Parece que el debate «caliente» en el seno del Frente de Todos ha dinamizado al oficialismo. En el Congreso Nacional se empiezan a debatir tres proyectos importantes para la economía y la sociedad. Cada uno merece, y tendrá, análisis por separado, pero que se planteen ahora es una noticia en sí misma.
Hoy, martes 10 de mayo, un plenario de las comisiones de Industria, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados intentará avanzar con la modificación del “Compre Argentino”. La iniciativa, que apunta a mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, es mirada con desconfianza desde algunos sectores de la oposición poniendo su mira en los potenciales beneficios.
El régimen actual contempla márgenes, para bienes de origen nacional, de 15% a favor de MiPyMEs y 8% para grandes empresas. En competencia con productos no nacionales, para bienes con menor grado de integración, hay desde un 1% hasta un máximo de 8%.
Con el proyecto que plantea el oficialismo se intentará que las MiPyMEs pasen de 15% a 20%, mientras que para el resto se subirá de 8% a 15%. Para el caso de competencia con bienes no nacionales, se eleva el margen de preferencia de 1,5% hasta un máximo de 12%.
Una iniciativa del Poder Ejecutivo establece un margen adicional de 3% para empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias (en capital social y puestos jerárquicos y en el plantel general de la misma), según un informe que fue enviado a los diputados del oficialismo.
Un aspecto importante es que el proyecto incluye al PAMI como sujeto explícito de la ley por tres motivos: “cumple un ‘rol clave’ para promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico (sectores estratégicos y de alto contenido tecnológico)”; “su patrimonio se encuentra conformado, entre otros aportes, por fondos del Tesoro Nacional”; y “es la obra social más grande del país y nuclea una población altamente sensible como lo son los beneficiarios del régimen nacional de previsión”.
Otras finalidades del proyecto hablan de “garantizar el acceso a la información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local”, “mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas”, “promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes”, “fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales”, y “crear incentivos a la contratación de bienes y servicios para el desarrollo de productos innovadores”.
La iniciativa es impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
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Casi simultáneamente, sectores del Frente de Todos críticos de la gestión actual presentarán en Diputados un proyecto para establecer un Salario Básico Universal (SBU) y así “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la pospandemia”.
El texto será explicado por los diputados Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli -vinculados a Juan Grabois. Define al SBU “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.
De acuerdo a la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.
Es muy poco probable que este proyecto avance rápidamente. Pero plantea un debate pendiente en el seno de la sociedad.
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Mientras tanto, en el Senado:
Mientras se espera la convocatoria a la sesión de pasado mañana para votar el proyecto que establece un gravamen sobre fondos enviados al exterior y no declarados -que al mismo tiempo, afirma la oposición, los «blanquea»- para pagar la deuda con el FMI, la comisión de Energía analizará un proyecto impulsado por Oscar Parrilli para que la denominación social de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) pase a llamarse Energía Argentina Sociedad Anónima, es decir, la vieja ENARSA.
“Por medio del decreto 882/17 se resolvió fusionar a ENARSA con EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A), sustraerla de todos sus activos estratégicos mediante su privatización y venta espuria, así como modificar la denominación social. Estas acciones expresaban un nuevo ciclo de desindustrialización, extranjerización de la economía y la vuelta a la utilización de la energía como herramienta de negocios, de ajuste y de empobrecimiento ciudadano”, argumenta Parrilli.
El senador también manifiesta que “el nuevo gobierno que asumió en 2019 ha decidido elevar la política energética como instrumento de desarrollo social y económico, para lo cual es imprescindible retomar la línea programática original de ENARSA, y adecuarla a las necesidades actuales y futuras del sector energético”. Y agrega: “Por ello en primer lugar, resulta de gran importancia la recuperación simbólica del nombre original de ENARSA, ya que traduce la esencia y finalidad de la compañía, continuando y profundizando el camino iniciado por Néstor Carlos Kirchner en 2004”.
El objetivo que se propone es que la compañía se involucre en la explotación del litio, el hidrógeno, los desarrollos hidroeléctricos y todo tipo de proyectos con energías renovables.