Lo primero a entender es que no estamos en 1997 y hoy NA-SA es una empresa estratégicamente valiosa por su capital y su capacidad de recaudación. En 1997 no lo era. Pero las opciones diplomáticas son aún más atractivas que las económicas, aunque no para nuestro país: privatizar NA-SA hoy permitiría cavarle la tumba definitiva al Programa Nuclear Argentino tal como se lo concibió entre 1950 hasta 1989: independiente.
En 1997 en el gobierno de Carlos Menem ya habÍa planteado la privatización de la actividad nuclear en la República Argentina con la Ley 24.804 que estableció:
«ARTICULO 35.-Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) o la sociedad que se constituya con el objeto de ejecutar la privatización autorizada por el artículo precedente mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
De dicho capital se asignará a los trabajadores en relación de dependencia de la empresa, el porcentaje que se determine en el marco del programa de propiedad participada previsto en la ley 23.696.
El Estado nacional será titular permanente de una (1) acción de la sociedad y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen:
a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;
b) La salida de servicio por motivos no técnicos. ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica.
ARTICULO 36.- Declárase sujeta a privatización la actividad vinculada al ciclo de combustible nuclear con destino a la generación nucleoeléctrica a escala industrial o de investigación, y a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica, en forma directa o asociada con otras entidades. considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes componentes.
ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, de las cuales el Estado nacional tendrá una (1) acción como mínimo con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.»
Como se ve el Estado conservaba una acción con poder decisivo en una serie de casos específicos, como ser adquisición de nuevas centrales o cierre de las anteriores. Esa NA-SA menemista fracasó en su objetivo inicial de privatizar dos centrales en buen funcionamiento (Atucha 1 y Embalse) a cambio de terminar una tercera (Atucha 2). Pero ésta seguiría clavada durante 27 años más en atrasos por desfinanciación y luego franco abandono de la obra a partir de fines de 1982.
Nadie quiso hacerse cargo de NA-SA, ese niño huérfano. A los «capitanes de la industria», el título que se daban en Clarín las empresas que mal o bien, y en general prendidas a la yugular del estado, habían practicado algunas ingenierías complejas, ahora preferían cosas menos complicadas, como cobrar peajes. Viendo que no había compradores internos o externos, Menem hizo de NA-SA una caja de recaudación personal, cuya misión era decir que estaba terminando Atucha 2.
Pero la situación actual es otra: NA-SA renació con una misión en 2006: terminar Atucha 2, bajo la dirección del Ing. José Luis Antúnez. Lo interesante de ello fue que renació no sólo como operadora, sino como constructora y diseñadora, y de yapa muy transparente por fuerza, porque no le iban a faltar enemigos.
La consecuencia es que hoy las dos Atuchas funcionan al pelo, tras haber sido reparadas de vicios de diseño típicos de prototipos, porque ambas lo son. Atucha 1, la más vieja y chica, ya atravesó una reparación de internos entre 1988 y 1990, más repotenciaciones y extensiones de vida.
Se le logró aumentar la potencia de 320 a 362 MWe, mejorar su quemado del combustible en un 80%, incrementar su seguridad contra accidentes por recalentamiento del núcleo, que ya era altísima cuando se la inauguró, e incrementar su disponibilidad de un 70% a un 93%. Ahora encara otra que le dará 20 años más de vida operativa y costará U$ 450 millones.
En esta tercera reencarnación, salvo que el nuevo gobierno o los nuevos dueños la impidan, la central estará facturando U$ 130 millones/año, es decir U$ 2600 millones a valor de hoy a término. Se abre la posibilidad de que el estado nacional invierta U$ 450 millones para que alguien que NO ES el estado facture U$ 2600 a término, y a dólar constante. ¿Es negocio?
Atucha 2 parece haber sido reparada de dos problemas de diseño. El primero fue una bomba del circuito primario, antes de la pandemia. El segundo fue el desprendimiento de una pieza inútil y redundante de soporte del núcleo, otro error de SIEMENS, por cuya reparación la multinacional alemana pidió 400 millones de euros con la central entre 4 y 6 años fuera de servicio. NA-SA, que terminó la máquina sin ayuda alguna de SIEMENS entre 2006 y 2014, hizo la reparación en 9 meses y por U$ 21 millones.
¿Se hubiera atrevido a lo mismo capitalista privado acostumbrado a medio siglo de prebendas? No, y no sólo por falta de vocación. Básicamente, porque no habría tenido a mano el nivel técnico de recursos humanos que juntan entre NA-SA y la CNEA. No cualquier cacatúa es Carlitos Gardel, aunque se crea. Ahora, el decretazo de Milei le dará a algún vividor algo que jamás habría conseguido por su cuenta.
Es presumible que la primera vida útil de Atucha 2 llegue hasta 2047, si repite la buena performance que tuvo Atucha 1 desde que la CNEA y luego NA-SA la fueron cepillando de sus defectos de diseño. Si logra esa disponibilidad fabulosa del 93%, estaría facturando U$ 267 millones/año durante los próximos 23 años, lo que da U$ 6141 millones de recaudación a algún vampiro del estado sin haber puesto antes un mango en la terminación y las reparaciones. ¿Es negocio?
Los números se repiten con ligeras variaciones para la Central Nuclear de Embalse, que por su tecnología de tubos de presión en lugar de recipiente de presión, debe ser «retubada» cada 30 años. Es una de las 11 CANDU-6 que se vendieron en Canadá y 6 países más, un producto estandarizado, pulido, seguro y predecible. Fue retubada a nuevo entre 2014 y 2018, ganó un 6% de potencia, su disponibilidad aumento del 89% (alta) a 93% y su prolongación de segunda vida probablemente expire en 2048, lo que supondría una facturación de U$ 232 millones/año durante 24 años, ergo un total de U$ 5568 millones.
Ninguna de estas cifras es 100% segura, porque a término de segundas o terceras extensiones de vida de centrales nucleares es predecible una pequeña merma de disponibilidad, por desperfectos debidos a desgaste.
Otro ángulo codiciable de NA-SA es el blindaje político que le otorgaría a los eventuales capitales petroleros que compren su paquete de centrales. Como dijimos en este mismo portal, no hace falta decir que las centrales nucleares tienen el megavatio hora más barato del país U$ 46 frente a los U$ 65 a 70 de las renovables, y que a término de vida útil, emitieron menos dióxido de carbono fósil y casi no generaron efecto invernadero. ¿O sí hace falta?
A mediano plazo es esperable que ante la total inepcia de las Naciones Unidas por mitigar el recalentamiento global, los países más perjudicados empiecen a aplicar sanciones unilaterales a los grandes emisores, ya se trate de empresas o países. Tener algunas centrales nucleares en el capital accionario es un apalancamiento ante posibles pérdidas. Y en términos de imagen, ahora que en la percepción pública el demonio es el clima extremo y no el átomo, para cualquier petrolero el operar centrales nucleares es un buen «greenwashing» de imagen.
Pero lo que resulta altamente improbable es que el nuevo dueño privado que se quede con este paquete tecnológico se conforme con cobrarle a CAMMESA U$ 46 el megavatio hora. Máxime ante un nuevo episodio de tarifazos. Acaban de desaparecer las posibilidades de que el estado le diga a un particular que siga cobrando lo mismo por electricidad nuclear, limpia y de alta disponibilidad como no la dan ni las centrales hidroeléctricas, en lugar del doble o el triple.
Ahora el proyecto que envio Javier Milei al Congreso elimina esa salvaguardia para Nucleoeléctrica Argentina y la conserva mas limitada y bajo control exclusivo del Poder Ejecutivo de la Nación para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es decir, ya no será Javier Milei o quien lo suceda en el actual gobierno, y menos que menos el Poder Legislativo, quienes decidan si una central nuclear argentina se repara o no, se mejora o no, sale de servicio o no, si se revende a terceras partes o no.
Será el nuevo dueño de NA-SA.
Esta privatización empieza peor que la que terminó con YPF en manos de REPSOL. Aquella privatización en la que el estado resignó la acción de oro permitió que la firma española, una nulidad mundial sin petróleo ni gas ni desarrollos tecnológicos propios, vaciara (en términos físicos, no sólo contables) el gigantesco yacimiento de gas de Loma de la Lata. En 1986 se estimaba duraría 60 años con un crecimiento anual del PBI del 6,5%.
Pero mágicamente, a fuerza de una década de ventas subvaluadas a las «utilities» eléctricas criollas y a Chile, Loma de la Lata estaba despresurizada y ya casi muerta en 2004. El país zafó -y sólo un poco- con nuevo gas off-shore en Tierra del Fuego, y desde 2014, con fracking en Vaca Muerta y a un costo ambiental que te la cuento.
Los artículos que dejaban al estado argentino con la acción de oro de YPF en última instancia fueron apartados sin miramientos para que, vista la falta de oposición legislativa, Menem los borrara para que REPSOL se apropiara totalmente de YPF e hiciera lo que se le dio la gana. Eran:
«ARTÍCULO 10.- Derógase los artículos 35 de la Ley N° 24.804.
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N° 24.804, por el siguiente:
“ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.
En la privatización de NA-SA por parte de Milei no hay acción de oro ni niño muerto, como dicen en el campo. La empresa se regala sin condiciones. El presidente está casi logrando que extrañemos a Menem.
De todos modos, todo esto que acabamos de explicar sobre el futuro NA-SA es nada, frente a lo que se abre: la posibilidad de comprarla a algún privado que le saque todo el jugo posible y luego la cierre. O la venda, ya devaluada y hecha percha por expulsión de personal calificado, a un operador yanqui para que éste la cierre, y así quitarse la responsabilidad pública de haber matado al activo joya del Programa Nuclear más dinámico y exitoso de todo el Hemisferio Sur.
Nada podría alegrar más a La Embajada y al mundo petrolero. Por causas distintas en cada caso.
La Embajada, porque desde que INVAP S.E. la otra empresa ESTATAL exitosa del Programa Nuclear, salió a competir en el mercado mundial de reactores multipropósito, los EEUU sólo pudieron ganar una licitación, la de Tailandia, sumamente amañada y con un impresentable TRIGA de la época del jopo. INVAP entre tanto ganó en Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita. EEUU tiene radioisótopos médicos sólo gracias al reactor OPAL que INVAP le vendió a Australia en 2000. Los autodenominados americanos ya ni tratan de competir con esta empresa barilochense.
Los petroleros tienen otras razones. Los 1763 MW nucleares instalados de NA-SA evitan la quema de 2820 millones de metros cúbicos de gas natural por año.
Somos un clavo en más de un zapato, lectores. Y del futuro de la seguridad nuclear todavía no hemos hablado. Ya lo haremos.
Es cara.
Daniel E. Arias y José A. Fernandez