A través de varias resoluciones publicadas ayer 1° de junio en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que preside Federico Bernal, convalidó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas que las empresas deberán aplicar a partir de ayer, pero incluyó fuertes cuestionamientos y advertencias sobre cómo se llevó a cabo el proceso, lo que podría generar demandas judiciales sobre su validez.
En los considerandos de las resoluciones publicadas este miércoles, el interventor admitió que el ente regulador no tuvo tiempo de analizar la razonabilidad de las nuevas tarifas de gas. También anunció que convocará a una nueva audiencia pública para garantizar la participación ciudadana, dado que, a su entender, el gobierno se salteó esa instancia.
En esos textos, el Enargas señala que se vio obligado a aumentar las tarifas sólo por expresa instrucción del Ministerio de Economía, pasando por alto «recaudos normados» que fija el marco regulatorio.
Fuentes vinculadas a Economía, consultadas en los primeros momentos, admitieron sorpresa. Señalaron que en lo que va de 2022 ya se realizaron tres audiencias públicas para discutir el funcionamiento del sector de gas natural.
Agregaron que, con esta suba, las facturas aumentarán en promedio sólo un 40%, contra una inflación que se proyecta por encima del 60%.
Por su parte, en el texto de las resoluciones, el interventor del Enargas anticipó que convocará a una nueva audiencia donde se analicen los puntos que no fueron tomados en cuenta en la audiencia pública del 10 de mayo pasado, donde se determinó un nuevo precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Este punto podría generar demandas judiciales sobre la validez de las nuevas tarifas que, en la letra de las resoluciones del mismo Enargas, ya estarían vigentes.
Ambos lados de la discusión interna tienen en mente -o al menos deberían tener- el «fallo CEPIS», una decisión emblemática de la Corte Suprema que en 2016 anuló el aumento en las tarifas del servicio público de gas natural dispuesto sin haberse realizado previamente una audiencia pública «que le diera la oportunidad a los usuarios de participar en la toma de decisión».