El portal especializado en petróleo y gas, EconoJournal, publicó ayer un trabajo de la consultora Economía & Energía que muestra que la tarifa media del conjunto de los hogares, incluyendo valores plenos y diferenciales, era de $ 1485 en junio de 2021, y en marzo de este año, luego del aumento de 20% que aplicó el gobierno ese mes se ubicó en 1338 pesos, un 10% por debajo en valores nominales.
Esta descenso de la facturación promedio fue producto de la ampliación de las Zonas Frías que aprobó el Congreso en junio del año pasado e introdujo rebajas de entre 30% y 50% para 3,1 millones de usuarios.
En pesos constantes, la caída acumulada de las tarifas de gas desde junio de 2019 llega al 64% evidenciando una licuación extraordinaria.
La contracara del abaratamiento de las tarifas fue el crecimiento de los subsidios y del déficit de la balanza energética, situación que se agudizó todavía más en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.
Según detalla el especialista Fernando Navajas, los subsidios podrían crecer este año entre 3.500 y 4.200 millones de dólares, mientras que el déficit de la balanza energética, según una proyección de Economía & Energía, podría multiplicarse por ocho en 2022, llegando a los 5.000 millones de dólares.
Por nuestra parte, debemos señalar que en AgendAR no compartimos la superstición que cree que todo subsidio es necesariamente «malo» y los aumentos de tarifas «buenos» para la economía. La mayoría de los países usan subsidios para, sin abandonar la lógica del mercado, establecer prioridades de interés general.
Pero surge una patología, cuando los ingresos más importantes de cualquier actividad son los subsidios que brinda el estado. Así, esas empresas terminan combinando lo peor de ambos mundos: los controles débiles o ausentes de la empresa privada, y la despreocupación por la eficiencia que aparece en los malos ejemplos de empresas públicas.