Gasoducto «Presidente Néstor Kirchner»: una renuncia sorpresiva abre dudas

Antonio Pronsato, titular de la unidad ejecutora de ENARSA a cargo del proyecto, presentó ayer lunes su renuncia indeclinable en disconformidad con el escaso avance real de la obra, que lleva meses de retraso. Luego que trascendiera la noticia, el equipo de prensa del proyecto emitió un comunicado en el que se asegura que los trámites de licitación, adjudicación y ejecución del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner están avanzando dentro de los plazos previstos.

“El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha, una obra que generará 6000 puntos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y exportaciones de nuestro país. El inicio del proyecto prevé una inversión de más de US$ 3400 millones”, enumera el spot publicitario oficial que se escucha en radios y televisión. Sin embargo, un mes y 10 días después de que el presidente, Alberto Fernández, anunciara la obra en Neuquén el avance ha sido prácticamente inexistente, afirma el portal especializado EconoJournal.

En disconformidad con esta parálisis, Antonio Pronsato, según habría confirmado a distintos medios, presentó este lunes su renuncia.

Pronsato, con una larga trayectoria en ese ámbito desde la gestión de De Vido, era un interlocutor con las constructoras que podrían presentarse a la licitación –Techint, Sacde, Contreras, BTU y Cartellone, entre otras- y también con proveedores de materiales e insumos para la obra y con empresas productoras de gas que precisan del nuevo gasoducto para poder incrementar su producción desde Vaca Muerta.

Ahora la responsabilidad del avance del proyecto recae sobre Agustín Gerez, gerente general de Enarsa (ex IEASA), y en el Secretario de Energía, Darío Martínez.

Posibles motivos de la renuncia:

1) El contrato con SIAT (la subsidiaria de Tenaris) para empezar a fabricar los caños del gasoducto aún no fue firmado. Pese a que el BCRA ya otorgó una excepción a Enarsa para que la empresa de Techint pueda acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) y transferir cerca de US$ 220 millones a Brasil para comprar la chapa que se precisa para fabricar los tubos con costura, el final convenio con la empresa de Techint todavía no fue rubricado. Eso quiere decir que casi un mes después de resultar formalmente designada como proveedora de los caños del proyecto, SIAT aún no cobró el anticipo económico que reclama para comenzar a fabricar los tubos de acero.

2) La licitación de la construcción de la obra aún no está en la calle. En lo técnico, la redacción del pliego ya está prácticamente lista. Se licitarían seis frentes de obra: tres para construir el gasoducto Néstor Kirchner; otro para tender el gasoducto Mercedes-Cardales; un quinto para montar una planta compresora; y un sexto para realizar el paso submarino del caño por debajo del río. Pronsato quería lanzar la licitación a fines de abril o, como muy tarde, a principio de mayo. A dos días del inicio de junio, el pliego aún no se conoce.

3) La unidad ejecutora de Enarsa ya consiguió la aprobación de los estudios de impacto ambiental de tres de las cuatro provincias que serán atravesadas por la traza del gasoducto: Neuquén, Río Negro y La Pampa. ¿Cuál es la que aún no dio el OK? La provincia de Buenos Aires. Funcionarios del Organismo de Desarrollo Sustentable provincial reclaman un cómputo de costos del proyecto antes de aprobar la evaluación ambiental.

4) El BICE aún no aprobó una serie de documentos internos para poder reutilizar una planta compresora que había adquirido el Estado para el Gasoducto del Noreste (GNEA). El banco tiene que avalar ahora que ese equipo se reutilice en el gasoducto Mercedes-Cardales, para lo cual es necesario realizarse un reacondicionamiento general que iba a estar a cargo de TGS. Pero tras meses de gestión, el BICE no autorizó ese esquema.

Resumen:

Una obra de las dimensiones del gasoducto previsto es un desafío complejo para un Estado que ha perdido a lo largo de décadas funcionariado técnico. También, en la etapa actual, canibal, de la puja política, quienes toman decisiones vacilan por temor a una eventual judicialización a futuro.

En cualquier caso, la demora le seguirá costando al país millones de dólares para importar energía que se produce localmente.

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