Se realizó la primera audiencia pública para debatir los aumentos de tarifas del gas

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En la primera de las tres audiencias públicas de esta semana, previas a aumentar las tarifas de electricidad y gas, un tema clave en el acuerdo del gobierno con el FMI y que provoca diferencias internas en el oficialismo, no estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el interventor del Enargas, Federico Bernal, ni el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La audiencia pública que sirvió para que el gobierno nacional explicite cómo evolucionará el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) a partir de junio, se realizó ayer martes a la mañana.

El dato más significativo fue la ausencia de los principales referentes políticos del área energética del gobierno. Por eso, la audiencia fue llevada adelante por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, pero ni su jefe directo, el secretario de Energía, Darío Martínez, ni ningún otro funcionario de ese nivel o superior.

La audiencia tuvo 39 expositores y los principales oradores fueron miembros de las asociaciones de consumidores y los referentes municipales, que rechazaron la próxima suba de tarifas propuesta por el gobierno, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

En su participación sobre las tarifas señaló que “no es un momento oportuno para más aumentos. Los sectores más desprotegidos no podrían resistirlo ni tampoco los sectores medios. Resulta necesario postergar los aumentos tarifarios porque tendría secuelas duras en los postergados, los trabajadores, las pymes y las entidades de bien público”.

Tarifa social y sectores medios

La subsecretaria de Hidrocarburos explicó en la introducción que realizó en el inicio de la audiencia que los beneficiarios de la tarifa social “tendrán un cero por ciento de incremento en las facturas”, y para los usuarios sin tarifa social “el aumento será del orden del 20 por ciento«.

Maggie Videla Oporto explicó cuánto pagará en las tarifas finales un usuario residencial promedio sin tarifa social (R31) de distintas zonas del país, según sus últimas facturas. Con este aumento propuesto por el gobierno, un usuario residencial promedio de la zona centro del país que recibió una factura de gas sin impuestos de $ 2.029 pasará a pagar a partir del 1° de junio $ 2.393 (una diferencia de $ 364)

En la zona centro este del país, una factura de $ 2.008 pasará a $ 2.378 ($ 370).

Para un usuario residencial del noroeste, sin tarifa social, que recibió en marzo una factura de $ 1.151, este monto se le elevará a $ 1.402 ($ 251) y para un usuario del sur del país, que hoy abona $ 2.112 $, su factura se elevará a $ 2.651 ($ 539).

Otras voces

Por su parte, Daniel Martini, director ejecutivo de ADIGAS (Asociación de Distribuidores de Gas), indicó que “las distribuidoras son las responsables últimas de garantizar la calidad, seguridad y el derecho de accesibilidad al servicio público, por esos debe garantizarse que la segmentación tarifaria, siendo una prerrogativa del Estado, no las perjudique con su implementación. Por ejemplo, estableciendo el pago a los productores a través de declaraciones juradas que relacionen volúmenes de gas PIST con su precio, asegurando así el derecho contractual de las distribuidoras a la neutralidad económica”.

En tanto, la única voz del espacio opositor de Juntos por el Cambio fue la de la diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre, que señaló: “repiten como un mantra que ‘no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios’. Las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación mientras los costos de la energía se incrementan”.