Preocupa a Kicillof: 45% de hogares bonaerenses se quedaría sin subsidio a la luz y al gas natural

Ese porcentaje surge porque, a diferencia de lo esperado cuando se lanzó el programa, millones de personas no se anotaron en el registro, pese a estar en condiciones de seguir percibiendo el subsidio.

El tema encendió las alarmas en el equipo de Kicillof y también en el gobierno nacional porque la provincia de Buenos Aires concentra el 37% del padrón electoral nacional y unos 3 millones de hogares podrían pasar a pagar la tarifa plena en un plazo de 6 meses.

El gobierno ya oficializó los nuevos cuadros tarifarios con la quita gradual de subsidios para los usuarios de Nivel 1, donde agrupa a los sectores de mayor poder adquisitivo y fundamentalmente a todos los que no se anotaron en el registro por diversos motivos. EconoJournal informó la semana pasada que hay varias provincias donde cerca del 50% de los hogares perderían el beneficio, fundamentalmente en el norte del país. A ese dato se suma que, según confirmaron fuentes oficiales a este medio, en la provincia de Buenos Aires ese porcentaje llega al 45%, lo que está generando una gran preocupación en el círculo íntimo del gobernador Axel Kicillof, pues si se decide avanzar, unos 3 millones de hogares deberán afrontar subas de hasta el 200% en el principal distrito electoral del país.

«En los últimos días, la base mejoró unos puntos, pero el porcentaje de usuarios de Nivel 1 sigue muy alto. Estamos a la expectativa de si efectivamente lo aplican este mes o cuándo. Les estamos pasando la base a las cooperativas y distribuidoras para que empiecen a hacer un trabajo más artesanal de identificación de usuarios que perderían el subsidio cuando no corresponde», explicaron fuentes de la gobernación provincial.

«Lo que seguro hagamos es salir a segmentar en cuanto Nación lo defina. Sabemos que esta semana se descartó cualquier inscripción compulsiva desde el Estado para que haya más subsidiados (es decir, incorporar a más hogares por mecanismos de geolocalización). Dicen que es ilegal«, agregaron.

Crónica de una crisis anunciada

Cuando el equipo de Martín Guzmán presentó el decreto 332/22 de segmentación tarifaria a mediados de junio, la gran novedad fue que todos los usuarios de gas y electricidad de ingresos medios y bajos deberían anotarse en un registro para conservar los subsidios. Los funcionarios aseguraron que los requisitos exigidos para inscribirse iban a dejar afuera del beneficio solo al 10% más rico de la población, pero el otro 90% debería anotarse sí o sí.

-¿Qué pasa, por ejemplo, si no se anotan 10 millones de hogares? –se le preguntó entonces a uno de los responsables de implementar la segmentación. 

-Se van a anotar porque el proceso de registración es muy sencillo y vamos a hacer una campaña masiva de difusión. –respondió un funcionario de la secretaría de Energía, aunque aclaró que la respuesta era en off the record porque por entonces nadie se animaba a poner la cara frente a la ciudadanía.

Ya entonces el diseño del programa generaba muchas dudas y la confianza que manifestaban algunos de los encargados de implementarlo hacia sospechar sobre cierto grado de inconciencia o incluso temeridad porque era evidentemente que no tenían noción del peligro al que se enfrentaban.

Para justificar ese optimismo, en el gobierno citaban el antecedente del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al que se inscribieron 9 millones de personas en poco tiempo. Sin embargo, se advirtió entonces que aquella fue una ayuda monetaria que ofreció el Estado en el peor momento de la pandemia, cuando la economía se había virtualmente paralizado y muchos de esos inscriptos ni siquiera tenía para comer. Ahora, en cambio, convocaban a las familias bajo la amenaza de quitarles algo que ya tenían y encima para llenar una declaración jurada donde debían informar cuánto ganaban y renunciar al secreto fiscal.

Tres meses después de la puesta en marcha del programa, los peores presagios parecen haberse cumplido y en las máximas esferas políticas ahora no saben cómo hacer para avanzar con la segmentación negociada con el Fondo Monetario Internacional sin quitarle el subsidio al 50% de la población en varias provincias. El equipo de Sergio Massa en la Secretaría de Energía, que heredó el programa diseñado por Guzmán, viene trabajando desde hace varias semanas para reducir ese porcentaje sin dinamitar la segmentación.

Prueba de fuego en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires es un distrito clave en términos electorales. El año pasado las personas habilitadas para votar fueron 12,7 millones, el 37% del padrón nacional, muy por encima de Córdoba que quedó segunda con el 8,69%.  Allí se definirá la suerte del oficialismo el año próximo y el registro de subsidios muestra que, al menos hasta fines de la semana pasada, el 45% de los hogares no están inscriptos.

Al principio el porcentaje era todavía mayor, pero fueron incluyendo en el registro a los beneficiarios de planes sociales y de tarifa social que no se habían inscripto y lograron reducir el padrón de los usuarios Nivel 1 al 45%. Se estima que un 90% de ese total no son usuarios de alto poder adquisitivo sino aquellos que no se anotaron por el motivo que sea. Puede ser que no se hayan enterado, que no tengan acceso a internet o simplemente que desconfíen del Estado, pero más allá de las causas, lo cierto es que ocurrió lo que muchos temían que fuera a ocurrir.

“Mi recomendación es que no se puede avanzar así”, señaló a este medio una fuente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora el que deberá involucrarse de lleno en el tema es el gobernador Axel Kicillof, de lo contrario, en los próximos 6 meses unos 3 millones de hogares perderían los subsidios a la electricidad y el gas, debiendo afrontar subas que en el caso de la luz superarán el 200%.

Esos hogares comenzarán a pagar la tarifa plena a comienzos de 2023, pero en el caso del gas el impacto se sentirá de lleno en el invierno, en el medio de la campaña electoral presidencial.

Fernando Krakowiak y Nicolás Gandini