Con una nueva polémica abierta respecto a quien controla la vía navegable (una empresa privada, como ocurrió entre 1995 y 2021, o el Estado como pasó durante los dos últimos años) quedan preguntas sin responder respecto a quién y cómo se cuida el sistema de humedales de la región, que aporta servicios ecosistémicos fundamentales.
Según Lucas Michelaud, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el tema es “preocupante”. “Estamos siguiendo de cerca el proceso desde 2020 y la realidad es que el proceso licitatorio está cada vez más des-ambientalizado. Incluso presentamos un recurso de amparo contra el sobre dragado en algunos pasos críticos, que es escandaloso, pero la subsecretaria de Puertos y Vías Navegables ni siquiera nos contestó”, explicó.
En el estudio “Evaluación temporal de la gestión ambiental de la hidrovía Paraguay/Paraná en el tramo medio e inferior del río Paraná” escrito por Ana Pía Rabuffetti, Elie Abrial y Luis Espínola del Instituto Nacional de Limnología (Inali) de la UNL y compilado por las organizaciones Cauce, Humedales Sin Fronteras y Taller Ecologista, se señala que existe una falta de acceso a la información generada por la empresa que estuvo a cargo de la concesión, la que operó en base a estudios “poco rigurosos y con incoherencias en la carga de los datos acumulados”, al tiempo que recuerda que el órgano de control de la hidrovía fue creado con 28 años de retraso respecto al plazo previsto inicialmente.
Falta de información
En opinión de Michelaud, ninguna de las tres gestiones en el área de Transporte que tuvo el actual gobierno nacional le dieron a la hidrovía un tratamiento adecuado en materia ambiental. “Están en elaboración los términos de referencia, que son clave para la licitación, pero fueron cambiando las universidades que iban a asesorar y desde el gobierno no contestaron -o contestaron parcialmente- los pedidos de acceso a la información que hicimos sobre eso”.
Ese desmanejo lleva a que, por el momento, no haya “ningún estudio de impacto ambiental vigente”, según el abogado. Para Michelaud, a la hora de analizar las eventuales tareas de dragado y mantenimiento “se sigue utilizando un estudio del siglo pasado que tiene casi 30 años”. “Es un escándalo”, sintetizó, para agregar que tampoco se hizo ninguna evaluación antes de autorizar el sobre dragado que hizo en los últimos meses en algunos pasos críticos.
“Por el momento no hay estudios de impacto ambiental ni para lo que fue la licitación corta ni para la larga y los términos de referencia no se conocen siquiera. Presumo -es lo que pasó estos 25 años- que los usuarios de la hidrovía serán los que terminarán metiendo las cláusulas finas. Hay que presionar mucho para que se democratice la construcción de estos pliegos y se haga una evaluación ambiental estratégica si se quiere tener más calado”, agregó.
La voz oficial
Hernán Orduna lleva algunos meses al frente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, el organismo estatal encargado de administrar la hidrovía Paraguay-Paraná que depende del ministerio de Transporte de la Nación. El funcionario explicó que el organismo tiene tres funciones: el dragado, la señalización y el control hidrológico. “Se aprobó un convenio entre el Ente, las provincias ribereñas y el ministerio de Ambiente de la Nación para que todos participen de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Se envió a las provincias y al ministerio y estamos esperando respuestas. Es un tema complejo”, dijo.
Orduna señaló que para hacer una obra de dragado hace falta información básica como un relevamiento batimétrico (estudio de la superficie del fondo) y otro sedimentológico para saber, entre otras cosas, donde refular ese material que se retira del lecho del río. “A mucha de esa información ya la tenemos, no partimos de cero. Hoy en día el Ente definió un proyecto provisorio de modificaciones para la actual vía navegable del Paraná”. ¿Por qué provisorio? “Hay que hacer los estudios que fundamenten su factibilidad y a eso incorporarle las solicitudes de las provincias que quieren canales de acceso a puertos públicos. Santa Fe planteó eso para Villa Constitución, Rosario, ciudad de Santa Fe y Reconquista. Estamos esperando el avance entre las provincias y Ambiente con el convenio interjurisdiccional para facilitar que los EIA se hagan”, explicó.
Además, habló de dos “problemas ambientales” que hoy aparecen como prioritarios: la mayor recurrencia de bajantes extraordinarias (“precisamos más estudios para saber su impacto en la navegación y en las tomas de agua”) y el de los buques pasantes. “Hoy tenemos reclamos desde la protección de los humedales por los grandes buques y su oleaje. Por eso es clave tener un plan de gestión ambiental, porque cuando llega el momento de la acción, de la obra y de su control, la base que se toma para controlar es el cumplimiento del plan de gestión ambiental. Sin un buen plan, las consecuencias van a ser negativas para la preservación del ambiente”, reconoció.
Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? “Para el estudio de impacto ambiental se tiene que avanzar con el convenio entre las provincias, el Ministerio y el Ente, que ya enviamos hace dos meses. Luego hay que meterse de cabeza en los estudios completos”, detalló el funcionario. (Jorgelina Hiba)
