El tratamiento de los residuos peligrosos que se generan en la formación no convencional de la cuenca Neuquina se presenta como uno de los grandes desafíos que tiene por delante la industria, sobre todo a partir del crecimiento de la actividad. Desde el Colegio de Profesionales de Ambiente de Neuquén advierten sobre un colapso ambiental inminente, ya que denuncian que las compañías tratadoras se encuentran sobrepasadas por los pasivos que tienen en sus instalaciones.
Con el crecimiento sostenido de la producción de petróleo y gas desde Vaca Muerta, también ha aumentado en misma medida la generación de residuos contaminantes que requieren de un tratamiento específico y de un control por parte del Estado para mitigar riesgos ambientales.
Según coincidieron fuentes públicas consultadas por este medio, las empresas productoras generan entre 500 y 600 metros cúbicos de recortes de perforaciones o “cutting” en cada pozo perforado en la formación no convencional de la cuenca Neuquina. En cuanto a los residuos líquidos resultantes de la perforación, la cantidad es difícil de estimar teniendo en cuenta que la mayoría se reinyecta.
Desde el Colegio de Profesionales de Ambiente de Neuquén advirtieron sobre la situación crítica del sistema. “Partimos de la base que actualmente, las tratadoras se encuentran colapsadas por los pasivos que tienen en sus instalaciones, que son residuos sin tratar de las operadoras. A esta situación, le sumamos la gran cantidad que está por llegar producto de la actividad en alza. No hay que ser muy hábil para darse cuenta que el colapso ambiental es inminente”, indicó el licenciado Martín Islas, presidente de la entidad, ante la consulta de EconoJournal.
Hacía referencia a las tres principales compañías tratadoras de la provincia: Comarsa, ubicada en el parque industrial de la capital de esta provincia (que hasta hace un tiempo trabajó en un plan de saneamiento y cierre de esa locación y ahora está habilitada a trabajar en su planta de Añelo); Industria Argentina de Reciclado SA (Indarsa) y Treater, ambas instaladas en Añelo.
Fuentes privadas consultadas por este medio fueron incluso más allá y denunciaron que en la actualidad el tratamiento de residuos peligrosos funciona como “una industria de papeles”. “Las petroleras pagan una tarifa a las tratadoras por el servicio y de ese modo, consiguen los certificados ambientales que exige el Estado, pero en la práctica los residuos no son tratados como deberían y terminan produciendo un pasivo ambiental en los predios de las empresas”, admitió un gerente de una operadora.
Frente a este contexto, la pregunta que emerge es de quién es la responsabilidad, en última instancia, de la correcta gestión de esos residuos. Tres fuentes de las empresas productoras señalan que esa exigencia recae sobre las compañías encargadas del servicio de disposición final, pero fuentes públicas y especialistas en la materia marcan que la responsabilidad final sigue en cabeza de las petroleras por más que hayan tercerizado el tratamiento en una contratista. De ahí que el tema esté en la agenda de YPF, el mayor productor de hidrocarburos de la provincia, y también de otras compañías como Chevron, Tecpetrol, Shell, Vista y PAE, entre otras.
Residuos
El mapeo trazado indica que muchos de estos residuos especiales o “peligrosos” —cutting empetrolado, lodos restantes de la perforación, agua con restos de hidrocarburos, tierra con hidrocarburos y residuos sólidos condicionados— no se tratan en campo, sino que se acopian en contenedores adecuados para tal fin; luego, una transportista de residuos especiales los traslada a la empresa tratadora, que se encarga de la disposición final.
Expertos consultados coinciden en que el tratamiento ha ido “siempre detrás del crecimiento de la producción”. “Hay mucha necesidad de ser cuidadosos, de actuar con excelencia por parte de todos los actores involucrados», expresaron.
Desde el Colegio de Profesionales del Ambiente de la provincia explicaron a EconoJournal que, así como para el transporte de hidrocarburos, existe un cuello de botella también para el tema de los residuos de la industria. Al haber quedado todo “chico” por la crecimiento de la actividad en Vaca Muerta, se apunta a los rellenos de seguridad, que se presentan como “la mejor solución momentánea”.
La problemática en Neuquén es similar a lo que ocurre en otras provincias petroleras, salvo que en su caso las proyecciones de desarrollo de los campos de shale gas y shale oil configuran un desafío mucho más significativo. “La cantidad de residuos especiales que se generan es proporcional a los equipos que se encuentran perforando los distintos yacimientos petrolíferos de la provincia”, expresaron desde la entidad.
¿Colapso inminente?
La ley 24.051 en el decreto nacional Nº831/93 define a los rellenos de seguridad como instalaciones que se utilizan para dar disposición final en el terreno a residuos peligrosos no procesables, no reciclables, no combustibles o residuales de otros procesos de su tratamiento, los cuales mantienen sus características de peligrosidad.
“Partimos de la base que actualmente, las tratadoras se encuentran colapsadas por los pasivos que tienen en sus instalaciones, que son residuos sin tratar de las operadoras. A esta situación, le sumamos la gran cantidad que están por llegar producto de la actividad en alza. No hay que ser muy hábil para darse cuenta que el colapso ambiental es inminente”, indicaron.
El colectivo de profesionales apunta a que se revierta “la situación ambiental de la provincia y empezar a exigir estándares que lleven a una competencia leal entre las tratadoras, donde lo técnico y las prácticas ambientales sustentables prevalezcan sobre lo económico. Por eso, los rellenos de seguridad se tienen que acotar solamente a recibir residuos que no puedan ser tratados de otra forma, tal como lo indica su legislación”.
Normativa y procedimientos
Entre toda la normativa vigente relacionada con la temática, se le permite a la empresa que trata los residuos sólidos liberarlos al medio, bajo ciertas condiciones. Mientras tanto, las empresas productoras son las encargadas de seguir la trazabilidad de estos residuos, es decir: generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y su disposición final. En ese momento se cierra el proceso a través de un certificado. En el caso de grandes generadores, se lleva la trazabilidad de los residuos con el control de manifiesto de transporte y el correspondiente certificado de disposición final. La autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia.
También se establece la obligatoriedad del uso del Manifiesto Electrónico de Residuos Especiales (MERE) que implica el transporte, tratamiento y disposición final “es todo electrónico”
La provincia del Neuquén -tal como indica el sitio oficial de la Subsecretaría de Ambiente- tiene establecido en su normativa ambiental referente a las pautas para el manejo de los residuos especiales, la obligación de registrar todas las actividades de ese camino hacia su disposición final. Es por esto que se encuentran inscriptas en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Especiales (RePGTyORE) más de 400 empresas distribuidas de la siguiente forma: 73% generadores, 18% transportistas y 9% operadores.
Disposición final
En mayo de este año se publicó la Disposición Nº 0585/22 que considera que “el nivel intensivo de desarrollo de la actividad hidrocarburífera de exploración, perforación y explotación de yacimientos, genera un incremento asociado en los volúmenes de residuos especiales” y que “estos incrementos se suman a los residuos especiales que deben recibir tratamiento y disposición final y cuyo cumplimiento fiscaliza la Subsecretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación de las leyes provinciales vigentes. Se explicita ahí que para “delinear los riesgos ambientales es necesario establecer los criterios para la disposición final adecuada de residuos especiales provenientes de la actividad hidrocarburífera”. Y se fijan las “pautas para la gestión de los residuos especiales en sus diferentes etapas y establece la aplicación subsidiaria de la Ley Nacional 24051 y su Decreto Reglamentario Nº 831/93”.
La normativa establece, entonces, que se entiende por “disposición final” toda operación de eliminación de residuos que implique la incorporación de los mismos a cuerpos receptores, previo tratamiento; que se establecen las normas para la gestión del agua de retorno (Flowback) dentro del territorio de Neuquén, teniendo que ser sometida, en su totalidad, a un sistema de tratamiento que garantice su encuadre en los parámetros de vertido establecidos tanto para el reúso en la industria hidrocarburífera, como para el reúso en riego asociado a un proyecto productivo o de recomposición ambiental del área intervenida; y su disposición final en pozo sumidero, conforme lo que se prevea en la reglamentación.