clima», como lo dice el nombre, está integrado jóvenes del país. Jóvenes en estadio tardío, de colegios secundarios y varios estudiando en las universidades. Estamos presentes en todos los conflictos que suelen emergen respecto a la megaminería, a la frontera hidrocarburífera, tuvimos compañeros/as en Mar del Plata que marcharon en la convocatoria que se hizo. Tenemos un ejercicio de debate y de formación, que respetamos muchísimo, al interior de la organización. Cada vez que emerge un conflicto, antes de salir a patalear por redes sociales, ya sea por el lado de la reivindicación o por el lado de la oposición, primero nos tenemos que formar. Me parece que eso es muy saludable para cualquier organización política, sobre todo para organizaciones políticas de jóvenes. La perspectiva es de un ambientalismo nacional, un ambientalismo que reivindica la justicia social, los intereses nacionales. Sin embargo, hay otras miradas al interior, es heterogéneo y eso nutre muchísimo al movimiento. Que es lo que le falta al movimiento socioambiental, someterse a un ejercicio de debate permanente que sepa congeniar las diferencias que hoy emergen ante este tipo de conflictos para salir fortalecidos, porque al igual que el feminismo, el ambientalismo llegó para quedarse.»