La Universidad de La Punta (ULP) fue intervenida por decisión del Gobierno de San Luis y sus autoridades fueron removidas de sus cargos. En su lugar, el flamante gobernador Claudio Poggi (Juntos por el Cambio) nombró a nuevas autoridades. El mismo domingo de su asunción, el pasado 10 de diciembre, la universidad provincial está ocupada por personal armado del grupo Compañía de Operaciones de Alto Riesgo, de la Policía provincial. Desde entonces, las fuerzas de seguridad están en la puerta de la casa de estudios pidiendo documentos a quienes quieran entrar, restringiendo el acceso a las anteriores autoridades y ocupando el edificio de Rectorado.
Mediante un decreto firmado también por el ministro de Educación, Guillermo Araujo, Poggi dispuso la intervención por seis meses a cargo de Luis Guillermo Quintas. También nombró como secretaria general a María Eugenia Vergés y a Marcelo Genaro Neme a cargo de la secretaría Legal y Técnica. Pero Quintas no podrá asumir porque es investigador con dedicación exclusiva en el CONICET y no ha presentado la renuncia, por lo que Vergés quedará a cargo.
El 20 de noviembre pasado, la entonces senadora nacional por San Luis, Eugenia Catalfamo, fue nombrada por el gobernador saliente de Alberto Rodriguez Saá y confirmada con acuerdo del Senado provincial, como lo exigen las leyes de San Luis. En ese momento se esgrimieron argumentos contrarios a su designación pero se votó mayoritariamente a favor de que asumiera.
El domingo 10 de diciembre, Catalfamo y el vicerrector de la ULP, Marcelo Almitrano, ya estaban al tanto de la situación y quisieron entrar a la universidad acompañados de una escribana, pero esto fue impedido por la policía que ya había ingresado en la universidad. Si bien ese día casi no había personal trabajando allí, si funciona una residencia en la que viven refugiados sirios, como parte de un programa de la universidad.
En el decreto firmado por Poggi se argumenta que el nombramiento fue irregular porque Catalfamo ocupaba una banca en el Senado de la Nación y porque no cumplía con tres requisitos para ser designada como rectora:“No fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto”.
“Todo esto es una cuestión netamente política. Ellos mencionan requisitos que ni ellos cumplen y están en la ley de Educación Superior, que es mencionada en nuestra ley provincial siempre y cuando no atente contra la autonomía de la provincia. La educación y la salud son materias delegadas a la provincia por la Constitución y por eso tenemos nuestra propia ley de la creación de la universidad, que menciona cómo es el procedimiento para elegir el rector, a propuesta del Ejecutivo y con acuerdo del Senado, con una duración de cuatro años, pero no establece ningún requisito más allá de eso”, dijo Catalfamo.
“Después de la reforma de 1918 no pasó algo así en la etapa democrática”, dijo la ex senadora, alertando sobre cómo esta violación a la autonomía universitaria sienta un grave precedente. Y agregó: “Este domingo justamente era el día de los derechos humanos y fue la primera medida de este Gobierno. El solo hecho de que la policía esté dentro de la universidad ya no tiene sentido, es anticonstitucional, es algo innecesario y antidemocrático. Hoy pedimos por la seguridad de la gente que está viviendo ahí e hicimos la denuncia con la fiscalía de turno, y están los trámites de pedido de información a los ministerios de Educación y Seguridad. Esta intervención no tiene asidero jurídico ni argumentos legales”, afirmó. También se hicieron denuncias contra el gobernador Poggi y su ministra de Seguridad, Nancy Sosa, por abuso de poder y amedrentamiento a través de la fuerza pública contra los trabajadores de la universidad.
Catalfamo dijo que también se presentó un amparo para que se restituyan las autoridades nombradas por el Ejecutivo con acuerdo del Poder Legislativo. “Entendemos que esta situación se podría haber salvado con un simple llamado telefónico para ponernos a charlar sobre qué es lo que consideran que está mal y ponernos de acuerdo, sin poner en riesgo a la comunidad educativa, como está sucediendo hoy. Es un avasallasamiento contra mi persona pero también contra el Poder Legislativo que dio acuerdo”, explicó Catalfamo, que como senadora fue la autora de la ley del programa de becas Progresar para el apoyo de los estudiantes.
“El interventor nombrado no asumirá porque no va a renunciar a su dedicación exclusiva al CONICET así que lo hará la secretaria general. Hace dos años que vienen teniendo una fijación personal conmigo y me vienen haciendo amenazas, calumnias e injurias. Me atacan en lo personal y en lo político porque soy defensora del derecho de las mujeres y las diversidades. Desde que Alberto Rodríguez Saá me nominó como decana se pusieron más virulentos”, agregó la ex senadora.
La ULP, creada en el año 2004, tiene su campus ubicado en la ciudad de La Punta, a 20 kilómetros de San Luis, diseñado el arquitecto Clorindo Testa y en un territorio de 51 hectáreas, pero actualmente solo brinda clases virtuales, por lo que la intervención casi no se ha afectado la vida universitaria, aunque a partir de marzo estaban planeadas dos diplomaturas presenciales. “Nunca pensamos que el primer acto de gobierno iba a ser retrotraernos a los años más oscuros de nuestro país. Estamos muy dolidos por esta situación que avasalla una universidad emblemática de nuestra provincia”, concluyó Catalfamo.