El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo plan para agilizar el trámite de Certificación de la Discapacidad con el fin de desburocratizar el proceso de otorgamiento, al mismo tiempo que dispondrá de una prórroga automática de los vencimientos mientras se ponen en marcha las nuevas medidas, entre las que se encuentran la suspensión de la caducidad.
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Según adelantaron fuentes oficiales la resolución -publicada en el Boletín Oficial- implica el lanzamiento del «Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad» creado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
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El programa tiene por fin mejorar los procesos y la normativa vigente para la Certificación de la Discapacidad mediante la optimización administrativa con el objetivo de desburocratizar de los trámites de solicitud y otorgamiento del certificado. Además, plantea la actualización normativa para que los CUD comiencen a expedirse sin vencimiento.
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Por otro lado, propone el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas «que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al CUD y a los trámites derivados del mismo», como así también un despliegue territorial para fortalecer el vínculo de las personas con discapacidad y sus familiares con los procesos vinculados a la certificación.
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Además, menciona la capacitación de los profesionales actuantes y el mejoramiento de las estructuras de las Juntas, como así también «la creación de Juntas Evaluadoras Itinerantes».
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El plan prevé líneas de acción progresivas durante el 2023 que se irán plasmando en las siguientes semanas a través de resoluciones complementarias que permitirán su instrumentación a nivel federal
Comentario de AgendAR
Mucha gente que ha tenido que tramitar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) año tras año, para si o sus familiares piensa, que la gente de la Comisión de Discapacidad es «inútil», por ser suaves.
Es que la actual legislación hace que el CUD tenga un año de vigencia y luego obliga a las personas con las patologías contempladas para recibirlo a volver a tramitarlo.
Esta idea que tenía su lógica cuando se intentaba evitar estafas al estado, (que alguien ya recuperado de su discapacidad siga recibiendo beneficios indebidos) es un completo despropósico en la gran mayoría de las afecciones. Una buena parte de las personas que lo piden tienen discapacidades causadas por patologías neurológicas que no tienen cura y que difícilmente reviertan la discapacidad. Un ejemplo usual es la Esclerosis Múltiple. Y con esta muchas otras que, pese a su irreversibilidad obliga a los pacientes a repetir su «examen» de discapacidad cada año. Pero el Estado igualmente obliga a esas familias a volver a tramitarlo cada 365 días. Y no es un trámite menor. Require informes, formularios, estudios, notas, etc..
Finalmente, parece que en este punto flagrante donde la burocracia más que «Estado presente» es «Estado Bobo» está -esperemos- a punto de revertirse.